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Según estimaciones del sector privado, este invierno habría un faltante de gas de entre 6 y 9 millones de metros cúbicos por día. El dato corrió entre las mesas del restaurante español a las que se sentaron el viernes pasado un centenar de comensales pertenecientes a las distintas empresas del sector para celebrar, por primera vez desde que se privatizó el servicio, el Día del Gas. La cena planteó una especie de paradoja: los ejecutivos y gerentes de las privatizadas se reunieron para conmemorar aquel día de 1945 en el que, por iniciativa de Juan Domingo Perón, se estatizó la producción de este carburante, como si su actual función no fuera producto de la decisión exactamente opuesta tomada por Carlos Menem décadas después. Por esas horas, el Gobierno ya había alistado un decreto para resolver mediante audiencia pública los contratos de trece compañías energéticas con las que aún no consiguió consensuar un nuevo contrato de concesión.
Difícilmente el Gobierno convalide en público la proyección sobre la escasez de gas que hicieron los especialistas privados para no generar alarma, pero ni en un sector ni en el otro desconocen que, al ritmo actual, la demanda superará con creces la oferta de gas. Por ello el Ministerio de Planificación apura la ampliación de los gasoductos que traen gas desde el norte y desde el sur hacia la Pampa Húmeda, la región en la que se concentra el mayor requerimiento.
Pero a pesar de esos esfuerzos, hoy no hay garantías de que las obras se terminen a tiempo como para abastecer a pleno a todos los clientes. Es poco probable que la ampliación en manos de Transportadora de Gas del Sur esté terminada para mayo, cuando empieza el frío. Y aun en caso de que se cumplieran los tiempos, los 2,9 millones de metros cúbicos del gas fueguino no alcanzan a cubrir la brecha identificada por las empresas.
Naturalmente que el problema podría agravarse considerablemente en la hipotética situación de que por las disidencias internas o por falta de acuerdo en las condiciones de venta a la Argentina, Bolivia suspendiera en los próximos meses la provisión de su gas, que hoy es de 4 millones de metros cúbicos diarios, con perspectivas de ser ampliados a 6. El riesgo de faltante, sin embargo, está planteado aun si esto no ocurre.
Frente a una situación de escasez concreta, la resolución del problema es más política que técnica. El recurso más a mano de que dispone el Gobierno es el de suspender sus exportaciones a Chile, tal como hizo el año pasado, aun a costa de enturbiar las relaciones entre Néstor Kirchner y Ricardo Lagos, algo muy lejos del ánimo oficial. Otra es aumentar la importación del fuel oil desde Venezuela para que las usinas eléctricas dejen de quemar gas. Finalmente, se podría suspender la provisión a industrias con contratos interrumpibles. Una amplia batería de medidas previa a la extrema de restringirles gas a los domicilios.
Lo cierto es que para cuando el frío se haya instalado en el país, es muy factible que el precio del gas y de la electricidad ya sean más caros, al menos para los usuarios más grandes. No por una cuestión de estacionalidad sino porque ya estén aprobados los nuevos contratos provisorios que el Gobierno discute con las privatizadas y cuya firma ahora está apurando.
Ayer se publicó en el Boletín Oficial un decreto por el cual el Gobierno convoca a una serie de audiencias públicas para analizar desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo las propuestas de contratos con distribuidoras y transportistas eléctricas y de gas. A partir de ese momento, se abre un paréntesis de 30 días para modificar los textos sometidos a ese debate que podrían surgir, o no, de un consenso con las empresas.
Tanto en el caso de la electricidad como del gas el criterio es otorgar a las empresas un aumento inmediato menor al pretendido (éste oscila entre el 15 y 25 por ciento, según los casos) y que exceptúe a los usuarios residenciales, pero con el compromiso de realizar una “revisión tarifariaintegral” en 2006, de la que devendrá otro ajuste adicional y sí generalizado. Pero, al menos en el caso del gas, durante esa transición el ente regulador podría autorizar nuevas subas, en caso de que las distribuidoras hubieran sufrido un incremento en sus costos. Sobre esta base, es difícil prever cuál es el futuro de las facturas, así como de los nuevos contratos: para firmarlos, el Gobierno sigue exigiendo que las empresas renuncien a sus demandas ante el Ciadi.