Las condenas ejemplares de esta semana en el juicio por el triple crimen de Villa Moreno restituyeron en parte la confianza en la Justicia. A una atroz masacre le sucedieron penas de más de 30 años para sus responsables. Es la simple ecuación, lo que la gente puede entender ﷓muchas veces﷓ cercana al incivilizado "ojo por ojo" pero como una manera de reparar tanto daño. Pero lo que muchas veces se desconoce es cómo se estructuró esta causa, qué pasó en estos 34 meses desde que ocurrió el crimen en el que fueron acribillados Patom, Mono y Jere aquella madrugada fatal en el primer día de 2012.

Primero hubo que limpiar el nombre de las víctimas y sacarlo de la sangrienta lógica del ajuste de cuentas entre "soldaditos" del narcotráfico que, por aquel entonces, comenzaba a ser título de los diarios de la ciudad. Después hubo que denunciar las presiones y amenazas de una policía corrupta y connivente que hizo la vida imposible a los familiares de las víctimas tras los primeros meses de los asesinatos. Luego, vencer el miedo en un barrio paralizado por la barbarie y las balaceras a plena luz de día. Finalmente, dar con un juez que empezó a instruir la causa con valentía como Juan Andrés Donnola, y finalmente dar con una fiscal que trabajó en la motorización del juicio oral con alma, corazón y vida como la doctora Nora Marull, que fue la que consiguió la mayor parte de la carga probatoria para llegar a semejantes condenas.

Finalmente, la acción de un tribunal presidido por el doctor Gustavo Salvador, que se hizo eco de las pruebas para aprobar las penas pedidas por las distintas partes, principalmente por la fiscalía.

Pero sin dudas la mayor parte de esta causa es consecuencia de la lucha llevada adelante por el Movimiento 26 de Junio del Frente Darío Santillán; con jóvenes militantes que entendieron rápidamente que debían salir a luchar por justicia para sus compañeros muertos. Que entendieron debían acompañar a los familiares para que no quedaran aislados, para que no fueran "quebrados" por el manto de impunidad que muchos querían echar sobre la masacre.

"Nosotros estuvimos donde debió estar el Estado", resumió Manuel "Pitu" Salinas el día que se leyeron las condenas en medio de la emoción que reinaba en la carpa montada frente a Tribunales. Y es cierto, el Estado demoró en reaccionar. Dejó mucho tiempo a policías socios de los asesinos a cargo de las investigaciones en el barrio. Permitió que los familiares fueran amedrentados durante mucho tiempo antes de tomar decisiones correctas y ejemplares. Ahora que corrió agua bajo el puente también se sabe que el gobierno provincial tenía interés fundado en que recayeran duras condenas contra los asesinos.

Las sentencias del triple crimen, que ahora deberán quedar en firme después del plazo previsto para las apelaciones, enseñó además que las causas de esta naturaleza se militan, se estructuran en las calles, se imponen en las marchas. Pusieron en claro que se triunfa venciendo al miedo, demostraron que el número importa: no hay asesinos, por más sanguinarios que sean, que puedan imponerse a la voluntad popular. No hay Estado que pueda desoír los reclamos masivos. Es necesario recordar que esta causa podría haber caído en el olvido y que sus responsables podrían haber enfrentado tibias condenas sin todo los sucesos que aquí se describieron.

Un plan global

El ministro político del gobernador Antonio Bonfatti salió esta semana a enfrentar los constantes señalamientos a la provincia de Santa Fe y a Rosario por el desarrollo y crecimiento desmedido del narcotráfico. Así, Rubén Galassi se preguntó públicamente por qué se señala al gobierno santafesino cuando se difunde un hecho de narcotráfico y no pasa lo mismo cuando ocurren en territorios gobernados por "(Daniel) Scioli o (Mauricio) Macri", en referencia a la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. También Galassi salió a reclamar un plan global de lucha contra el narcotráfico ﷓instando a un mayor compromiso en el tema al gobierno nacional﷓ porque "mientras siga entrando la droga a Santa Fe desde otras provincias y países, seguiremos teniendo el problema en nuestro territorio".

Hasta allí el reclamo tiene su lógica. Ahora, si se analiza que esa droga que entra encuentra en este territorio particularmente una situación de bandas organizadas en crecimiento ﷓como ocurrió con Los Monos﷓ asociados a una policía sin límites para la corrupción y la connivencia con el delito; ya el pedido hacia el gobierno nacional va perdiendo argumentación y se mezcla con las responsabilidades propias del gobierno provincial.

En ese punto es donde salieron a cruzarlo a Galassi desde la oposición santafesina. Los diputados creen que la administración Bonfatti "sigue tirando la pelota afuera cuando debería estar agradeciendo la presencia de fuerzas federales que lo socorrieron para pacificar el territorio", como dijo el legislador de Iniciativa Popular, Oscar Urruty.

Hay un dato curioso que surge de encuestas recientes en la provincia. Indican que uno los principales problemas que ve la gente en el gobierno santafesino es la seguridad. Pero en otro ítem describen como una de las políticas más activas de la administración Bonfatti, precisamente a las medidas tomadas para combatir la inseguridad. Explican los consultores especialistas: lo que aparentemente es una contradicción, no es tal. Sucede que a la vez que se visualiza a la inseguridad como un gran problema, también se lo ve al gobierno tomando constantemente medidas extraordinarias sobre el tema. Más allá de los resultados que pueda mostrar.

Lo que sí es claro es que el tema será parte ineludible de la campaña electoral que se avecina. No hay que ser una luz para darse cuenta de que es el flanco más débil del gobierno, pero también los opositores comprenderán más temprano que tarde que no es un tema sencillo como para cosechar adhesiones. El votante sospecha, tiene una opinión formada sobre el tema y exige soluciones a veces sin distinguir niveles del Estado ni responsabilidades de gobierno.

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