El crimen se cometió en una finca de Tartagal, en noviembre de 2019. Adriana, de 36 años, tenía 4 hijos, todos menores de 21 años y deben recibir la reparación económica prevista por ley.
La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal denunció presiones de un funcionario del ministerio de Justicia en torno a la causa sobre el memorándum con Irán. Además, se refirió a las prisiones domiciliarias a partir de la eclosión del Coronavirus: "No se puede decir que el Ejecutivo suelta presos. Ahora los jueces trabajan con independencia”, dijo.
Los jueces de la Sala I hicieron lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal al que adhirió la querella y condenaron al imputado a la pena máxima.
Las dos mujeres fueron encontradas culpables de la muerte de un hombre que había sido amante de la más joven. Según el tribunal, lo asesinaron para que dejara de reclamarles un dinero que les había prestado. Había recibido 64 puñaladas y sufrió una agonía de doce horas.
