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“Te van a matar como un perro, como a Santillán”, fue el mensaje que una voz amenazante dejó en el contestador automático del estudio del abogado Claudio Pandolfi, que pertenece a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y representa a las víctimas de la masacre del 26. “A vos, negra de mierda, y a ese pelotudo los vamos a reventar”, escuchó al levantar el teléfono la esposa del fotógrafo Sergio Kowalewski, quien repitió ante la Justicia el testimonio que había dado a este diario, contando cómo vio a los policías bonaerenses dispararle al piquetero Darío Santillán en la estación Avellaneda.
El sábado, la mujer de Kowalewski atendió otros dos llamados intimidatorios. En el segundo, la misma voz los amenazó con “hacerlos mierda” y en el tercero una mujer les advirtió: “Cuídense”. El fotógrafo admitió que estos hechos sumaron más tensión al hogar que comparte con sus hijos, su madre y su abuela de 90 años. “Yo estoy un poco más curtido, pero no deja de preocuparme la situación”, comentó a este diario.
“Era esperable, me hubiera sorprendido que no hubiera amenazas, pero no deja de ser grave la impunidad con que siguen operando”, comentó Pandolfi a Página/12. El letrado relató que el intimidador se permitió agregar que su socia “es muy linda”, según cree, para “sembrar un pánico indiscriminado porque en realidad nosotros estamos bastante acostumbrados a eso”. El estudio de Pandolfi está ubicado en el centro de Lanús, cerca de la estación, y cuando su socia llegó ayer al mediodía encontró el mensaje en el contestador. Se puso nerviosa y llamó enseguida a su compañero de trabajo para avisarle. “Tenemos 15 guardias de Infantería apostados en la plaza, que debe ser la más segura de la zona”, describió con ironía el abogado. Y agregó que la fiscalía de Juan José González también está rodeada de policías, “uniformados y hasta con casco, en una actitud bastante intimidatoria”.
Pandolfi junto a Sergio Smietniansky presentarán una denuncia por amenazas, pero consideran que la investigación de tales hechos intimidatorios deberían ser analizados en el marco de la misma causa referida a los hechos, que lleva adelante el fiscal González. De hecho, ya existe otro expediente abierto a partir de las amenazas que recibieron los comerciantes de la estación Avellaneda. El viernes trascendió que la policía pasó por sus locales a decirles: “Ustedes no vieron nada por efecto de los gases”. Desde la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón también denunciaron que algunos de sus integrantes, que son testigos, fueron recibiendo diversos tipos de amenazas. Sin embargo, los testigos presentados por la Correpi rechazaron la protección que les ofreció tanto el gobierno provincial como el nacional. Los abogados de esa organización llevarían el caso al ámbito de la Justicia internacional. Es el quinto año que Amnesty International recibirá los datos de las amenazas que sufren los letrados de esa organización.