OPINIóN

Repudio a la Corte, respaldo a Ganón

 Por Hijos Rosario

Repudiamos la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe de solicitar a la legislatura santafesina que evalúe si el Defensor General Gabriel Ganón cometió mal desempeño de sus funciones, y la consideró un intento de amedrentamiento. Lo que parece pretender la Corte de Santa Fe con este envío a la legislatura, es limitar el accionar del Defensor y marcar la cancha para el futuro inmediato.

Está claro que un sector del poder judicial de la provincia se resiste a algunos cambios que están generándose a través de la reforma judicial en curso, y que se siente interpelado y molesto por el tipo de acciones que comenzó a desarrollar en los últimos meses el Defensor General de la Provincia.

Es una mala señal que desde el poder legislativo se pueda acompañar este intento de amedrentamiento del Defensor provincial. Esto constituiría un precedente negativo para lo que está por venir ya que, de removerse al actual Defensor General, esto impactaría como un recorte de las funciones de la institución que representa la Defensa, encarnada en este caso por Ganón.

Las denuncias de Gabriel Ganón sobre torturas aplicadas en una comisaría de Florencia, y el hábeas corpus que presentó por lo que definió como "vulneración de derechos" de menores de edad presos en el IRAR, representan alarmantes casos de violencia institucional que deberían ser investigados profundamente por la justicia y atendidos por políticas de Estado, en lugar de ser invisibilizadas.

Consideramos gravísimo hablar de un dispendio jurisdiccional, como afirma la Corte, cuando las acciones realizadas buscan garantizar la vigencia efectiva del derecho de defensa y de los derechos humanos.

Son hechos no menores los que generaron el conflicto con el Defensor General, ya que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos que cometen los Estados y para los cuales es necesario que exista una Defensa que tenga una libertad de acción, de manera que le permita interpelar al propio Estado y a sus tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

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