Tras el pedido de un abogado que requirió las imágenes tomadas por cámaras de seguridad para constatar la infidelidad de su esposa, el director del Centro de Vigilancia de la Municipalidad de Rosario, Patricio Campbell, dijo que los videos sólo pueden ser requeridos judicialmente. El funcionario salió así al cruce de las versiones que indicaban que la filmación podía usarse para probar una infidelidad en un juicio de divorcio.

"Hay gente que se acerca a la oficina del Centro de Vigilancia, y entra porque la puerta siempre está abierta, pero al hacer un requerimiento de este tipo le indicamos que sólo con una orden judicial podemos hacer entrega de material filmado", explicó el funcionario municipal.

Campbel indicó que sólo se recibieron "unos 30 oficios judiciales solicitando la grabación de imágenes entre julio y agosto". También insistió en el aspecto de no conocer el contenido de las imágenes pedidas.

"A nosotros nos llega el pedido de un juez de la cámara tal desde tal hora hasta tal hora", indicó, y remarcó que desconocen de qué manera serán utilizadas estas grabaciones, aunque sí admitió que hasta ahora la mayoría del material requerido tiene que ver con choques o asaltos.

"No tenemos los fundamentos de los pedidos. Si los jueces lo piden se les baja la grabación, y se les da sin saber lo que están buscando", señaló el funcionario a cargo del sistema de monitoreo, que a fin de año contará con cien cámaras. Y agregó: "También hay personas que llaman o se acercan --a la base que funciona en la sede de la Guardia Urbana-- por cuestiones particulares, pero por ahora sólo la justicia puede acceder".

La situación reactiva el debate sobre el derecho a la privacidad de la gente que circula por la vía pública, cuyos movimientos son registrados y almacenados durante un mes en formato DVD.