Artículo 1°: Ámbito de aplicación. El ejercicio de derecho de reunión en la provincia de Buenos Aires se regirá por las disposiciones de la presente ley.
Artículo 2°: Prohibición de reuniones. Está prohibida toda reunión que signifique una amenaza real e inminente para la seguridad pública.
Así comienza el decreto-ley 7.999 firmado por el Brigadier Miguel Moragues en 1973, ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires. Pero este lunes 15 de abril se publicó en el boletín oficial la Ley N° 15.482 que lo derogó por el impulso del Axel Kicillof y gracias a la labor de la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa que preside Marcelo Santillán. Este decreto-ley, junto con otras tres normas dictatoriales que restringían las libertades sindicales y de acciones colectivas dejaron de ser legales.
“La importancia de no dejar normas de la dictadura vigentes es que, por más que estén en desuso, no quiere decir que no se vuelvan a usar”, advierte Santillán en diálogo con Buenos Aires/12.
En este sentido, pone la lupa en el actual modus operandi del gobierno de Javier Milei: “Vivimos un contexto histórico como el que se vivió en 1956, con un fuerte proceso de desperonización y estigmatización sobre el kirchnerismo y el peronismo".
Un gesto al movimiento obrero
Durante las sesiones del 20 de marzo en Diputados y del 21 en el Senado, además del decreto-ley N° 7.999/73, también fueron derogados el 16.588/1957; 16.591/1957 y el 196/1958. Los tres últimos casos, constituyen una señal de apoyo por parte de la provincia a la actividad gremial.
El 16.588 prohibía el paro de los trabajadores telegráficos, el 16.591 declaraba ilegal todo paro de los empleados de la administración pública provincial y el 196 castigaba hasta con la “exoneración” a cualquier empleado público que tuviera actividad político partidaria.
De esta manera, la provincia marca una distancia con la mirada del Gobierno nacional que promueve una reforma laboral con quita de derechos adquiridos que hoy está frenada por la Justicia tras una presentación de la Confederación General del Trabajo. A su vez, el propio gobierno de Milei tiene intenciones de establecer a la educación como un “servicio esencial” obligando a los docentes a asegurar un 75 por ciento de presencia en las escuelas mientras se les quitó un 10 por ciento de su sueldo tras la baja del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Además, con la sanción de esta ley se convalida un gesto por parte de Kicillof hacia los gremios de empleados públicos en el medio de las negociaciones paritarias que van agravando su complejidad producto del desplome de la recaudación provincial y una inflación interanual que no cede.
Como dato de color oscuro, el bloque de La Libertad Avanza, en voz del diputado Nahuel Sotelo, sólo acompañó dos de las cuatro derogaciones. Según pudo averiguar este medio de fuentes de la Legislatura, no votaron a favor de la derogación del 7.999, misma decisión que adoptó el PRO en Diputados.
De todas maneras, ambas Cámaras votaron en mayoría las derogaciones. Así, con la caída de estas cuatro normas de distintas dictaduras cívico-militares, la Legislatura avanzó en la propuesta de la Unidad para derogar 2.045 de 3.517 decreto-leyes que aún tienen vigencia sobre la vida de los bonaerenses. Muchos ya no tienen una aplicación efectiva, cumplieron su objeto o fueron reemplazados por otros decretos o leyes, pero siguen integrando la plataforma legal de la provincia.
“Estamos ante un gobierno autoritario”
Santillán, hoy Secretario Ejecutivo del Instituto de Loterías y Casinos de la provincia y que hasta el 10 de diciembre fue intendente de Adolfo Gonzáles Cháves, explica que “la importancia de derogar estos decretos radica en que sabemos que nuestro espacio político no los va a aplicar, pero cada cuatro años se elige gobernador y puede haber un traspié electoral, por lo que no podemos permitir que se le quiten derechos a la gente”.
Desde su mirada, el Gobierno nacional es “autoritario”. “La democracia necesita consolidarse frente a un gobierno que no tiene mucho apego a las normas, que quitó el FONID, que ataca a los gobernadores, que presiona y agravia al Congreso”, relata el funcionario.
La elección de estas primeras cuatro derogaciones, afirma, es producto de constantes reuniones y estudios de la Unidad para la Reparación que preside. “Hay que tener en cuenta que hay más de 17 mil normas en la provincia que están ancladas en decreto-leyes, por lo que hay que ser muy cuidadoso en el accionar por el efecto que puede traer una derogación”, detalla.
Bajo esta premisa, se eligieron cuatro decreto-leyes “relevantes para ir sensibilizando sobre el tema”.
Ante la consulta sobre las declaraciones del legislador libertario Sotelo que durante la sesión donde se votaron las derogaciones aludió a que el presidente Milei pretendía eliminar más de cien decreto-leyes a través del DNU N° 70/23 y no se permitió su tratamiento, Santillán toma el guante y reconoce que “nuestro espacio no se puede permitir recibir estas chicanas”.
“Por eso hay que profundizar la revisión”, asegura. “En su voluntad de generar derechos el peronismo debe aniquilar todo aquello que atenta contra esos derechos”, sostiene.
