Se trata de una acción en el marco de la contaminación de la cuenca de lpos ríos Arias y Arenales, que en 2021 causó la explosión de casos de salmonella.
Las medidas fueron ordenadas por la Justicia tras detectar que se regaban sembrados con aguas contaminadas por líquidos cloacales.
Los ríos Astilleros y Arenales tienen alta concentración de bacterias coliformes fecales que superan los límites legales permitidos. Hay un proceso abierto en el Ministerio Público Fiscal de Salta.
La empresa adujo que la sentencia es "de imposible cumplimiento". El abogado querellante sostuvo que "es falsa" la premisa de la empresa de suspender el trabajo de la planta depuradora.
La medida judicial se palica desde diciembre y acumula 35 millones de pesos.