A cuatro meses de la masacre de villa Moreno, que puso un manto de sospecha sobre el accionar policial en medio de la economía delictiva, la Comisión Investigadora Independiente criticó el "tardío" accionar del Ejecutivo provincial, ante las denuncias por amenazas posteriores al triple crimen. Al mismo tiempo, reclamaron que "se avale el pedido del juez Luis María Caterina, quien solicitó (en enero pasado) a la Procuración General de la Corte Suprema que disponga una investigación integral para analizar los homicidios con similares características a los de Jeremías Trasante, Adrián Rodríguez y Claudio Suárez y su posible relación con el tráfico de estupefacientes". También valoraron el accionar judicial del juez Juan Andrés Donnola en la causa por presunta complicidad policial, que ya tiene a un jefe de zona y dos oficiales imputados por "encubrimiento" e "incumplimiento de deberes".

La madrugada del 1º de enero de 2011 quedará en la memoria de los rosarinos, sobre todo por lo que destaca el informe elaborado por la comisión de investigación paralela a la judicial: "El compromiso de los familiares y compañeros de militancia de los jóvenes asesinados, que encararon los primeros esfuerzos para evitar que el triple crimen se viera ocultado bajo un manto de oportunidad".

Sin embargo, la comisión integrada por organismos de derechos humanos y sociales, y por el periodista Carlos Del Frade, hace hincapié en la "tardía" respuesta del estado provincial. "El 23 de enero pasado, familiares de las víctimas y militantes del Movimiento 26 de Junio-Frente Popular Darío Santillán comparecieron ante el juez Caterina --que investigó el hecho en la segunda quincena de la feria-- para denunciar que circulaban por el barrio motos con gente armada y se exigió mayor patrullaje policial". En tanto, el 31 de marzo, a un mes del hecho, se hizo el mismo planteo al Ministerio de Seguridad provincial, para que "se dispongan las medidas necesarias para garantizar la convivencia pacífica en la zona donde ocurrieron los hechos". Sin embargo, primó la "preocupación" ante la "falta de respuesta estatal efectiva e integral".

También apuntaron a las medidas que deben tomar los vecinos "preocupados por la seguridad de sus barrios, quienes actúan contra los kioscos donde se comercializa droga". En ese sentido, apuntaron a que "faltan políticas para abordar esa realidad".