EL PAIS › DE PODESTA A MACCARONE: IGLESIA Y SOCIEDAD

Happy together

Podestá en 1967, Storni en 1994, Grassi en 2002, Maccarone ahora: cuatro escándalos que hablan tanto de la Iglesia cuanto de la sociedad. Podestá luchó por la liberación de todo el hombre y todos los hombres, con dignidad y sin hipocresía. Su actitud es incomparable con la de los pedófilos Grassi y Storni. En una relación asimétrica, Maccarone se aprovechó de la miseria, igual que el poder al que enfrentó y que por su incoherencia lo derrotó con métodos viles.

 Por Horacio Verbitsky

Por cuarta vez en 38 años la Iglesia se ve envuelta en un escándalo por la conducta de uno de sus líderes opuesta a sus propios rígidos preceptos en materia de sexualidad y familia. Los cuatro casos salieron a luz por obra de terceros. Pero esta coincidencia superficial coexiste con profundas diferencias. Desde la dignísima figura de Jerónimo Podestá, que llevó sus cuestionamientos a un nivel teológico, hasta lisos y llanos pedófilos como Julio César Grassi y Edgardo Storni o aprovechadores de la miseria de la juventud en una provincia devastada, como Juan Carlos Maccarone, estos casos hablan no sólo de las personas y de la institución transnacional de la que forman parte sino también del país donde opera su rama local. Las intrigas por cuestiones políticas y económicas son menos novedosas que el contexto en el que se producen.

La factura del hotel

En 1967 el Vaticano pidió la renuncia del obispo de Avellaneda Jerónimo Podestá por haberse alojado con su secretaria en un hotel de Brasil. Podestá creyó que se trataba de un acto de espionaje de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, molesto por la experiencia de los curas obreros y por sus íntimas relaciones con el peronismo. Pero luego se supo que la factura del hotel fue sustraída de entre los papeles de Podestá por su vicario general Moni quien se la entregó al Arzobispo de La Plata, Antonio Plaza. El nuncio Umberto Mozzoni le pidió la renuncia. Podestá le explicó al papa Pablo VI que su relación era “de gracia y no de pecado” pero no pudo convencerlo. Apenas seis meses antes el Pontífice había desafiado una fuerte presión interna con su Encíclica Sacerdotalis Caelibatus. A imagen de Cristo, el sacerdote debía estar casado sólo con la Iglesia. La Santa Sede procedió por sorpresa y dejó saber el alejamiento de Podestá mientras el obispo participaba de la Asamblea Plenaria del Episcopado. En las manifestaciones organizadas en su favor se arrojaron volantes que caracterizaban así a los contendientes: “Podestá. Obispo de los obreros. Mozzoni: representante de los ricos”. También denunciaban el “concubinato de la Iglesia con el poder político”. La Argentina era todavía un país industrializado, con bajos índices de desempleo y una distribución equitativa del ingreso. Líder de la renovación conciliar, Podestá era el principal orador en actos multitudinarios de la CGT y emergía con una asombrosa proyección política. Un vocero habitual del Ejército explicó que sus conferencias sobre la Encíclica Populorum Progressio eran utilizadas “por corrientes izquierdistas”. Ante una pregunta acerca de sus ambiciones, Podestá respondió que “en determinadas circunstancias la actuación política del sacerdote puede estar justificada”. Plaza era otro de los aspirantes al bien mostrenco del voto peronista. Tenía también otros agravios: Podestá se había negado a utilizar sus contactos con el ministro de Economía Jorge Salimei para ayudarlo a resolver un escandaloso episodio financiero del Banco de La Plata, del cual era el principal accionista.

