La Unidad Fiscal a cargo de la investigación de hechos de corrupción detectados en el Servicio Penitenciario de Salta imputó formalmente a otros hombres, uno de ellos agente penitenciario, que fueron detenidos la semana pasada, en dos allanamientos realizados en la ciudad de Salta. Con estos dos nuevos acusados la lista de personas involucradas llega a la quincena. 

La Unidad Fiscal, integrada por la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio; el procurador general Pedro García Castiella y el fiscal de la Unidad contra la Narcoriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, informó que el viernes último imputó a dos hombres detenidos el jueves. 

Según se indicó, basándose en nuevos hechos surgidos de la investigación y documentación disponible, Salinas Odorisio imputó a un agente del Servicio Penitenciario por el delito de exacciones ilegales agravadas -concusión-. Se le acusa de "en su calidad de funcionario público de exigir indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran bajo su custodia", acciones que se llevaron a cabo en 2022 y 2023. 

El Ministerio Público Fiscal detalló que el agente penitenciario exigía dinero a cambio de distintos favores, como obtener buenas calificaciones en concepto y conducta, acelerar trámites para la obtención de beneficios penitenciarios, como salidas transitorias o cambios de pabellón. Además, se le atribuye haber facilitado el ingreso al penal de "elementos no permitidos, como celulares, cargadores, comidas y bebidas".

En cuanto al otro detenido, se lo imputó como partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravadas en relación con un hecho específico. Se indicó que este hombre había contactado a familiares de un interno pidiéndoles dinero a cambio de gestionar ciertos beneficios dentro de la Unidad Carcelaria Nº 1.

Como lo hizo con las otras personas involucradas en este caso, la Unidad Fiscal pidió la prisión preventiva de ambos. Con estas dos detenciones, el número de personas encausadas llega a 15 ya. 

El MPF informó que en los allanamientos realizados el jueves último, "se incautaron diversos elementos de interés para la investigación, incluyendo teléfonos celulares, pendrives, computadoras, dinero en efectivo y documentación relacionada con internos".

En el momento de las detenciones de los dos nuevos acusados, el MPF informó que en el análisis de teléfonos celulares de otros implicados en esta causa se encontraron conversaciones que "revelan la coordinación para obtener beneficios a cambio de dinero de familiares de internos, utilizando a un intermediario". Esos diálogos, se detalló, indican que "participaron activamente en la obtención de beneficios a cambio de dinero, incluso proporcionando su cuenta bancaria para recibir los pagos". 

La Unidad Fiscal sostuvo que además de estas conversaciones, la acusación se respalda con análisis bancarios y transferencias detectadas.

Entre la prueba incorporada, la Unidad Fiscal contó que un ex detenido que estaba alojado en la Unidad Carcelaria 1, más conocida como cárcel de Villa Las Rosas, detalló que hizo pagos de $95.000 para obtener su libertad durante la pandemia en 2020 o 2021. Tambien contó que su padre hizo un acuerdo de $380.000 por informes favorables y beneficios adicionales, de los cuales solo se entregaron $280.000 en efectivo. También pagó $60.000 para eliminar una sanción. Todos los pagos fueron realizados a uno de los ya imputados, quien gestionaba los beneficios.