La detención fue en una finca de Coronel Cornejo el martes pasado. Desde ese día se encuentran privados de su libertad en la Comisaría de Tartagal.
El movimiento juvenil forzó al Gobierno a impulsar reformas, retirar causas contra manifestantes y modificar el sistema de evaluaciones, mientras la Justicia investiga la violencia policial.
Así lo anunció el presidente del Ente Regulador de la provincia, organismo que impuso una multa millonaria a la empresa prestataria. Esta multa será para liberar del pago a los usuarios afectados en las facturaciones de enero a mayo.
Los abogados que representan Mariana Aranda prevén pedir el cambio de la carátula de la causa.
En un clima de creciente enojo de los usuarios, hubo nuevas manifestaciones de estudiantes, que anoche llegaron hasta la Legislatura.
