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“Enfrentamos graves problemas y se ciernen sobre nosotros serias amenazas”, advirtió Guillermo Jaim Etcheverry, rector de la Universidad de Buenos Aires. En el aula magna de Derecho, ante representantes de todas las facultades, el rector presentó ayer un informe de lo que va de su gestión (2002-2004), detalló las dificultades y prioridades previstas para 2005, último tramo de su mandato, y también reveló datos preliminares del reciente censo estudiantil: la UBA concentra 290 mil estudiantes, sin contar a los 60 mil que entrarán el año próximo, ni los 13.500 de posgrado. Un eje de su discurso fue la crisis presupuestaria que sufrirá la universidad si el Estado no le asigna más fondos para funcionar.
Las palabras del rector mezclaron mensajes hacia adentro de la UBA, cuyo clima interno comienza a agitarse frente a la renovación de autoridades del año que viene, y otros mensajes dirigidos hacia afuera. En particular, al Gobierno: frente a los 388 millones de pesos que la UBA recibirá en 2005, el rector recordó que se había solicitado 855 millones. Una suma nada “desproporcionada”, dijo: “Equivale a 285 millones de dólares, lo que nos ubicaría muy por debajo de la Universidad de San Pablo (Brasil) que, con una población estudiantil cuatro veces menor, recibe de su gobierno 600 millones de dólares”. Además, la UBA se considera relegada: aunque tiene el 25 por ciento de los alumnos y graduados del sistema público sólo cuenta “con el 17 por ciento de los recursos”. En 2005, “la inversión sería de 397 dólares por alumno (el 75 por ciento del promedio nacional de U$S 526) y de U$S 8592 por graduado (el 38 por ciento del promedio de U$S 13.801)”, montos que ubican a la UBA “en los últimos lugares del sistema universitario”.
En ese contexto, “lo más grave es que el 96,5 por ciento del presupuesto deberá destinarse a salarios” bastante magros: “El 75 por ciento de quienes ocupan los 25.667 cargos docentes rentados de la UBA recibe menos de 275 pesos por mes, mientras que otros 20 mil enseñan sin percibir remuneración”. Y, con el 3,5 por ciento restante de los fondos, 13 millones, la UBA deberá “mantener bibliotecas, hacer funcionar laboratorios, asistir a decenas de miles de pacientes en los hospitales, otorgar becas” y mucho más. Que eso resultará difícil quedó claro cuando Jaim detalló que el mero pago de servicios (luz, gas, teléfono) insume 12 millones anuales.
Otro mensaje hacia afuera fue la crítica a “los incentivos económicos” para guiar la actividad académica. “El Estado puede y debe plantear objetivos que crea oportunos para la educación, pero ello resulta problemático cuando ni siquiera están cubiertas las necesidades mínimas de las universidades.” En el mismo sentido, reclamó analizar con cuidado “las múltiples apelaciones que sufren las universidades a homogeneizar sus programas de estudio”. Así, desde diversos ángulos, el rector insistió en su defensa de la autonomía.
En su informe, Jaim Etcheverry apuntó como logros los avances en la regularización del cuerpo docente, la actualización de carreras, el aumento de subsidios, el edificio para Sociales, las actividades de extensión y del Rojas, el apoyo a las escuelas y las reformas dirigidas a modificar la cultura institucional, entre otras tantas cosas. Mención especial mereció el CBC, para el que se continúa analizando cambios. Desde su creación en 1985, el ciclo registró 1 millón de inscriptos, un promedio de 53.876 nuevos alumnos por año. Uno de los problemas del CBC, estimó, es que, sobre el centenar de carreras ofrecido, el 42 por ciento de los alumnos se acumula en abogacía, medicina, contador, psicología y administración.
Según los datos esbozados por el rector, el problema en la distribución de la matrícula no es sólo interno: “Somos la universidad más importante del conurbano bonaerense ya que contamos con más alumnos que viven allí que todas las universidades nacionales del conurbano. Además, tenemos más alumnos que se trasladan desde el interior para estudiar aquí que la población total de 26 de las 38 universidades”. Sobre la administración de la UBA, destacó la apertura del presupuesto, la transparencia en el movimiento de los fondos y el ordenamiento de los recursos generados por la institución, pese a que, reconoció, persiste “desorden en muchas áreas administrativas”. Y avisó: “La UBA es una entidad autónoma pero no está al margen de la ley”.