Trabajadoras del estado presentaron una iniciativa que apunta a modificar los regímenes de licencias en la administración pública provincial y municipal para que se considere la violencia de género como un motivo en sí mismo y declarado para obtener permiso de ausencia laboral y recibir la asistencia adecuada y necesaria. Hasta ahora esta categoría no existe como tal, aunque los casos ocurren y se encubren bajo el eufemismo de licencias psiquiátricas. "Otra forma de invisibilizar y estigmatizar esta problemática", definió María José Gerez, secretaria de Género de la CTA Rosario, una de las organizaciones gremiales que impulsan la idea.

Las áreas a cargo de la defensa de los derechos de la mujer trabajadora en esa central obrera recogieron la iniciativa que ya impulsaban compañeras de ATE Rosario, y la formalizaron anteayer ante la directora provincial de Políticas de Género, Mercedes Martorell. Proponen la modificación de los regímenes de licencia, justificaciones y franquicias mediante un artículo que establezca que "en los casos en los que la empleada o empleado público, víctima de violencia de géneros deba ausentarse por tal motivo de su puesto de trabajo, esta inasistencia sea total o parcial, y cuente con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas de violencia de géneros, los que evaluarán las condiciones y tiempo de la referida licencia", según reza el texto de la propuesta. Dada la condición especial de este motivo de licencia, las autoras de la iniciativa añaden la necesidad de un marco de contención para la trabajadora que invoque este derecho, puesto que será al fin de cuentas una víctima. "Para hacer efectiva su protección o su derecho a ser asistida integralmente, tendrá derecho a la reducción de la jornada o a la reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de origen del mismo, mediante la certificación pertinente acreditativa del hecho", agrega el texto presentado.

"Hoy la licencia que se otorga en estos casos es la psiquiátrica, lo cual implica abordar el problema como una enfermedad, y en realidad no lo es: se trata de una condición cultural, estructural que hay que enfrentar desde lo que es", tradujo Gerez en diálogo con Rosario/12.

El reclamo tenía forma en el sindicato estatal desde tiempo atrás, pero se reavivó a partir de un caso ocurrido en Chubut, revelado por Página/12 en su edición del viernes: el de una docente de Puerto Madryn que estuvo hospitalizada por una agresión de su pareja, y por primera vez en el país obtuvo licencia por violencia de género con goce de sueldo y el tratamiento médico y psicológico correspondiente.

"Esta medida apunta a reconocer que la violencia de género no es una enfermedad ni un asunto particular sino que es una manifestación cultural, estructural, creciente, de desigualdad y poder en la que, si bien hubo avances en la legislación nacional y provincial tendientes a erradicar la violencia, aún el Estado tiene profundos vacíos legales para dar respuesta", señaló Gerez.

Ante ello, las estatales quieren que Martorell motorice dentro del Ejecutivo provincial la modificación del regimen de licencias, y luego propagar el mismo efecto en las administraciones municipales.

Gerez reclamó la necesidad de generar instancias que permitan cuantificar el problema, como un observatorio específico y un índice de femicidios en el universo de la mujer trabajadora. Por eso mañana empezarán a ampliar esta discusión con otros gremios, en una cita convocada en la sede de ATE Rosario.