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Mientras espera la respuesta del Vaticano, el Gobierno cuenta en su favor con una ayuda impensada: la del Derecho Canónico. A la Santa Sede le costaría mucho incluir el caso de Antonio Baseotto en la situación que los expertos llaman “sede impedida”, y por lo tanto caería cualquier argumento que quisiera sostener con cierta seriedad el absurdo de que en la Argentina se viola la libertad religiosa.
El Código de Derecho Canónico circula estos días como un documento de uso cotidiano entre el pequeño círculo de funcionarios encargados de seguir minuto a minuto el conflicto con el Vaticano.
Ese círculo le da mucha importancia al artículo 412. Dice textualmente: “Se considera impedida la sede episcopal cuando por cautiverio, relegación, destierro o incapacidad, el Obispo diocesano se encuentra totalmente imposibilitado para ejercer su función pastoral en la diócesis, de suerte que ni aun por carta pueda comunicarse con sus diocesanos”.
El decreto que el presidente Néstor Kirchner firmó el 18 de marzo último solo dejó sin efecto el acuerdo prestado por otro presidente, Eduardo Duhalde, para nombrar a Antonio Baseotto como obispo castrense. Otro artículo suspendía el pago de cinco mil pesos mensuales que recibía Baseotto del Estado argentino, en una prerrogativa negada a otros cultos por el artículo dos de la Constitución, que obliga al fisco a sostener la religión católica apostólica romana.
No hace falta ser un experto para concluir que Baseotto no está cautivo ni desterrado. Tampoco hay criterios físicos que permitan hablar de su incapacidad. En cuanto a la relegación, el Diccionario de la Real Academia define a esa palabra como “pena tempral o perpetua que había de cumplirse en el lugar designado por el gobierno”. Y agrega: “Hoy no existe esta pena”. Entre los antiguos romanos, se relegaba al “desterrar a un ciudadano sin privarle de los derechos de tal”.
Ninguna de estas condiciones parece cumplirse con el ex obispo castrense, que por otra parte sigue siendo obispo porque ésa es una facultad de la Iglesia Católica que ningún poder temporal puede interrumpir.
Según pudo establecer Página/12 tras una consulta en el Gobierno, Eduardo Di Cola, presidente del Correo Argentino, no recibió indicación alguna de interferir las cartas de monseñor Baseotto, algo que además está castigado en el Código Penal.
Un elemento que intriga a los funcionarios es si la carta del secretario de Estado Angelo Sodano, que el virtual primer ministro de Juan Pablo II debería enviar en cualquier momento a través del nuncio Adriano Bernardini, será realmente tan agresiva como hicieron trascender en los últimos días los voceros oficiales y oficiosos del Episcopado argentino.
La diplomacia vaticana tiene fama de especial, de florentina, de refinada y de imprevisible. Sin embargo, su materia de trabajo es el poder internacional, y parece ilusorio pensar que puede comportarse con reglas muy alejadas de cualquier otro poder de los vigentes, como el de los Estados Unidos.
Como el Vaticano, la diplomacia norteamericana tiene algunas normas no escritas que sin embargo cumple.
Una de ellas es que cuando un funcionario habla pidiendo reserva de identidad no expresa siempre el criterio de todo el Gobierno o del secretario de Estado. Es lo que sucedió en junio del año pasado con Roger Noriega, subsecretario de asuntos latinoamericanos del Departamento de Estado, a quien el Gobierno atribuyó el origen de una conversación off the record en la que alertaba contra una supuesta “chavización” de Kirchner y llamaba a la concordia entre el Presidente y Duhalde. Si bien Noriega dijo lo que dijo de manera informal, la política formal del Departamento de Estado, que se expresa en los hechos o en declaraciones con nombre y apellido, fue mucho más amistosa hacia la administración argentina, a talpunto que Washington elogió el proceso de canje de deuda y el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no planteó ningún escenario de conflicto con la Argentina.
Si el criterio de la Santa Sede fuese similar al norteamericano, habría que concluir que la carta de Sodano a Rafael Bielsa debería parecerse a lo que ya dijo en público el vocero de Juan Pablo II, el psiquiatra Joaquín Navarro Valls.
“Si se impide ejercer el ministerio pastoral a un obispo legítimamente nombrado por la Santa Sede según las normas del derecho canónico y los acuerdos vigentes, nos encontraríamos frente a una violación de la libertad religiosa, así como de estos acuerdos”, expresó hasta ahora el vocero del Papa.
Sin exagerar, pueden sacarse estas conclusiones:
- Navarro Valls habló en condicional. No afirmó nada.
- Nunca un vocero de ese nivel habla sin consultar previamente sobre un tema o estar imbuido de él.
- Quiere decir que la carta de Sodano estará en sintonía con las declaraciones de Navarro Valls.
- Para los Estados, incluido el Estado vaticano, como norma de convivencia el derecho internacional está por encima del derecho canónico. Pero si la Argentina ni siquiera violó el derecho canónico, como queda claro por el artículo 412 comentado más arriba en esta misma nota, el litigio quedaría dentro del derecho internacional.
