La Confederación General Empresaria (Cgera) presentó ayer una acción de amparo ante la Justicia federal de San Martín en el que pidió detener los aumentos de gas y convocar a las pymes a las audiencias públicas. “Nos parece una exageración el tope del 500 por ciento. Hay industrias gas dependientes que no pueden pagar”, afirmó Marcelo Fernández, presidente de la entidad. En el gobierno, mientras tanto, continúan sin dar respuesta al reclamo de las pymes y se limitan a trabajar en un nuevo cuadro tarifario para los usuarios residenciales, el cual contemplaría una mayor gradualidad con un techo cercano al 300 por ciento de aumento. A su vez, el ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió al freno a los aumentos de la luz y le metió presión a la Corte Suprema al afirmar que el máximo tribunal “debería revocar la medida cautelar por falta de legitimación”.

La Corte Suprema obligó al gobierno a realizar audiencias públicas antes de aumentar las tarifas residenciales, pero dejó sin resolver los reclamos de pymes, comercios y hoteles para quienes el único límite a los aumentos es el tope de 500 por ciento que fijó el Gobierno. “No hubiéramos querido judicializarlo pero la Corte al dejarnos afuera de la resolución nos obliga a presentarnos porque así lo han querido nuestros asociados”, aseguró Fernández. “Esto no es contra de nadie sino a favor de hacer la audiencia pública en donde podamos discutir las tarifas y donde cada uno pueda demostrar el porqué de su argumento. Esperemos que sea favorable y tengamos muy pronto fecha de la audiencia pública para las industrias Pymes”, añadió.

En esta línea, destacó que desde CGERA se seguirá apostando al diálogo económico y social: “Se lo hemos pedido a la Iglesia y a los sindicatos y también lo hacemos con el Gobierno porque es la última alternativa que tenemos para poder discutir qué es lo mejor para los trabajadores, la industria, y el Estado”.

Por su parte, la Cámara Tecnológica de San Martín presentó también un amparo contra el tarifazo a empresas. En tanto, el jueves pasado, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó una acción de amparo colectivo ante el Juzgado Federal 1 de San Martín en el que solicita la nulidad del incremento del servicio público del gas, en representación del comercio, la industria y el turismo pyme.

El gobierno, por ahora, no dio señales de estar trabajando en un cuadro tarifario más gradual para pymes y comercios. Lo que trascendió hasta ahora es está elaborando un nuevo esquema de precios para el gas para presentar a fines de esta semana de cara a la audiencia pública que se realizará el próximo 16 de septiembre, donde hasta el momento solo se debatirán las tarifas domiciliarias. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay lo confirmó ayer, pero se negó a confirmar si habrá un tope del 300 por ciento, como trascendió el fin de semana. “Por supuesto que el cuadro tarifario que vamos a ofrecer en la audiencia va a ser más gradual que el que se ofreció anteriormente”, expresó Prat-Gay en declaraciones radiales. El ministro explicó que “el mensaje (de la Corte) tiene dos pilares: uno es el de la audiencia, nosotros creíamos que no era necesario hacerla. Y también dijo que todo se tiene que hacer con un criterio de gradualidad, que es lo mismo que estamos haciendo en el tema de la inflación”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, también se refirió al tema tarifas, pero para meterle presión a la Corte Suprema, la cual todavía debe resolver una cautelar que frenó el aumento en todo el país. “Lo que nosotros esperamos es que (la Corte) marque los problemas de legitimación que hay” en el recurso, dijo y puntualizó que “son tres diputados kirchneristas los que quieren la excepción en el caso de energía eléctrica”. Garavano recordó que la electricidad “está desregulada y cada provincia tiene su propio servicio de energía eléctrica” y consideró que “la situación es muy diferente a la del gas, que sí es un servicio federal”. Por ello dijo que “no es un caso para pronunciar sobre el fondo del asunto” y la Corte “debería revocar la medida cautelar por falta de legitimación”.