UNIVERSIDAD › OPINIóN

Universidad pública y democratización

 Por Laura V. Alonso *

En las últimas semanas se publicaron notas de opinión en distintos medios con el objetivo de discutir el sistema de educación superior en nuestro país. En realidad, más que debatir sobre el sistema, básicamente se trata de un aspecto que se resume del siguiente modo: las universidades nacionales demandan una inversión por parte del Estado nacional muy alta para la cantidad de estudiantes que obtienen su título de graduación.

Antes de centrarse en ello, es pertinente dar cuenta de algunos aspectos generales: la universidad en nuestro país es gratuita desde hace décadas, desde 1949 precisamente, y esta gratuidad es tal para las familias ya que es el Estado quien corre con la inversión. Este hecho, que se da en pocos países del mundo y que es un activo de la sociedad argentina, es tal puesto que la educación superior aquí es concebida como un derecho y no como un servicio transable en el mercado.

La discusión, siempre bienvenida cuando se pretende analizar y debatir en torno a un sistema complejo, con cerca de 60 universidades nacionales distribuidas por todo el país, y cerca de un millón y medio de estudiantes, debe ampliarse a nuestro entender.

El año pasado, la inversión del Estado en las universidades públicas superó los 40 mil millones de pesos, equivalente al 1 por ciento del PBI, porcentaje al que llegó luego de que comenzara a ampliarse la inversión pública en este sector desde 2003. También desde principios de los años 2000 comenzó a producirse un aumento significativo en la cantidad de estudiantes que ingresaron a la universidad como quienes lograron completar su trayectoria educativa logrando su título de graduación. Sólo entre 2001 y 2012, la cantidad de estudiantes creció un 30 por ciento, muy por encima de la media de crecimiento demográfico para los mismos años; en cuanto a los graduados, pasaron de poco más de 60 mil por año a unos 110 mil, en el mismo lapso, casi se duplicaron. Es decir que, si quisiéramos reducir el debate sobre la educación superior al ratio inversión del Estadocantidad de graduados, podemos apreciar que venimos transitando un proceso de crecimiento sostenido.

Pero entendemos, también, que el debate sobre política universitaria trasciende esa variable. Las universidades experimentaron un ciclo de crecimiento en muchos sentidos: desde lograr que cada provincia del país cuente con al menos una universidad pública, pasando por ampliar las políticas de becas en general y las orientadas a carreras decisivas para el desarrollo del país como las ingenierías; en paralelo se diseñaron y financiaron proyectos de investigación, vinculación y transferencia de tecnología, extensión y voluntariado universitario o proyectos de cooperación internacional universitaria. La lista podría seguir con inversión en deporte o proyectos de articulación con la escuela media, el punto es comprender que cuando hablamos de inversión en universidades debemos contemplar todas estas cuestiones.

Desarrollar este conjunto de iniciativas requirió –y su continuidad requiere– la continua inversión para poder sustentarlas, entendiéndolas no como un lujo o hobby al cual las universidades pueden acceder sino como requisito central para que éstas sean instituciones con impacto local y regional a la vez que eleven su calidad académica. El desarrollo de actividades de extensión, transferencia o investigación, si bien no se desarrollan en el aula, inciden positivamente en ella, de modo que no podemos, ni de cerca, enunciar la idea de excelencia si no entendemos que la universidad es más que un aula, si no trascendemos el modelo de “enseñadero enciclopedista” y concebimos la integralidad de la función social de la universidad en un diálogo dialéctico permamente con la realidad que la circunda o mejor dicho, a la que pertenece.

Muchos de las voces que plantean que la universidad no es “eficiente” en generar un mayor número de graduados (aspecto que se limita a plantear que “deberían ser más” sin profundizarse) lo hacen con un discurso que se presenta como progresista bajo la siguiente hipótesis: “¿No sería más justo que quien pueda pague por sus estudios universitarios y de ese modo sea más eficiente la asignación de recursos?”. Los hechos recientes demuestran que cuando el Estado invierte no sólo mejora significativamente la cantidad de graduados, se amplía también la matrícula estudiantil, la universidad llega a pueblos, ciudades y provincias donde no estaba y permite a familias que no habían imaginado que sus hijos llegaran a la universidad lograr hacerlo.

El conocimiento académico y científico es un campo en disputa, ampliar los mecanismos para que éste pueda ser apropiado por una creciente cantidad de ciudadanos es también dar la pelea para generar mecanismos de movilidad social ascendente a la vez que contribuir a dar la pelea política por democratizar cada vez más nuestra sociedad.

* Ex subsecretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación (2011-2015).

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