Santillán va un paso más adelante en el debate revisionista y, parado en una defensa de las autonomías provinciales y municipales, remarca que el procedimeinto para la adhesión de las provincias a leyes nacionales se debe revisar. “Uno se adhiere, después la ley se modifica y los bonaerenses resignan derechos”, advierte.
También propone que los textos de las leyes cuenten con todos los elementos para sostenerse legalmente y no dejen la puerta abierta a la intervención de, por ejemplo, la Justicia. “Las legislaturas no tienen que delegar facultades”, apunta.
Hace hincapié en los casos donde se agrega entre los artículos de un proyecto de ley la expresión “en cuanto no se opongan a la presente ley” y señala que se debe avanzar en el plano de la técnica legislativa para evitar que se dejen ventanas para las interpretaciones de otros poderes del Estado. “Después es la Justicia la que determina que se opone y que no”, cita como ejemplo.
Qué dice cada decreto-ley
El decreto-ley 7.999/73 no sólo establecía las condiciones bajo las cuáles se podía desarrollar una reunión tanto pública como privada. También habilitaba a la policía a intervenir las reuniones, a ser el actor a quienes se les debía solicitar el permiso para su organización y a proceder con la “penalización” ante el incumplimiento de la norma. Además, la policía podía disolver una reunión, entre otras cuestiones, “cuando de algún modo indudable se ofenda o amenace el orden o la moral públicos”.
Otra norma derogada es la N° 16.588 firmado el 20 de septiembre de 1957 por el ex interventor de la provincia de Buenos Aires, Emilio Augusto Bonnecarrere, designado por Eduardo Lonardi tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón a manos de la Revolución Libertadora.
El texto del decreto-ley tenía como objetivo romper la organización del personal de servicio telegráfico, principal medio de comunicación en aquellos años, que tenía el salario congelado hacía un año ante un “incesante aumento del costo de vida”.
El primer párrafo de los considerandos detalla que “ante la situación planteada del paro parcial de personal del Telégrafo de la Provincia invocando adhesión a paros y otras medidas de fuerza, dispuestas por el personal del servicio telegráfico de la Nación, se hace necesario disponer del resorte legal que permita aplicar medidas de emergencia para el mantenimiento regular del servicio público a cargo del Telégrafo de la Provincia, el que reviste vital importancia para los intereses generales de la población”.
Trazando un paralelo con la actualidad, cualquier parecido con los argumentos espetados por el Gobierno nacional de cara a condicionar el derecho huelga de los docentes a través de definir a la educación como “servicio esencial” mientras que, entre otras cuestiones, se quita el FONID o se reduce el presupuesto de las universidades nacionales al punto de peligrar las clases desde mitad de año, es pura coincidencia.
En búsqueda de mayor precisión por parte de la Libertadora, el segundo artículo del decreto afirmaba que el personal telegráfico que “no concurra a sus tareas a partir del día 20 del corriente a las 20 horas, sin causa justificada, se hará pasible de la sanción de exoneración”.
En sintonía con este decreto-ley, al día siguiente Bonnecarrere firma el N° 16.591, que en su primer artículo dice: “Declarar ilegal todo paro o medida de fuerza que disponga el personal de la Administración Provincial sin distinción de situación de revista”.
La justificación de esta norma radica en la lectura del gobierno provincial de facto de 1957 ante la posibilidad de que “algunos sectores de servidores del Estado Provincial han manifestado su posible adhesión al paro declarado ilegal de algunos gremios”.
La cuarta norma derogada es la 196/1958, donde el mismo interventor de la provincia estableció en su primer artículo que “será pasible de sanciones hasta la exoneración, el personal de la Administración Pública, de cualquier jerarquía (funcionarios, empleados y obreros) que hiciere política en el ámbito de sus funciones”.
La decisión fue en el marco de la convocatoria a las elecciones generales que se llevarían adelante el 23 de febrero de 1958.
La labor de la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa
Con más de 40 años de democracia, en la provincia de Buenos Aires hay, según estima Santillán, más de 17 mil normas atravesadas por los más de 3.200 decreto-leyes vigentes de los cuatro períodos dictatoriales posteriores a 1955. Algunas ridículas, como la prohibición de usar “short de baño” en la playa, y otras con una relevancia profunda en la convivencia democrática, como el Código de Faltas de la Policía bonaerense.
Con la premisa de avanzar hacia una “provincia libre de normativas de facto”, en 2022 se creó la Unidad para la Reparación. La iniciativa la propuso Santillán y fue convalidada en una reunión por Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados y actual intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.
Tras un año de trabajo y recopilación de información gracias a los trabajadores de la Cámara Baja bonaerense, en la sesión especial del 24 de marzo de 2023 se presentó el proyecto para derogar una primera tanda de 2 mil decreto-leyes. El relevamiento se logró por la labor de la dirección bicameral de Unidad para la Reparación Histórica Legislativa en conjunto con la Dirección General Legislativa, Unidad Coordinadora de Digesto y Dirección de Información Legislativa. Estas últimas tres de la Cámara de Diputados bonaerense.
“Queremos continuar con decretos vinculados a la regulación del delta, del cuidado de los humedales, teniendo en cuenta el uso del suelo está regulado por el decreto-ley N° 8912 de 1977”, señala el ex intendente de Gonzáles Cháves y congresal de Partido Justicialista bonaerense.
