El caso Acebal va más allá del penoso peregrinar de una familia. Es que, si se concreta el desalojo, abre la puerta a otras expulsiones, y pone en peligro a miles de personas. La Asociación Civil CANOA Hábitat Popular interviene en la Justicia para garantizar el derecho a la vivienda, como ya lo hizo en otros dos casos de la ciudad de Santa Fe. En el primero, la Municipalidad fue obligada a garantizar las viviendas para cinco familias que permanecieron durante cuatro años evacuadas en galpones. La presentación judicial fue una denuncia penal por abandono de persona contra el gobierno de la ciudad de Santa Fe.

El otro caso, en Santa Rosa de Lima, comenzó en 2005, con una intimación de desalojo contra 15 familias instaladas en Mendoza y Circunvalación, sobre reservorios. También amparada en el artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades que los habilita a desalojar sin intervención judicial. El Estado alegaba que eran terrenos no permitidos, pero los había censado y subsidiado en ese mismo lugar, sin ofrecer una solución. Con la intervención del Espacio Interinstitucional del Barrio, del que participa CANOA, lograron firmar un convenio entre los vecinos y la Municipalidad, que se compromete a un proceso de relocalización integral, participativo y consensuado, dentro del mismo barrio. Pero durante dos años, el municipio santafesino no cumplió con ese acuerdo.