El matrimonio sacerdocio

Pablo VI asignó a Podestá el cargo honorario de obispo de Horrea de Aninico. Pese a esa degradación a una diócesis imaginaria conservaba un cierto prestigio y popularidad, que empleó en defensa de sacerdotes y laicos comprometidos con la teología de la liberación, actitud que contrastaba con la reticencia del Episcopado. La revista Así publicó tres fotos de la pareja. Ambos habían viajado a Roma, donde él participó en el Sínodo de Obispos. El sustituto de la Secretaría de Estado, Giovanni Benelli, accedió a recibir a la mujer y le aconsejó ocultarse para no perjudicarlo. Ella le respondió que no pensaban ser amantes a escondidas, sino luchar juntos dentro de la Iglesia.
–Van a sufrir mucho. La postura de la mujer en la Iglesia debe ser de silencio y obediencia –respondió Benelli, quien puso como ejemplo la obediencia de Santa Teresa y el silencio de la virgen María. Al regresar a Buenos Aires ambos concedieron otra entrevista, en la que ella lució el anillo pastoral de Podestá. El obispo dijo que se proponía reivindicar el misterio de la mujer y su complementariedad con el varón y retomar el valor que Cristo afirmó al elegir como sus apóstoles a hombres casados. La evolución cultural tendía hacia el matrimonio-sacerdocio, dijo.
Varios obispos reclamaron un castigo por el “escándalo”. El obispo auxiliar de Córdoba Enrique Angelelli propuso que se intentara un diálogo a solas con Podestá.
–Guardamos silencio para no perjudicar su fama. Pero ahora que se ha hecho público debemos hablar –lo refutó el arzobispo de Córdoba, Raúl Primatesta. El arzobispo coadjutor de Buenos Aires Juan Carlos Aramburu narró una conversación con Podestá y el arzobispo de Paraná Adolfo Tortolo para pedirle que desmintiera lo publicado en Así y rectificara afirmaciones de su libro La violencia del amor.
–Dos veces le prometió a Pablo VI que dejaría a Clelia y no cumplió. No me parece que esté dispuesto a separarse de ella –dijo Tortolo.
–Está resentido por el silencio de los obispos –explicó Aramburu.
Las minuciosas anotaciones del obispo de Goya, Alberto Devoto, muestran que ninguno de los obispos asistentes mencionó el otro tema que Podestá había planteado: las torturas con picana eléctrica sufridas por los sacerdotes del tercer mundo detenidos en Rosario. Devoto había sido uno de los obispos que se unieron a Podestá, en 1965, para exigir que la Iglesia dejara de financiarse mediante la explotación de juegos prohibidos. El Vaticano también terminó por despojar a Podestá de su diócesis de fantasía en 1972, cuando se hizo público que convivía con aquella mujer. Primer denunciante de que se estaban preparando escuadrones de la muerte fue amenazado por la Triple A y debió dejar el país. Pasó en el exilio buena parte de la última dictadura y formó un movimiento internacional de obispos y sacerdotes casados que luchó por la opcionalidad del celibato. Como en el caso de Maccarone, los intereses políticos y económicos a los que había perturbado generaron el escándalo para sacarlo de juego y contaron para ello con la complicidad del Vaticano. Pero Podestá se respetó a sí mismo y a la Iglesia y concibió su amor como parte de una militancia por la liberación de todos los hombres y de todo el hombre (así se decía antes de que se conociera la política de género).

Besos y caricias

Diez años después. Otra dictadura militar, infinitamente más cruel y un pueblo en derrota, abrumado por la represión con la que se impone una política económica de redistribución drástica de ingresos. Las denuncias públicas del Arzobispo de Santa Fe Vicente Zazpe sobre desapariciones y torturas enrarecieron su relación con el complaciente Episcopado y le valieron el control permanente de los servicios de inteligencia. Lejos de respaldarlo, el Vaticano designó como obispo auxiliar al teólogo Edgardo Storni, quien se preocupó ante todo por estrechar relaciones con las Fuerzas Armadas y de Seguridad y los sectores del poder tradicional. A su muerte, en 1984, Storni lo sucedió. “La era Zazpe terminó” dijo, y modificó las líneas pastorales vigentes. Storni fue descubierto por un seminarista besándose en la cama con otro alumno adolescente. “No se preocuparon por ocultarme lo que estaban haciendo”, sostuvo el ex seminarista Pablo Ordano, quien abandonó los estudios religiosos y se fue de la Argentina. En 1994 los sacerdotes Mario Silvestri y José Guntern le pidieron a Storni que reflexionara sobre lo que hacía con los jóvenes. Guntern le escribió una carta confidencial y amistosa, recriminándole el “beso sexual” que le había dado a un seminarista durante un retiro espiritual y que había sido visto por otro sacerdote. “Tuviste un serio desliz que afectó a un grupo en plena formación espiritual y humana”, le decía antes de pedirle que se alejara de la diócesis. El Vaticano envió al obispo de Mendoza José Arancibia, quien documentó los abusos sexuales contra seminaristas luego de escuchar el testimonio de 47 jóvenes, una psicóloga y familiares de las víctimas. Pero el episodio sólo se publicó en la edición rosarina de este diario y el Vaticano archivó el informe. Por entonces Maccarone representaba al Episcopado ante la Convención Constituyente que hasta agosto de 1994 sesionó en Santa Fe para legalizar el Pacto de Olivos. En diciembre, Maccarone regresó “para acompañar al arzobispo Storni que tiene que probar el trago amargo de la difamación”, dijo. En 1995 Juan Pablo II ratificó su confianza en Storni. Con ese respaldo hizo gran alarde de actividad contra los proyectos de ley de Salud Reproductiva, la distribución de anticonceptivos en los hospitales públicos y la ley de Juegos y en reclamo de mayores aportes del Estado para las escuelas confesionales. Ese mismo año un curioso accidente de tránsito acabó con la vida del sacerdote José Luis López, quien había denunciado en sus sermones que la policía y los punteros políticos del nuevo país neoliberalizado usaban a los vecinos de los barrios más pobres como dealers y consumidores de estupefacientes. Enviados de Storni requisaron sus papeles.

