¿Qué es la criminología? Ante una acusación de corrupción, el derecho penal va a mirar si lo que se hizo está en la ley penal y si la persona realmente cometió ese delito. Mientras tanto, la criminología va a tratar de traer una mirada más amplia y crítica que vaya más allá de lo que dice la ley.

La criminología va a preguntarse una diversidad de cuestiones tales como: ¿Qué significa corrupción? ¿Qué imagen tiene la gente de a pie cuando piensa en corrupción? ¿Siempre hubo corrupción y ahora se le presta más atención o es un fenómeno nuevo? ¿Hay causas de corrupción contra miembros de todos los partidos políticos o particularmente contra los de un signo político? ¿A quiénes beneficia dar tanta centralidad a acusaciones de corrupción? ¿Por qué se usa el derecho penal para investigar la corrupción? ¿Hay otras alternativas más efectivas como, por ejemplo, tratar los casos con la justicia civil y que se logre la devolución de lo supuestamente mal habido? ¿Sirve de algo poner gente presa para frenar la corrupción? ¿Cómo se tratan los casos de corrupción en otros países? ¿Hay buenas experiencias?

Estas preguntas no son fáciles de contestar y requieren de investigación, de reflexión, de escuchar a personas que vienen estudiando estos temas hace mucho tiempo, y que han analizado la situación de otros lugares y otros momentos históricos.

Sin embargo, los medios de comunicación concentrados abordan la corrupción sin el saber penal y sin el saber criminológico. En su lugar, usan a periodistas con una agenda política para crear ideas distorsionadas sobre lo que sucede, dándolas como verdad absoluta. Esto es la criminología mediática: los medios concentrados de comunicación reemplazan el análisis serio y responsable de temas importantísimos para la sociedad como la cárcel, el delito, la seguridad, la corrupción, la reforma judicial y, en su lugar, transmiten falsedades o verdades distorsionadas para crear ciertas ideas y presionar a los poderes políticos opositores.

Los programas de noticias y los diarios le pregunten al Dipi o a Viviana Canosa cómo solucionar el covid, en lugar de a los científicos y científicas que estudian el tema, porque el objetivo no es informar sino deslegitimar el plan de vacunación oficial. Con la misma lógica, cualquiera habla de cómo reformar la justicia o frenar la corrupción ya no para realmente mejorar el sistema sino con el objetivo de generar un gran impacto mediático contra los indicados como corruptos.

El gran problema de todo esto es que las ciudadanas y los ciudadanos que trabajan todo el día y que además tienen familia, amigos, hobbies, probablemente no tiene el tiempo, ni las ganas ni el conocimiento para ponerse a ver que hay detrás de cada noticia, chequear si es verdad y reflexionar largamente al respecto. Al final, la ciudadanía termina sin saber qué es lo que realmente esta pasando, sino recibiendo slogans sin fundamento.

Entonces, la corrupción deja de ser un problema estructural y complejo y se reduce a “se robaron dos PBI”.

La corrupción no se analiza como un problema general de casi todas las sociedades actuales y que atraviesa a todos los partidos políticos, sino que se convierte en “corrupción k”.

No se dice que es básico de cualquier democracia el respetar un proceso penal antes de imponer un castigo, sino que apenas se presenta una denuncia se habla de “impunidad”.

Todo esto se agrava por que hoy en día no tenemos solo a los medios de comunicación concentrados en diarios, televisión y radio, sino que también están las redes sociales que nos bombardean con noticias 24x7. Esto es lo que podemos llamar “criminología influencer”.

Mucha de la información que tenemos en nuestras cabezas no sabemos ni donde la leímos, ya que aparece cuando scroleamos en las redes sociales y leemos miles y miles de posts de gente famosa, de influencers ¡y hasta de robots! Sí, mucha de la información que circula en las redes ni siquiera esta creada por seres humanos sino por cuentas robotizadas para diseminar información falsa. Por ejemplo, un estudio sobre la causa vialidad nacional contra Cristina Kirchner mostro que un 80% de los comentarios generados en las redes fueron creados por trolls. Es decir que ocho de cada diez comentarios que se esparcieron por las redes y fueron consumidos por usuarios desprevenidos fueron producidos por personas contratadas para escribirlos y así crear sentido y opinión pública.

