[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La insólita situación que atraviesa la Confederación General Económica (CGE), donde conviven enfrentadas dos conducciones, vivió un nuevo capítulo judicial. Un fallo dispuso el desalojo del cuarto piso de la sede que era ocupada por la conducción surgida en agosto pasado, encabezada por el empresario textil Marcelo Fernández.
“La orden judicial determinó que el inmueble de Rivadavia 1115 quede en poder de las autoridades electas en diciembre pasado, desautorizando así la ocupación llevada a cabo desde hace unos meses por un grupo de personas ajenas a la institución”, señaló un comunicado del sector que responde a Alberto Faerman, desplazado de la conducción en abril pasado.
Efectivos de la Comisaría Tercera de la Policía Federal se hicieron presentes en el lugar poco antes del mediodía para garantizar el efectivo cumplimiento de la disposición judicial, que se concretó sin ningún tipo de incidente.
El 10 de diciembre de 2003 una lista encabezada por Faerman ganó las elecciones, en las que se presentó una sola lista, y desplazó así a la anterior conducción que lideraba Raúl Vivas. Según fuentes afines a Faerman, las anteriores autoridades no reconocieron la elección y se negaron a entregar la sede de la CGE, e incluso convocaron a nuevos comicios en agosto en los que resultaron electos Marcelo Fernández y Jorge riviski.
Desde el sector que encabeza Fernández, en tanto, sostuvieron que “ha quedado demostrado en los fueros correspondientes que el acto eleccionario” de diciembre que consagró a Faerman “fue nulo e ineficaz”. Recordaron que “la entidad ya ha sido normalizada en un acto ejemplar por las Confederaciones, Federaciones y Cámaras de 14 provincias adheridas a la CGE”. Acusaron también a los “fantasmas del pasado” que se valieron de “cualquier artilugio” para llevar adelante elecciones ilegítimas. Entre estos “fantasmas” citaron a algunos dirigentes históricos, como el ex titular de la CGE Raúl Vivas, Guillermo Gómez Galizia y el propio Faerman, estos últimos “denunciados por movimientos económicos irregulares” dentro de la entidad.
El sector que responde a Faerman destacó que “en lo que constituye una decisión muy esperada por la mayoría de los dirigentes históricos de la entidad, el juez Omar Fasciutto ordenó a la policía el allanamiento de las instalaciones de la CGE y el desalojo de los antes nombrados permitiendo así que vuelva la normalidad a la institución”.
Para el sector de Fernández, el cambio al fallo que “favoreció a dirigentes gravemente cuestionados” a los que permitió “usurpar nuevamente los bienes de la CGE” fue “insólito”.