El canon 401

En 2002 el caso de los abusos sexuales de El Rosadito Storni fue retomado por la periodista Olga Wornat, en su libro La Santa Madre. Wornat también dijo que el gobierno de Carlos Reutemann había pagado al arzobispado para que cesara su oposición al establecimiento de bingos y casinos. Otros ex seminaristas se animaron a contar lo que habían visto o padecido. La justicia local despertó y Guntern, quien ya tenía 82 años, difundió su carta de 1994. Storni citó a los vicarios de su diócesis y –según confesó el entonces canciller de la curia Carlos Scatizza– les ordenó:
–¡Me lo traen ya!
Los vicarios lo forzaron a subir a un auto. En el arzobispado lo esperaba el escribano Ricardo Chaminaud. Lo encerraron y lo obligaron a firmar sin leerla una retractación. “En ningún momento se realizó referencia a algún acoso de tipo sexual en relación a los seminaristas. El término desliz no se refiere a lo sexual. El adolescente interpretó erróneamente los gestos afectuosos de monseñor Storni”, decía. Tres jueces que intervinieron en forma sucesiva (Julio César Costa, Eduardo Giovannini y Carlos Ferrero) procesaron a los vicarios Hugo Capello, Mario Grassi, Edgard Stoffel y Marcelo Mateo por coacción y a Storni como instigador. De los careos surgió que Storni estaba a pocos metros cuando Guntern fue forzado y que luego de la discusión todos rezaron juntos. El acta firmada por Guntern fue presentada por Storni en el Vaticano cuando viajó en busca de nuevo apoyo, que ya no consiguió. En octubre de 2002, el Vaticano le aplicó el ahora famoso canon 401 que ordena la renuncia si una “causa grave” disminuye la capacidad de un obispo para su función. Una vez que la cuestión salió de la penumbra de la sacristía se sumaron nuevas revelaciones. Otra causa judicial se abrió por un faltante de 150.000 pesos convertibles en dólares de la colecta Más por menos. El Episcopado no trató el tema e hizo saber que estaba muy ocupado con el informe sobre las mesas del denominado “Diálogo Argentino”, con el que la Iglesia intentó recuperar algún activismo político. La ayudó el Senador Eduardo Duhalde, quien necesitaba legitimar su acceso al Poder Ejecutivo a contramano del adverso voto popular. Desde su renuncia, Storni vive en una residencia eclesiástica de Córdoba, retiene el título de Obispo Emérito y cobra su jubilación que paga la Cancillería. Hasta ahora Maccarone no solicitó la suya. El procesamiento por los abusos sexuales agravados contra varios ex seminaristas fue confirmado por la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte de Santa Fe y llegó en queja a la Corte Suprema de Justicia. El ahora suspendido juez Antonio Boggiano lo demoró todo lo posible a la espera de que prescribiera.

