El Ministerio de Salud de la provincia comenzó hace un mes un dispositivo que consiste en diagnosticar y hacer un seguimiento de los chicos de entre 16 y 18 años alojados en el IRAR. Y algunos resultados son devastadores: la mala alimentación, sumado al consumo de estupefacientes ha hecho estragos. Los que han inhalado solventes o pegamentos tienen su psiquis altamente dañada: les cuesta concentrarse más de 15 o 20 minutos.

En medio del clamor por bajar la edad de imputabilidad a 16 años o menos aparecen otras alternativas. Actualmente en la provincia de Santa Fe, unos 150 chicos están bajo el régimen de libertad asistida. En esta instancia, el adolescente tiene la obligación de concurrir a un centro educativo y además está bajo la atenta mirada de un grupo interdisciplinario que incluye psicólogos y trabajadoras sociales. La medida dura como máximo un año.

Por otra parte, desde hace dos meses funciona el Programa de Orientación, Cuidado y Formación que contempla la reinserción escolar y también laboral, teniendo en cuenta que muchos de los adolescentes que delinquen son padres de familia. En este programa hasta ahora sólo hay cuatro chicos que realizan tareas de carpintería y panadería en el marco de un convenio de pasantías que firmó el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe.

Asimismo, desde octubre funciona el Programa de Servicios a la Comunidad. "Tiene como objetivo que el joven pueda reparar el daño que ha hecho ﷓explica Crescente﷓. Ya armaron percheros para un colegio y ahora están haciendo 120 pantuflas para los abuelos del geriátrico provincial. También se firmó un convenio para que construyan bancos para escuelas públicas y ayuden en vecinales". De este proyecto participan apenas cuatros adolescentes.

"Lamentablemente los jueces se resisten a incluir a los chicos en programas de reinserción. Hay que empezar a pensar en otras alternativas al encierro, porque la respuesta que están dando es muy poco aceptable", cuestiona la funcionaria provincial para agregar que el 80 por ciento de los menores en conflicto con la ley penal cometen delitos contra la propiedad y no contra las personas.