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Jueves, 13 de octubre de 2011

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Glifosato

Invitado por la ONG Earth Open Source, el profesor Andrés Carrasco, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y miembro del Conicet presentó su investigación ante altas autoridades alemanas.

Carrasco se reunió con representantes del Ministerio Federal de Alimentos, Agricultura y Consumidores, de la Oficina Federal de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Federal del Medio Ambiente y de la Agencia de Evaluación de Riesgos. La aprobación actual del glifosato en Europa data de 2002, se basa en estudios realizados por las mismas empresas de pesticidas, y debe ser revisado en el año 2015.

El investigador presentó ante la Comisión su trabajo sobre la relación comprobada entre malformaciones y la aplicación de glifosato. Considerando la aplicación de 200 millones de litros por campaña sobre más de 20 millones de hectáreas en la región más habitada de la Argentina, se le estaría dando credibilidad a informes sobre crecientes tasas de malformaciones congénitas y cáncer después de la introducción de la soja genéticamente modificada, diseñada para tolerar el rociado con enormes cantidades de glifosato.

La preocupación europea no sólo se debe a las constantes presiones de la industria para lograr la aprobación, por parte de la UE, de transgénicos tolerantes a herbicidas sino también por la ingesta cotidiana de su población con residuos de glifosato en la soja usada para alimentar a sus animales.

La ONG europea informó que "...hemos solicitado esta reunión para llamar la atención sobre las insuficiencias del actual proceso de aprobación de los plaguicidas y otras sustancias de riesgo".

Idéntica situación se vive en estos momentos en la Argentina, donde los agrotóxicos usados para la agricultura están aprobados, en su mayoría, en base a informes realizados por las empresas.

Haciéndose eco de esta situación, la Campaña Paren de Fumigarnos, presente en más de 70 pueblos y municipios de Santa Fe, ha reclamado en todos los estamentos de gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) la urgente aplicación de medidas tendientes a resguardar la salud de las comunidades; entre otras, la prohibición total de la fumigación aérea y el establecimiento de una distancia de 800 metros entre las aplicaciones terrestres de agrotóxicos y la población.

Centro de Protección a la Naturaleza

Campaña ¡Paren de Fumigarnos!

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