CIUDAD › ESTUDIANTES DE CRIMINALISTICA DEMANDAN AL ESTADO Y A PRIVADO

Terminaron una carrera que nunca fue aprobada

Diez estudiantes de criminalística demandaron por daños y perjuicios al instituto privado al que asistieron durante tres años y también fueron contra el Estado provincial, con idéntico reclamo resarcitorio. El motivo es que el establecimiento no está autorizado por el Ministerio de Educación, por lo que no puede otorgar título habilitante. Según los demandantes, esa cartera oficial no hizo nada por evitar que esa irregularidad se prolongara en el tiempo. La academia fue creada por un policía retirado y tuvo entre sus profesores a jueces penales de Rosario.

La demanda recayó en manos del juez en lo civil y comercial Carlos Cadierno. El representante legal de los damnificados, Fabio Cerutti Sacco, explicó que sus clientes llegaron a esta instancia luego de reclamar en vano el diploma correspondiente a la finalización de la tecnicatura en criminalística, en 2009. El Instituto de Capacitación en Criminalística Juan Vucetich, de Corrientes 2190, fue creado por el comisario principal retirado Carlos Bonilla, quien pidió en 2007 la autorización como establecimiento de nivel terciario, pero Educación se la denegó por varios motivos, explicó el letrado: no poseía personería jurídica ni avales económicos exigidos. Carecía de material adecuado para realizar pruebas y también de bibliografía pertinente sobre derecho comparado, uno de los abecé para enseñar esta disciplina.

Entre los denunciantes, hay tres policías en actividad que hoy se sienten estafados porque dedicaron tres años y dinero a formarse en algo que luego no pudieron certificar a la hora de concursar ascensos. El resto son mujeres que eligieron esa carrera con la expectativa de formarse como peritos idóneos para trabajar en compañías de seguros, o incluso para luego seguir la carrera policial.

"Demandamos al instituto por no haber sido claro con sus matriculados, porque si hubieran vendido el curso sólo como una simple instancia de experimentación no habría habido ningún daño. El punto es que aquí se prometió un título cuya posibilidad jamás existió", detalló Cerutti Sacco, quien tomó la Ley de Defensa del Consumidor, entre otros argumentos, para construir su demanda. Por esta razón, el juicio iniciado exige una reparación de 15000 pesos para cada uno de los demandantes, por daño moral, y otros ítems como los gastos incurridos y la pérdida de chance escalafonaria para el caso de los alumnos policías. En el último año de cursado, los demandantes abonaban 360 pesos de cuota mensual y 200 pesos por derecho de examen.

Aunque el Estado no es responsable por los perjuicios ocasionados a terceros --tal como alegaron autoridades del Ministerio a los alumnos cuando éstos denunciaron la situación-- Cerutti Sacco entiende que hay responsabilidad en este plano porque "la ley nº6427, de enseñanza privada, obliga a la autoridad competente a denunciar esta clase de irregularidades y no lo hicieron en su momento". Cuestionó el abogado que el Ministerio "recién en marzo de 2011 notificó al instituto para que cese su matriculación de alumnos, cosa que no ocurrió". "Se podría haber evitado que la estafa continuara", observó. Por eso la demanda también va contra el Estado provincial.

Este diario intentó contactar telefónicamente ayer a la titular del instituto denunciado, Silvia Abaca, pero fue en vano. La academia en cuestión posee un sitio web en la que promociona el "curso de formación profesional en la investigación criminal", tanto en forma presencial como a distancia. Y menciona acuerdos con instituciones de otros países sudamericanos como aval de prestigio.

Cerutti Sacco agregó que "esta clase de cursos, por mandato del Ministerio de Justicia, debe impartirlo la propia Policía por una cuestión de idoneidad de quienes deben ejercer la tarea de impartir los conocimientos", comentó el patrocinante de la demanda. Por otra parte, el abogado cuestionó el hecho de que "jueces penales del foro rosarino se prestaron a dar clases y charlas" en el instituto sin considerar la situación irregular que sus alumnos ya denunciaban.

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