Pedofilia y poder

En octubre de 2002 el juez de Morón Humberto Meade ordenó la detención del sacerdote Julio César Grassi por abuso deshonesto y corrupción de cinco menores, ambos delitos agravados por su condición de guardador. Las víctimas vivían en la fundación que el cura presidía desde 1993, Felices los Niños, que el humor popular rebautizó Happy Together. Grassi había recibido millonarias donaciones del presidente Carlos Menem y su ministro Domingo Cavallo. Con el aporte de los principales grupos económicos y el beneplácito de los grandes medios de comunicación, aparecía como el rostro caritativo de un establishment que aborrecía las políticas públicas y respondía a cualquier problema con la privatización. Así llegó a administrar una docena y media de hogares donde vivían más de 6000 chicos. La denuncia contra Grassi había sido presentada en noviembre de 2000. Pero la causa no avanzó hasta que el programa Telenoche Investiga entrevistó a varios chicos. Uno contó que el cura lo sentó sobre su falda y empezó a tocarlo. “Me dijo que era algo normal, que los hombres se tenían que conocer, que como yo no tenía padre él me quería explicar cómo era la vida”. En un segundo encuentro “me tocó el pene y me dijo: ‘¿Querés que te lo chupe?’ Yo negué con la cabeza pero él lo hizo por un rato largo. Esa noche me escapé”. Según el juez el dormitorio de Grassi daba a “un salón espectacular, con equipo de audio, tevé, una cama grande y un espacio para hacer gimnasia, que parecía una suite nupcial”. Mientras este programa se transmitía por el Canal 13 de televisión, del grupo Clarín, Grassi se presentó en el Canal 9, de Daniel Hadad y Raúl Moneta, donde negó los cargos. Pero antes de que llegara la policía a buscarlo se escapó y estuvo varios días prófugo. Una vez detenido, Mariano Grondona lo entrevistó en un local policial. Grassi dijo que se trataba de una agresión contra la Iglesia. “Cuando se quiere ensuciar a un sacerdote siempre se recurre a acusaciones de tipo económico o sexual”, dijo. Con el patrocinio del abogado Luis Moreno Ocampo denunció que un joven intentó extorsionarlo antes de la emisión de Telenoche. Grassi sostiene que en los tribunales de Morón sufrirá “un linchamiento judicial” y pide que lo juzguen jurados populares. Todas las instancias posibles ya rechazaron esa pretensión de su abogado Julio Virgolini. La última fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace diez días. Por unanimidad dijo que el recurso de Grassi no se dirigía contra una “sentencia definitiva o equiparable a tal”. Distinto hubiera sido el pronunciamiento si Grassi estuviera detenido, pero la jueza de garantías Mónica López Osornio le concedió la libertad vigilada con la condición de que no se acerque a los párvulos. De este modo ya no hay obstáculos para el juicio oral. El mismo argumento le espera al recurso de Storni.

