Así lo confirmaron fuentes allegadas a la causa que señalaron que la medida la tomaron los camaristas Gabriel Cavallo y Martín Irurzun ratificando, de esa manera, una resolución en el mismo sentido dictada por el juez federal Daniel Rafecas.

Mediante un fallo de una docena de carillas ambos magistrados fundamentaron sus votos para que el represor siga encerrado, máxime teniendo en cuenta que ya registra una condena que, en caso de quedar firme como se presume, "podría ser declarado reincidente".

La medida recayó en el expediente en el que Simón está procesado por su actuación en los centros clandestinos de detención "Olimpo", "Banco" y "Club Atlético", que funcionaban, durante la dictadura militar, en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército

El "Turco Julián" ya registra otra condena -a 25 años de prisión- dictada el 4 de agosto último, por el Tribunal Oral en lo Federal Cinco por la desaparición y tormentos, en 1978, del matrimonio José Poblete y Gertrudis Hlaczyk y la apropiación de su hija Claudia, por entonces de ocho meses de edad.

En esta oportunidad al ex agente de inteligencia de la Policía Federal se le imputan 184 "privaciones de la libertad agravadas por mediar violencia o amenaza" y un número igual de "imposiciones de tormentos", recordaron los camaristas.

Al procesarlo Rafecas afirmó que "es la propia forma de comisión de los hechos que se imputan a Simón lo que motiva la complejidad de la investigación; la instauración de un plan clandestino de represión no fue una elección azarosa sino que fue tomada con la intencionalidad de eliminar todos aquellos posibles rastros que dejaron los mismos".

Ahora tanto Cavallo como Irurzun, por sus argumentos, concluyeron que Simón, en el hipotético caso de que se hiciere lugar a su excarcelación, intentará fugarse, entorpecer la investigación y obstaculizar el accionar de la justicia mediante la destrucción de pruebas.

En el fallo de Cámara, firmado el 28 de diciembre y conocido hoy, Irurzun también recordó la "especial condición (de Simón) de integrante de una fuerza de seguridad que atentó contra bienes jurídicos fundamentales de la población civil local, utilizando medios estatales contra víctimas nacionales".

Esas características fueron algunas de las que llevaron a la Cámara Federal a "caracterizar las conductas que se le atribuyen como crímenes contra la humanidad" lo que fue ratificado, en junio de 2005, por la Corte Suprema de Justicia cuando declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

"Otro elemento evidente del designio del imputado de eludir la acción de la justicia dificultando su reconocimiento por eventuales testigos fue la utilización del sobrenombre 'el turco Julián' a fin de ocultar su verdadera identidad", recordaron los magistrados.

Los jueces también citaron la "clandestinidad que rodeó el accionar de los individuos" que operaban en el Club Atlético, el Banco y el Olimpo y que fueron "las mismas agencias del poder punitivo" (fuerzas armadas y de seguridad) las que "configuraron un vasto, complejo y poderoso entramado" para eludir el accionar de la justicia.