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Jueves, 31 de enero de 2013

CIUDAD › EL JUEZ MARCELO BAILAQUE ORDENó EL TRASLADO DEL REPRESOR CARLOS ALTAMIRANO

Un pasaje a Marcos Paz para Caramelo

Después de que se difundiera que el integrante de la patota de Feced tenía un perfil en Facebook, el fiscal federal Gonzalo Stara pidió la habilitación de la feria por la peligrosidad procesal del acceso a internet del imputado.

 Por Sonia Tessa

El juez federal Marcelo Bailaque ordenó "el alojamiento provisorio de Carlos Ulpiano Altamirano en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz", tras el pedido que hizo el fiscal federal Gonzalo Stara para habilitar la feria, tras la difusión de Rosario/12 sobre el perfil de Facebook del represor que formó parte de la patota de Feced con el apodo de Caramelo. De este modo, lo llevarán del penal policial de la Alcaidía de la Jefatura de Rosario --donde está con camaradas de armas-- a la cárcel donde se concentran los detenidos por delitos de lesa humanidad, mientras espera el juicio en el que está acusado por crímenes contra 15 víctimas, y que tiene fecha prevista para el 4 de marzo próximo. El pasado domingo 20, este diario publicó que Altamirano tenía un perfil en la red social en el que, entre otras manifestaciones, reivindicaba al grupo parapolicial Alianza Anticomunista Argentina (AAA), acusaba de "terrorista" a la justicia federal y posteaba sobre "montoneros asesinos".

Ni lerdo ni perezoso, Stara pidió habilitación de feria. "Habiendo tomado conocimiento de que uno de los imputados alojados en el Penal Policial de la Alcaidía de Jefatura de la ciudad de Rosario, Carlos Ulpiano Altamirano, habría creado su propio perfil de Facebook y que el mismo utiliza esta herramienta como medio para denostar al proceso judicial que se viene llevando adelante, tanto en instrucción como en etapa de juicio oral", inició el escrito el representante del Ministerio Público Fiscal.

Stara consideró que el acceso de Altamirano a una cuenta en la red social "constituye un claro ejemplo de la peligrosidad procesal que el imputado reviste". Por eso, solicitó que "se oficie al Ministerio de Seguridad del Gobierno Provincial a fin de que informe si existen herramientas virtuales brindadas al imputado desde el propio penal o, en su caso, que se verifique si el perfil referido es efectivamente manejado desde el lugar de detención".

El fiscal también le pidió a Bailaque que ordenara "la cancelación de la señal que le permite al imputado manejar el perfil; ello como forma de garantizar el normal desarrollo del proceso instructivo en que se encuentra procesado, así como de la audiencia oral en ciernes".

Sobre la peligrosidad procesal, Stara arguyó que "en lo fundamental y en este caso, en relación a la producción de prueba -﷓testigos (víctimas o familiares)-﷓, al encontrarnos -﷓a partir del uso de las redes sociales-﷓ ante una forma de poner en riesgo el normal desenvolvimiento del proceso".

Apenas lo recibió, Bailaque decidió habilitar la feria para hacer lugar a todos los pedidos. Y decidió el traslado del represor, una de las piezas clave en la patota de Feced, al penal de Marcos Paz.

La actividad de Altamirano en Facebook fue intensa, aunque ahora ya no aparece su perfil. El 26 de noviembre pasado escribió: "El 28 tengo un enfrentamiento con la justicia terrorista", acompañado de una copia de la citación a indagatoria, obtenida por medio de un scanner, otro elemento tecnológico de difícil acceso para los presos en la Alcaidía que funciona en la Jefatura de Policía.

"Caramelo" Altamirano fue detenido el 21 de abril de 2009 por graves violaciones a los derechos humanos que cometió como oficial de policía entre 1976 y 1978 en el Servicio de Informaciones, de San Lorenzo y Dorrego. Puntualmente, se lo acusa de haber participado en el secuestro, las torturas y amenazas de Elba Ferraro de Bettanin, Angel Ruani, Gregorio Larrosa, Ana Ferrari, Marta Bertolino, Raúl Nasini, María Sanfilippo, Marcelo de la Torre, Lelia Ferrarese, Alfredo Vivono, Marcos Olivera, Estela Hernandez, Laura Torresetti. Finalmente, también debe responder por el secuestro, torturas y el homicido de Ruth Gonzalez y de Oscar Manzur, todos ocurridos en el Servicio de Informaciones.

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Stara pidió distintas medidas, entre ellas informes al Ministerio de Seguridad y el traslado del represor.
 
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