Facetas

La renuncia de Maccarone muestra diversas facetas, contradictorias y complementarias. La primera es lo que Maccarone llamó extorsión o venganza de los sectores políticos y económicos del feudo santiagueño que enfrentó desde el Obispado, es decir el eje integrado por los ex gobernadores Carlos Juárez y Nina Aragonés y el grupo económico Ick. Son los mismos que financian al ex obispo castrense Antonio Baseotto, cuyo destino anterior fue el obispado santiagueño de Añatuya. Durante décadas sometieron a la provincia a un sistema de espionaje, crimen y terror. Entre quienes expresaron solidaridad con Maccarone se destaca la Mesa Provincial de Tierra, creada por su iniciativa y que integran, entre otras organizaciones, el Movimiento Campesino de Santiago, MoCaSe. Maccarone sería “víctima del accionar de poderosos que quieren continuar impunemente manejándonos a los santiagueños”. La Mesa recordó una carta firmada por el ex obispo hace cinco años, en defensa del derecho de propiedad de los pequeños productores, cuyas dificultades legales o económicas para superar la ocupación precaria y obtener sus títulos legítimos requieren “la creatividad legislativa y la vigencia de la equidad social para solucionar el problema de los que menos tienen, de los que menos pueden y también menos saben de sus derechos y de los caminos de su reclamo justo y eficaz”.
La segunda faceta la constituyen las disputas políticas del Episcopado. Como Podestá en 1967, Maccarone representa una línea posconciliar que acepta el compromiso temporal con los pobres. El video que muestra su relación sexual con un joven llegó a Roma por obra y gracia de otro sector, más dado a la tradición integrista y los negocios. Lo integran desde obispos como Héctor Aguer (sucesor de Plaza en La Plata), hasta altos dignatarios del Vaticano (el secretario de Estado Angelo Sodano, su segundo el obispo argentino Leonardo Sandri, el ministro de relaciones exteriores Giovanni Lojolo) y ex funcionarios de los gobiernos de Carlos Menem y sus dos vicepresidentes, Carlos Rückauf y Eduardo Duhalde, como el potentado accionista de Canal 9 e Infobae Esteban Caselli. El episodio muestra hasta dónde están dispuestos a llegar esos sectores que no se resignan a la pérdida del poder. La faceta contigua lleva a la escena política nacional. Un miembro de ese grupo, el también ex secretario de Culto de Menem, Juan José Laprovita, lanzó el único ataque público contra Maccarone. Ex funcionario del lopezreguismo durante la intervención federal cordobesa del brigadier Raúl Lacabanne y antena santiagueña del grupo lefébvrista del Verbo Encarnado, Laprovita involucró en su diatriba al gobierno. El 25 de mayo Maccarone recibió a Kirchner, que desplazó el Te Deum de la Capital Federal. “Kirchner es un enemigo de la Iglesia y Maccarone era amigo de los enemigos de la Iglesia, de aquellos que estaban con el ateísmo, que estaban con el aborto. Era muy amigo de todos los que confrontaban contra la Iglesia y su acción pastoral dejó mucho que desear. Permitía que se diera catequesis con un profundo sentido marxista”, dijo Laprovita. Sin embargo, para la sociedad política el efecto del episodio no es malo, desde que ayudó a que los obispos advirtieran que no están en posición de levantar el dedo de la indignación moral por el tono de la campaña proselitista.
La cuarta faceta es la conversión episcopal al pluralismo y la tolerancia. La Comisión Ejecutiva del Episcopado (Jorge Bergoglio, Eduardo Mirás, Domingo Castagna y Sergio Fenoy) dijo que acompañaba al hermano con afecto y comprensión y agradeció su labor “al servicio de los pobres y de quienes tienen la vida y la fe amenazadas”. La declaración incluyó una frase tan bonita como alambicada: “La Iglesia, en la debilidad de sus hijos, es en el mundo signo de la misericordia de Dios Padre en Jesucristo. Esto nos exige día a día una constante conversión y penitencia sin temer a la verdad ni pretender ocultarla”. Aunque la verdad surgió en contra de la voluntad de la Iglesia por el acto deleznable de la filmación, el cambio de actitud es encomiable. En 1991 el arzobispo de Buenos Aires Antonio Quarracino celebró que la justicia negara la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina, CHA. “Qué mal suenan esas dos palabras juntas, homosexual y Argentina”, dijo. Consideraba la homosexualidad “un desvío de la naturaleza humana, como la animalidad”. La CHA lo denunció por discriminación pero la jueza María Susana Nocetti de Angeleri cuestionó los fundamentos de la ley antidiscriminatoria y lo absolvió por haber hablado en “tiempo de cuaresma”. La organización GaysDC anunció que era inútil invocar las leyes constitucionales “en un país donde la Justicia se expide con las leyes de la Iglesia”. El obispo de Formosa Dante Sandrelli apoyó a Quarracino: “Los homosexuales son una plaga que hay que erradicar de la sociedad”, dijo. En 1994, Quarracino encontró el método para esa erradicación: había que encerrar a gays y lesbianas en un ghetto. Esto le valió una nueva querella que el juez federal Norberto Oyarbide desestimó: no había delito porque la ley 23.592 no contemplaba la “orientación sexual”. Habrá que esperar a que un nuevo caso equivalente afecte a un ciudadano sin traje talar para verificar la solidez del cambio de comportamiento. La quinta faceta tiene que ver con la hipocresía eclesiástica. Maccarone ya había tenido una denuncia por abuso sexual durante su desempeño en el obispado de Chascomús. La Iglesia se limitó a trasladarlo a otra diócesis, como hace la policía con los comisarios acusados por delitos. Tampoco era un obispo más. Tenía a su cargo la Comisión Episcopal de Catequesis. El anacrónico Catecismo que enseña lo obliga a la castidad y el celibato (#2348/2349) y condena los actos homosexuales como “depravaciones graves” y “contrarios a la ley natural” (#2357). Pese a ello en su carta dirigida a solicitar la complicidad episcopal pretende que su vida “no fue una mentirosa apariencia” y los sacerdotes santiagueños lo consideran “un ejemplo de hombría de bien”. La sexta y última faceta es adyacente a la primera y hasta ahora no ha merecido reflexión pública alguna: es el abuso de poder en la relación asimétrica de un príncipe con un pordiosero. En la provincia con el índice más alto de Necesidades Básicas Insatisfechas del país, donde 3/4 partes de la población dependen de algún modo del empleo público, el vínculo sexual con un adolescente pobre es lo menos parecido posible a una relación de mutuo consentimiento entre adultos libres. Nada cambia ya sea que el joven explotado actuara por despecho ante las promesas incumplidas de un puesto público o fuera un pícaro buscavidas que se prestó por dinero a una maniobra vil. En ese último caso, Maccarone habría perdido en la subasta por ese cuerpo y su alma ante alguien que pagó un precio más alto: en vez de un empleo, cincuenta o cien mil pesos. La lección, tan válida para eclesiásticos como laicos, es que luchar con eficacia contra el poder más corrupto e inescrupuloso requiere de otra coherencia y otra ética.

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Maccarone, Storni, Grassi y Podestá: cuatro casos muy diferentes en cuatro décadas de la Iglesia.
 
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