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La eliminación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) en los créditos que ya fueron anunciados –para la vivienda única, personales de hasta 12.000 pesos y prendarios de hasta 30.000– tendrá un impacto fiscal de 11.382 millones de pesos, según un informe del Banco Central al que accedió Página/12. Frente a esa suma, Roberto Lavagna se opone a extender el beneficio a ciertos préstamos a los que no se les suprimió el CER.
Si a los créditos que ya fueron exceptuados se les suman aquellos por hasta 150.000 pesos, el costo fiscal crecería en 3290 millones de pesos, implicando un impacto total para el Estado de 14.672 millones. Esta exención es reclamada por un grupo de legisladores con el objetivo de aliviar la deuda de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la idea parece naufragar. “El Gobierno quiere dejar caer esa iniciativa que ayudaría a miles de pymes”, señaló a este diario el diputado salteño Julio Loutaif, uno de los defensores de la propuesta. Según el relevamiento del Central, existen 45.602 compañías que adeudan menos de 150.000 pesos, por un total de 817 millones. Otras 3816 deben entre 150.000 y 300.000 pesos por un total de 614 millones de pesos.
El debate por el CER debería finalizar en las próximas semanas. A fin de mes vence la prórroga y, si no media decisión alguna, el coeficiente se aplicará inmediatamente desde octubre. La idea del Gobierno es la siguiente: que el CER acumulado desde enero a este mes se capitalice al final del crédito –añadiendo nuevas cuotas–, pero a partir de octubre los deudores empezarán a pagar con el CER incluido, por lo que verán incrementarse las cuotas. Todavía no está definido si el Gobierno sacará la medida por un decreto de necesidad y urgencia o intentará por la vía legislativa. Juega a favor de la idea de Lavagna, de limitar la aplicación del coeficiente, que la inflación se muestra contenida en los últimos meses pese a la fuerte devaluación.
El informe del BCRA explicita que las exenciones del CER ya establecidas beneficiarán a 1.726.583 tomadores de créditos, entre personas físicas y jurídicas. Esta cantidad representa al 97 por ciento de los deudores de créditos hipotecarios, personales y prendarios, según el documento oficial. Si se extendiera la eliminación del CER a los deudores de hasta 150.000 pesos, el costo fiscal se incrementaría en 3290 millones de pesos; en 4380 millones si se sumaran a los deudores hasta 300.000. Y en 4808 millones si se incluyeran a los de hasta 400.000 pesos. El informe del Central no indica la inflación estimada en sus cálculos ni la maduración promedio de los créditos del sistema. Una fuente bancaria evaluó que los préstamos hasta 400.000 pesos son, en promedio, a tres años de plazo. El informe establece que, en total, hay 3 millones de créditos otorgados por un suma inferior a los 400.000 pesos. En total, los préstamos al sector privado alcanzan a 27.303 millones de pesos. De esta suma, 14.845 millones los adeudan las personas físicas y el resto (12.458 millones), empresas.