CIUDAD › LOS PROFESIONALES DEBEN DENUNCIAR LA VIOLENCIA

Una obligación ética

El fiscal Regional Jorge Baclini emitió una resolución
acorde a leyes nacionales y tratados internacionales.
Quien no denuncie incurre en incumplimiento de deberes.

 Por Lorena Panzerini

El fiscal regional Jorge Baclini firmó una disposición en la que postuló la obligación de los empleados y funcionarios públicos de la ciudad, de denunciar hechos enmarcados en el contexto de violencia contra las mujeres y aquellos en los que se vulneren la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes. La resolución 139, del 6 de octubre pasado plantea "la necesidad de fijar pautas de actuación" en los casos de violencia. Profesionales y militantes por los derechos de las mujeres y la niñez, saludaron la iniciativa.

En la resolución, el titular del Ministerio Público de la Acusación, de la regional Rosario, enmarca la directiva en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia hacia las mujeres, y en la ley de Protección contra la violencia familiar.

En ese contexto, Baclini expresa que la ley provincial 13.348 adhirió a la Ley Nacional 26.485, que obliga a denunciar los hechos cometidos en el marco de violencia contra las mujeres para visibilizar el problema que suele caracterizarse por dos fenómenos simultáneos: la esfera de la intimidad en la que se desarrollan los hechos y la repetición de los mismos que lleva a cabo el agresor hacia uno o varios integrantes del grupo familiar. Al mismo tiempo, la denuncia permite activar los mecanismos judiciales pertinentes para proteger y contener a la víctima. De esa manera, se pretende evitar la revictimización y proteger al entorno familiar.

Nora Giacometto, militante y referente de la ONG Ampliando Derechos, que acompaña a mujeres víctimas de la violencia machista, celebró la resolución: "Que cada uno que esté involucrado en temas de violencia haga la denuncia, porque es algo que no se ha logrado nunca desde los centros de salud o las escuelas".

Al mismo tiempo, señaló que la resolución "es una tranquilidad tanto para las mujeres, como en el marco de lo planteado con respecto a la niñez, porque muchas de las chicas que acompañamos tienen hijos que no quieren saber nada con su padre, por el terror que les tienen", refirió.

Justamente, la resolución señala que en aquellos casos que tengan a niños, niñas o adolescentes como víctimas de violencia doméstica o abusos, se tendrá en cuenta el interés superior del niño, en el marco de la ley nacional 26.061, a la que adhirió la provincia con la ley 12.967.

La orden del fiscal dispone que "los miembros de los establecimientos educativos y de salud públicos o privados, y todo agente o funcionario público de cualquiera de los tres poderes del estado que tuviere conocimiento de la amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes o mujeres, debe comunicar dicha circunstancia a la autoridad administrativa o judicial de protección de derechos, bajo apercibimiento de incurrir en la responsabilidad por una omisión. El procedimiento de comunicación deberá garantizar la integridad física del denunciante y su grupo familiar".

En ese sentido, Bettina Calvi, docente e investigadora de la Facultad de Psicología y directora del programa Proteger, saludó la iniciativa. "Es realmente muy importante. Nosotros veníamos trabajando con Baclini para que esto saliera, porque si bien está la ley nacional que obliga a denunciar, en el marco de la Convención por los derechos de los niños, en la provincia y en Rosario particularmente, los profesionales seguían con la duda sobre si debían denunciar, sobre todo en los casos de abuso. Es el delito más silenciado, máxime cuando es intrafamiliar, y eso sucede en un 70 por ciento de los casos. Pero la denuncia es la única posibilidad que tienen los chicos de ser protegidos. La cantidad de casos es muy alta, y en el marco del programa Proteger -dependiente de la Universidad Nacional de Rosario- hay un observatorio para poder tener una dimensión de los mismos", dijo sobre datos que se darán a conocer el año entrante.

La profesional remarcó que "la sociedad tiene la obligación de proteger a los niños cuando sus derechos son vulnerados. El abuso es una de las vulneraciones más graves y los profesionales deben poner a la Justicia en conocimiento cuando hay indicadores de este delito".

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Baclini se basó en leyes provinciales y nacionales vigentes.
Imagen: Alberto Gentilcore.
 
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