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“El gobierno argentino va a tomar ahora decisiones importantes presupuestarias y yo creo que van a marcar indudablemente cuál es la agenda futura de conversaciones con nosotros.” Para quienes saben leer las declaraciones del Fondo Monetario, la frase de su director gerente, Rodrigo Rato, es inequívoca. Volvió a presionar a la administración Kirchner para que incluya en el proyecto de Presupuesto 2005, que debería ingresar la semana próxima al Congreso, una meta de superávit fiscal superior al 3 por ciento, algo con lo que el organismo viene insistiendo hace ya varios meses y que el propio Presidente rechazó cuando se encontró cara a cara con Rato la semana pasada.
Rato, que se encuentra de visita en Johannesburgo, Sudáfrica, habló también del pedido del Gobierno de prorrogar vencimientos de los próximos meses por 1000 millones de dólares con el organismo a cambio de pagar puntualmente otros 1500 millones que no podrían refinanciarse. “La decisión deberá ser tomada por el directorio tras un análisis de la gerencia. No puedo dar una fecha específica para el tratamiento”, aseguró, sin adelantar cuál sería la recomendación de la “gerencia” (es decir, de él mismo), ni mucho menos la decisión final del directorio.
Sin embargo, el ex ministro de Economía de Aznar reconoció que “esta es una petición habitual de parte de muchos países. Hay muchos precedentes en el contexto de programas con el Fondo. La petición es normal y el directorio del Fondo tendrá que analizar si está dispuesto a aceptarla”, explicó. Pero no aclaró si eso significaba que el pedido y la respuesta del directorio era algo rutinario, o si el pedido era habitual, pero la respuesta, por la peculiaridad del caso argentino, ameritaba un análisis mayor.
El Ministerio de Economía prevé enviar al Congreso el próximo 15 de septiembre el proyecto de ley de Presupuesto 2005. Según anticipó el propio Roberto Lavagna, dicho presupuesto contemplará una pauta de superávit fiscal para la administración nacional del 3 por ciento del PBI, algo superior al 2,4 por ciento de este año, pero inferior al 4 por ciento o más pretendido por el Fondo Monetario.
De hecho, la semana pasada, durante su visita a Buenos Aires, Rato insistió frente a Kirchner con la necesidad de elevar el superávit fiscal para destinarlo al pago de la deuda. La respuesta del Presidente, según dejaron trascender sus voceros, habría sido contundente: “Ni lo sueñe”.
Este año el superávit fiscal consolidado (Nación más provincias) superará holgadamente el 3 por ciento pautado con el FMI. Las estimaciones más conservadoras hablan de un superávit mayor al 5,5 por ciento.
Sin embargo, el Gobierno planea volcar el excedente a políticas de estímulo de la demanda interna, como ser obras públicas, planes sociales, aumento de jubilaciones y/o reducción de impuestos.
En la visión del Fondo, en cambio, todo el superávit fiscal que se acuerde con el Gobierno debe ser transferido al exterior para el pago de los organismos internacionales y los acreedores privados. De otro modo, argumenta el FMI, no sería superávit sino más gasto público.
Lavagna confía en que el directorio del organismo resuelva el pedido de prórroga del Gobierno durante la segunda quincena de septiembre. Pero sabe que “no hay reprogramaciones automáticas” y que la animosidad que existe en el directorio contra Argentina puede deparar sorpresas.
Además, según dejó en claro también Rato durante su fugaz paso por Buenos Aires, el FMI reclama al Gobierno una serie de “condicionalidades” pendientes, entre las que se cuentan la renegociación de varios contratos con empresas privatizadas –incluyendo un aumento mayor de las tarifas, nuevas compensaciones a los bancos, y la reforma de la Ley de Coparticipación–. En relación con la renegociación con las privatizadas, Lavagna le respondió días atrás a Rato que ya se había enviado al Congreso un proyecto de ley que definiría el nuevo marco regulatorio. En tanto, el ministro sostuvo que con la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal,las finanzas de las provincias se habían puesto en caja sin necesidad de reformar la conflictiva Ley de Coparticipación de Impuestos.