EL PAíS › EL GOBIERNO QUIERE QUE LA MASACRE VAYA SALIENDO DE LA AGENDA

De eso mejor que no se hable más

Tras sucesivos papelones y desmentidas por los hechos en la Rosada optan por el perfil bajo. Ayer casi no hubo declaraciones sobre Avellaneda y están dispuestos a seguir así. En el último de los casos tratarán de decir que todo está en manos de la Justicia.

 Por Diego Schurman

Todo resta. Esa es la conclusión a la que llegaron en Gobierno. Por eso la estrategia de Eduardo Duhalde será quitarle volumen a la masacre de Avellaneda. El Presidente sabe que la mayoría de las palabras de sus funcionarios no tardaron en ser refutadas por la realidad y otros dichos aún deberán pasar la prueba de fuego de no ser desvirtuados por las investigaciones en curso. Por eso la decisión oficial para evitar nuevos pasos en falso será apelar al mayor silencio posible, amén de las operaciones. O, en el peor de los casos –es decir, si la prensa insiste— responder con un clásico: que el tema está en manos de la Justicia.
La estrategia fue reconocida a Página/12 por tres integrantes del gabinete nacional. Uno de ellos luego de admitir haber “metido la pata” a la hora de explicar lo sucedido.
Es que tanto Duhalde como Felipe Solá habían suscripto originalmente, aunque no públicamente, a la teoría de la “interna piquetera” como responsable de las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Esa versión fue difundida profusamente por sus hombres en la Casa Rosada y La Plata.
Cuando las fotos de Página/12, Clarín y La Nación comprometieron a la policía bonaerense, Luis Genoud debió dejar el Ministerio de Seguridad provincial. Por su parte, Juan José Alvarez, secretario del área a nivel nacional, se desgañitó explicando que los efectivos a su cargo no utilizaron balas de fuego. Sin embargo, anoche se mantenían las dudas sobre el accionar y el armamento utilizado por la Prefectura (ver asimismo página 5) .
A pesar de la encuesta de Rouvier y Asociados, que en la Casa Rosada se encargaron de distribuir con fruición –ya que los consultados señalan a la policía bonaerense como principal responsable del hecho mientras el Gobierno aparece en tercer lugar, detrás de los piqueteros–, todos saben que las crítica arrecian.
No se salvó ni el propio Duhalde, a quien el jefe de la Departamental Quilmes, comisario Julio César Frutos, cuestionó por haber puesto en duda el compromiso democrático de toda la policía bonaerense sin distinción (ver página 9).
La última semana, el Presidente dijo que la represión fue una verdadera “cacería humana” y luego, en un reportaje, señaló las dificultades para “poner en caja” a lo que en algún momento denominó la mejor policía del mundo. Ayer prefirió refugiarse en el silencio.
–Si bien el Gobierno dejó en claro que no descartaba ninguna hipótesis, el hecho de que las muertes habrían sido provocadas por las fuerzas bonaerenses, lleva un planteo de otro ángulo y no el que dimos –reconocieron en el Ministerio del Interior.
El titular de esa cartera, Jorge Matzkin, prefirió difundir sus tareas al frente de la reforma política y mostrarse ajeno a la masacre de Avellaneda, pese a que analizó el tema con Alvarez en la Rosada. El funcionario fue quien apuntó sobre los piqueteros, alertando sobre un eventual retorno de la lucha armada, una teoría que se evaporó en muy pocas horas.
Alfredo Atanasof, otro de los que vino marcando el terreno de la protesta en las últimas semanas, también evitó profundizar sobre el tema. El jefe de Gabinete estuvo abocado a una agenda variopinta, pero que se centró en el análisis de la restitución del 13 por ciento del salario a los estatales.
–¿Para qué vamos a hablar? Ya se dijo todo. Ya dijimos todo –señalaron fuentes de esa cartera.
–¿Hay órdenes de no hablar más? –preguntó este diario
–Lo mejor, ahora, es no hablar más –se limitó a contestar.

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Eduardo Duhalde tuvo que pasar un trago amargo durante la semana pasada y quiere digerirlo.
Los hombres del Presidente han decidido hablar sobre temas menos candentes y menos espinosos.
 
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