CIUDAD › COMIENZAN A REPARAR UN PROCESO JUDICIAL VICIADO CONTRA UN ALBAñIL

Después de 19 años preso sin pruebas

Rubén Godoy fue acusado por su apodo en 1992 de intento de violación y homicidio.
Denunció apremios ilegales, pero no se investigó. El caso llegó a la CIDH, que exigió una indemnización y garantías de que no habrá otro caso igual.

 Por Luis Bastús

Lo primero que hizo Rubén Godoy al volver a casa tras 19 años de encierro fue comprarse pantalón, remera y campera de Newell's. Una condena a prisión perpetua plagada de violaciones a sus derechos le impidió gritar los campeonatos del '92 y del 2004. Ayer empezó a cerrar ese agujero negro de un confinamiento cuya injusticia denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que le dio la razón. Diez años después del dictamen del tribunal internacional, los gobiernos provincial y nacional firmaron con este albañil de 49 años un acuerdo para darle la oportunidad que se le negó hace veinte años. Con eso, el Ministerio de Justicia cierra un caso por el que Argentina estaba denunciada y a riesgo de sufrir sanciones internacionales. El ministro de Justicia Héctor Superti admitió que hay "varios" casos similares al de Godoy.

En la noche del 10 de febrero de 1992, alguien quiso violar y asesinó de un golpe a Silvia Roldán, de 19 años, cuando volvía a su casa de Almafuerte al 2800, en Villa Gobernador Gálvez. Bastó que en el barrio corriera la voz de que fue "un tal Puchero", para que la Policía atrapara a Godoy, que no tenía antecedentes penales pero tenía ese apodo y vivía a 8 cuadras de la escena del crimen. "Yo trabajaba como albañil en una contratista de Telecom. Me sacaron del trabajo sin saber de qué me acusaban y me llevaron a Seguridad Personal", en la exjefatura policial de Santa Fe al 1900 donde ayer él se entrevistó con Superti, la defensora oficial de Cámara Marcela De Luca --su abogada-- y otros funcionarios. "El primer día me dieron varios golpes y me hicieron otras cosas. Eran cuatro policías, una mujer y el comisario. Nunca supe los nombres. Me pusieron una lapicera en la mano y firmé", contó Godoy. A pesar de haberle dicho al juez de instrucción Ricardo Miguez que se había declarado culpable bajo tortura, eso nunca se investigó.

Godoy eligió someterse a juicio oral. Creyó que todo se aclararía más rápido. En 1994, sin más pruebas que esa "confesión" y el testigo que acusó a "un tal Puchero" sin poder señalarlo a Godoy en rueda de presos, los camaristas Carlos Serrano Brignardello, Patricio Lara y Ramón Ríos lo condenaron a prisión perpetua y a reparar con 90 mil pesos a la familia de la víctima.

El viejo Código Procesal Penal establecía el juicio escrito, pero concedía la posibilidad de optar por el proceso oral, aunque sin chance de apelación. Eso en 1994 ya era una violación al Pacto San José de Costa Rica, al que Argentina adhirió con la reforma constitucional de ese año. Por medio de los abogados Héctor Ceconi y Alejandro Giandoménico, de la Defensoría Oficial, Godoy acudió en aquellos años a la Corte Suprema provincial y a la nacional. Ambas le rechazaron su planteo. En 1998 presentó el caso ante la Cidh, que en 2002 le dio la razón. Una década más tarde, Godoy empieza a descubrir los primeros indicios de justicia a partir de la reforma del sistema de enjuiciamiento penal.

El 22 de julio salió de la cárcel de Coronda en libertad condicional.

Su defensora oficial aprovechó el cambio del nuevo Código Procesal y apeló la sentencia ante la Cámara rosarina con la esperanza de que se revise la condena. Además, el fiscal Enrique Paz hizo que el juez Luis Caterina reabra la investigación por apremios ilegales contra Godoy que en su momento no se investigó. "Investigar eso, 20 años después, será difícil, pero al menos la causa se reabrió", se sinceró la defensora De Luca.

La Cidh reclamó también garantías para que no se repita un caso como el de Godoy. Para ello, el Ministerio de Justicia respondió con "la reforma procesal penal que estamos llevando adelante", ponderó Superti.

La última admonición de la Cidh fue que se repare moral y económicamente el daño infligido a Godoy. El hombre y Fiscalía de Estado acordaron una compensación inicial de 40 mil pesos por el derecho a ser juzgado en doble instancia que al albañil se le negó. "Eso es lo que el Estado reconoce por ahora, porque el Código que había no lo permitía aunque el Pacto de San José de Costa Rica sí lo garantizaba. Si la Justicia resuelve que Godoy fue mal condenado, entonces habilitará otra posibilidad de reparación económica. Lo mismo si logra comprobar los apremios ilegales", explicó el ministro.

Rubén Godoy --menudo, de mirada mansa-- ayer se emocionaba al recordar su calvario en el que se fue casi la mitad de su vida. Se casó en prisión y se separó poco antes de recuperar la libertad. "Ella es de Coronda, pero no quiso venirse conmigo a Rosario", contó. Ahora vive en el mismo barrio Ibarra de entonces, pero con su sobrina, una prima y dos niños. Su mamá murió sin poder verlo en libertad y reivindicado. En la cárcel aprendió a soldar y trabajó en carpintería. Aunque está asistido por el Patronato de Liberados, Godoy busca trabajo por las suyas, volver al oficio del cual el sistema judicial lo arrancó hace 19 años.

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Godoy se reunió ayer con el ministro Héctor Superti y su defensora oficial Marcela de Luca.
 
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