Supuestos trabajadores de la empresa Coto, que envió telegramas de despidos a 20 empleados por la entrada en vigencia del descanso dominical, tomaron ayer el Ministerio de Trabajo donde se iba a realizar una audiencia de conciliación solicitada por la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), que debió suspenderse por falta de garantías. "Presionan a la justicia para que cambien de opinión respecto a la ley", señalaron desde el gremio mercantil. Las partes fueron citadas hoy a las 12.30 para concretar la audiencia. Por su parte, el supermercado Carrefour se sumó a la ofensiva empresarial al enviar 30 telegramas de despidos. Ayer, la justicia rechazó la medida cautelar presentada por el hipermercado Libertad para frenar la aplicación de la ley a partir del 3 de julio.

El Ministerio de Trabajo había convocado a las partes a las 11.30, pero un grupo de 60 personas que vestían el uniforme de Coto ingresó unos minutos antes al edificio de la delegación de Trabajo, en Ovidio Lagos y San Lorenzo, mientras otro grupo se apostó en el puerta para impedir el acceso. Tampoco pudieron pasar los dirigentes de AEC ni el abogado Federico Thompson. "No dejamos entrar a nadie porque el domingo que viene la gente se va a quedar sin trabajo", señalaba un hombre que megáfono en mano arengaba a supuestos trabajadores.

No es la primera vez que esa persona aparece durante un conflicto que involucra a Coto. Se lo vio junto a un numeroso grupo conformado por barrabravas de clubes porteños cuando se discutía la ley de descanso dominical en la Legislatura provincial, y durante una audiencia de conciliación que se realizó en el Ministerio de Trabajo porque la empresa había despedido a más de 100 trabajadores argumentando que debía cerrar los domingos. También estuvo al frente de las protestas en el Concejo Municipal cuando se aprobó la adhesión a la ley.

"Son personas que vienen de Capital Federal, de provincia de Buenos Aires. En su mayoría son gerentes de diferentes sucursales de Coto y patovicas contratados con camperas de la empresa. Vinieron y tomaron el Ministerio de Trabajo, y se plantaron frente a la directora para impedir la audiencia, es repudiable la actitud", reveló Juan Gómez, secretario Gremial de AEC, quien cuestionó a la provincia por no haber previsto medidas de seguridad.

El objetivo de suspender la audiencia finalmente se cumplió. "Se ha pasado a un cuarto intermedio hasta mañana (por hoy). Sabemos que hay despidos de otras cadenas, no la cantidad, pero la idea es que se concurra a la audiencia de conciliación que ha citado el Ministerio de Trabajo por parte de todos los interesados", explicó el abogado de Coto, Pablo Goicochea.

"Aparte del Coto hay despidos en Carrefour y Libertad, vamos a ver si podemos hacer alguna una audiencia en conjunto, pero lógicamente la audiencia de hoy (por ayer) la suspendimos porque no hay garantías de seguridad, incluso hay gente bastante pesada y dudamos que sean empleados de Coto. Queremos tener un ámbito donde se pueda dialogar, no vamos a manejarnos bajo presiones", señaló la directora de la regional, María Belluccia, desde el interior del edificio mientras se escuchaban los sonidos de los bombos y los gritos de las personas que habían tomado el edificio.

La funcionaria precisó que desde la AEC solicitaron otro pedido de audiencia por los despidos en Carrefour y adelantó que los representantes legales de las empresas le aseguraron que "vienen, en el curso de la semana, bastantes despidos".

Más despidos. La ofensiva de la Asociación de Supermercados (ASU) para frenar el descanso dominical no se detiene. Ayer, Carrefour envió 30 telegramas de despidos y no dejó ingresar a empleados de la sucursal de 27 de febrero y Necochea que aún no los habían recibido. Por tal motivo, el resto de los trabajadores decidió no prestar servicios en solidaridad, además de declararse en estado de asamblea, por lo que la empresa decidió cerrar y no atender al público.

Revés judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó el recurso presentado por Libertad que deberá cerrar los domingos. Los jueces Marcelo López Marull, Clara Rescia y Alejandro Andrada, argumentaron que para hacer lugar a la medida cautelar se debe demostrar que los perjuicios que ocasiona la ejecución de la medida son graves o de reparación imposible.