Así, la criminología influencer, a través de personas y de logaritmos, complementa la criminología mediática, ampliando y difundiendo la información e incluso presentándola como chiste, meme, sticker, giff u otra forma de entretenimiento. De esta forma, la criminología influencer llega a más gente y se consume casi mecánicamente y a cada rato, bajo la sensación de que set trata de entretenimiento o dispersión cuando en realidad en se está recibiendo data de forma constante.

¿Entonces cómo juegan la criminología mediática y la criminología influencer con el lawfare?

El lawfare es la búsqueda de la deslegitimación absoluta hasta lograr la muerte política y jurídica del oponente politico a través de causas judiciales.

El tema es que si yo presento una causa penal contra Cristina mañana e incluso si arreglo con el juez y el fiscal para que impulsen la causa, no se entera nadie y no sirve para destruirla ante la sociedad. Entonces, es fundamental para el lawfare que la información sobre la causa penal llegue a la gente de a pie, creando la idea de que el denunciado es culpable. Para eso se necesitan medios de comunicación parados en la puerta de los tribunales filmando cuando se presenta la denuncia. Para eso se necesitan trolls y boots twitteando y posteando “nueva causa penal contra Cristina” sin explicar nada.

El gran riesgo de esta unión entre los medios de comunicación, las redes, la justicia y la política corporativa es que se pone en juego la democracia y el estado de derecho que es lo que asegura que cada uno de nosotros se levante con la tranquilidad de que nuestros derechos van a ser respetados.

Cuando los medios y las redes difunden la imagen de Boudou siendo detenido, estamos aceptando que el derecho a la privacidad puede ser pisoteado sin consecuencias.

Cuando los medios y las redes publican el contenido de llamadas telefónicas entre personas detenidas y sus abogados, se legitima que no hay problema en hacer pelota el derecho de defensa que protege las conversaciones entre los acusados y sus abogados.

Cuando los medios y las redes publican “escándalo de corrupción” sin que se haya probado judicialmente que la persona en cuestión realmente cometió un delito, estamos tirando por la ventana el principio de inocencia que protege a toda ciudadana y ciudadano hasta que se pruebe lo contrario con una sentencia firme.

Cuando se anuncia en los medios y las redes sin ninguna critica que una vez más otra causa judicial contra Cristina volvió a caerle por sorteo al mismo juez, aunque sea matemáticamente imposible que todas las causas sean sorteadas a un mismo juzgado estamos haciendo pelota el derecho al debido proceso y el derecho a un juez imparcial que es básico de cualquier democracia.

Así es que la criminología mediática y la criminología influencer se convierten en patas fundamentales del lawfare y, de esta forma, no solo operan contra Cristina, Boudou o Milagro Sala, sino que ponen en riesgo toda la democracia.

A todo esto se suma que, hasta acá marcamos como la criminología mediática y la criminología influencer permiten el lawfare a través de crear información distorsionada que ayuda a presentar a las y los políticos progresistas como corruptos. Esto es lo que llamamos lawfare por sobre-criminalización.

Pero también hay que prestarle atención a la otra cara de la moneda: los medios y las redes sociales también son protagonistas del lawfare por infra-criminalización: eso pasa cuando todas y todos tenemos los ojos en acusaciones contra el gobierno, mientras los que realmente endeudaron el país y aplastaron los derechos humanos pasan desapercibidos.

Y uno se podría preguntar, con tanta distorsión por qué seguimos consultando la información en los medios y en las redes en lugar de leer lo que pasa en las causas penales en sí, tanto las que se archivan, aunque haya delito (lawfare por infra-criminalización) como las que se siguen sosteniendo, aunque no haya prueba (lawfare por sobre-criminalización). Y la respuesta parece estar en que los medios y las redes operan como traductores monopólicos porque no hay contacto entre la ciudadanía y el poder judicial. La gente de a pie y el poder judicial son mundos completamente separados y solo unidos por el puente de la criminología mediática y la criminología influencer, que unen, pero distorsionando. Pregunto entonces: ¿sería distinto y podríamos aspirar a una conexión real y directa entre el servicio de justicia y la población si los tribunales emitieran decisiones cortas y claras a las que todos pudiéramos tener acceso, por ejemplo, digitalmente?

En fin, hay que estar muy atentas y atentos porque, por ahora, la justicia sigue en su torre de marfil y la tapa del diario y el muro de Facebook nos pueden tapar el bosque que no es nada mas ni nada menos que la democracia y el estado de derecho.