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Martes, 27 de julio de 2010

CORREO

Aborto

Tiempo atrás asistimos y acompañamos con beneplácito a la conquista de un derecho, la modificación del Código Civil para que puedan contraer matrimonio todas las personas, sin distinción de su sexo.

Una larga lucha precedió esta conquista. Una lucha que involucró a vastos sectores de la sociedad, y que fue impulsada por una minoría incansablemente militante, hasta que los y las representantes del pueblo en el Congreso de la Nación se hicieron eco del reclamo.

La Diputada Nacional Cecilia Merchán recalcó, en su participación en el debate en el recinto, que se trataba de "una de las pocas iniciativas que promueven la justicia social, y no deben pasar por la Comisión de Presupuesto". Entre esas pocas se encuentra, también, el sentido reclamo por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que aún no ha tenido oportunidad de ser debatido en las Cámaras, aunque fueran presentados varios proyectos repetidas veces, entre ellos los dos presentados en marzo pasado.

Vinculado a esto, la semana pasada fuimos testigos de la vergonzosa marcha atrás del Ministro Manzur en la firma de la resolución que obligaría a implementar en todos los establecimientos sanitarios el protocolo de atención para los abortos no punibles. Vergonzosa porque, entre otras cosas, sostiene una situación de ilegalidad establecida en la mayoría de los efectores de salud del país, donde la judicialización de los casos de aborto revictimiza a las mujeres, aun amparadas por la ley vigente, que llegan a solicitar esta intervención médica siendo víctimas de las situaciones contempladas: violación, riesgo de salud o de vida de la madre.

Es inadmisible, en estos tiempos, que ni siquiera las situaciones que estipula la ley vigente sean rápida y obligatoriamente atendidas en todos los efectores de salud pública. Es, a su vez, urgente, que sea tratado y aprobado en el Congreso el proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, porque se trataría de un mecanismo eficaz para disminuir la alta tasa de mortalidad materna.

Porque, como lo indica la Constitución Nacional, los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos.

Gabriela Sosa

Coordinadora Las Juanas Santa Fe

Movimiento Libres del Sur

en Movimiento Proyecto Sur

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