En los últimos días una versión dice que el Vaticano pediría precisiones a la Argentina sobre la libertad religiosa de Antonio Baseotto.
Un funcionario que pidió reserva de su identidad dijo que “la discusión sobre libertad religiosa en la Argentina es absurda, entre otras cosas porque todos los cultos no solo ejerceren su ministerio sin ninguna restricción sino porque los dignatarios de la Iglesia cobran sueldo del Estado y muchos colegios católicos reciben subsidios”.
–¿Pero el Gobierno está dispuesto a señalar por carta que Baseotto puede decir misa? –preguntó Página/12.
–No se puede desconocer el Derecho argentino –fue la respuesta–. En nuestro país nada se rige por un criterio de “como si” o “por si acaso”. La administración pública aplica normas concretas, y los jueces tratan sobre hechos concretos o sobre violaciones concretas de la ley. ¿Alguien prohibió dar misa a Baseotto? ¿Baseotto intentó dar una misa que fue prohibida? Para las conductas que no se hayan producido solo vale la Constitución, que garantiza la libertad de cultos.
Sin embargo, más allá del derecho canónico y del derecho internacional, lo cierto es que quedaron planteadas al menos dos disputas políticas y que el Gobierno mantiene en ambas una posición dura.
Por un lado está el retiro del acuerdo prestado para que, Antonio Baseotto, un religioso antisemita y antimusulmán, lobbyista de los sectores ultraconservadores de las Fuerzas Armadas y hombre del secretario de Culto de Carlos Menem, Esteban Caselli, fuese obispo castrense. No es la primera puja con el Vaticano. En los últimos dos años el Gobierno de Kirchner fue secularizando el voto en los organismos internacionales sobre temas como la homosexualidad, la discriminación y la salud reproductiva y se alejó del bloque duro compuesto por la Santa Sede y las teocracias musulmanas. Pero el caso Baseotto da al Vaticano la primera excusa formalmente diplomática para escalar un conflicto.
Por otro lado existe una puja con el Episcopado, o buena parte de él. El Gobierno mantiene excelentes relaciones con varios obispos en la instrumentación de la política social, por ejemplo con Jorge Casaretto por su papel en Caritas, pero no trata a los obispos con el protocolo del que siempre gozaron como corporación. Y a la vez provoca recelos en ellos por el avance de las posiciones más laicistas. En rigor, esas posiciones sobre la despenalización del aborto suelen ser expresadas más por voces de la sociedad que del Gobierno. En este caso, para buena parte de los obispos el pecado oficial sería el de no militar en contra del laicismo creciente, que se corporizó en los últimos tiempos en las declaraciones sobre el aborto y la práctica de repartir preservativos surgidas ambas del ministro de Salud, Ginés González García.
La carta fuerte del Gobierno en la pelea es, en primer lugar, el nivel de popularidad de Kirchner. El cálculo oficial es que cualquiera, aun la Iglesia, mediría sus pasos antes de combatir abiertamente a un Presidente que tiene un 70 por ciento de imagen positiva.
Y otra carta fuerte es la declinación mundial del catolicismo. La Argentina no llegará nunca a albergar más católicos que otros países como los Estados Unidos, en especial por la inmigración hispana, y la India, por razones elementales de crecimiento demográfico. Pero demografía no es política. Si los Estados Unidos y la India llegan a tener más católicos que la Argentina o Brasil solo porque tienen, también, mayor población, jamás serán países católicos en términos de poder político.
En la Argentina la Iglesia Católica es creíble en las encuestas sobre prestigio institucional y ejerce un poder sin igual sobre políticos, jueces, periodistas, militares y empresarios.
La paradoja es que al mismo tiempo pierde fieles a manos de las iglesias evangélicas y que los valores expresados por sus pastores más ultramontanos, como el platense Héctor Aguer, que habla de un clima “anticatólico” y se queja del efecto ensordecedor del rock, son cada vez más minoritarios.
Para decirlo con vocabulario partidario, tiene más aparato que popularidad. Pero el aparato no es desdeñable, y menos aún las redes tejidas dentro del poder.
El obispo Casaretto viene pidiendo estos días “prudencia” y “diálogo”.
Tanto el Gobierno como la Iglesia y el Vaticano tienen espacio para ganar y espacio para perder.
Hasta ahora Kirchner aplicó al Vaticano el mismo estilo que usó, por ejemplo, en la negociación de la deuda. Tensó la cuerda hasta el final y consiguió una quita, pero no rompió con las reglas del capitalismo global ni desconoció su centro de poder político. Su estrategia frente al Vaticano parece calcada de la negociación financiera. Como el combate es duro, en el medio el Presidente será tildado de anticatólico y algún operador hasta mentará la excomunión, así como en los últimos dos años Kirchner era, para The Wall Street Journal, un peligroso populista patagónico. Pero el combate no es a muerte porque ambas partes tienen mucho que perder, y la lógica será, entonces, la habitual en la política: una negociación dura rodeada de gestos a través de los que cada uno querrá terminar este capítulo de su relación con el otro con mayor poder que antes.