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“Hay algunos sectores mesiánicos que buscan desplazar con mecanismos de la violencia el funcionamiento democrático”, afirmó el vocero presidencial Eduardo Amadeo en referencia a las organizaciones piqueteras. El miércoles pasado dos jóvenes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad. Pero para el Gobierno, la violencia sigue proveniendo de los desocupados. Por eso, ante la marcha que partirá hoy del conurbano y terminará en la Plaza de Mayo para repudiar la represión, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, pidió a quienes se movilizan que lo hagan “con absoluta paz, con prudencia, sin afectar el desenvolvimiento de quienes necesitan desplazarse para ir a trabajar”.
El jefe de Gabinete dijo que durante la movilización se desplegará un operativo de prevención a cargo de la Secretaría de Seguridad Interior y subrayó que “cada vez que hay una marcha de este tipo la Policía Federal no aporta balas de plomo”. El jefe de esa fuerza, Roberto Giacomino, anunció que “se nos demanda con urgencia contener una ola de violencia que hace muchos años venimos advirtiendo que tendría estas dimensiones” (ver aparte). Durante la conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, Atanasof pidió “paz y prudencia” a los desocupados que marcharán a la Plaza de Mayo y les reclamó a los dirigentes piqueteros que “privilegien la negociación y el diálogo”. No aclaró qué le pidió a la policía.
“Aplicar la ley con prudencia”, fue la curiosa definición con la que Amadeo describió la posición que mantendrá el Gobierno en relación a la marcha en la que se repudiarán los homicidios de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El vocero insistió en la hipótesis de la existencia de “una escalada de violencia que estaba planificada” por parte de un sector de los piqueteros y que “fue ese programa de violencia lo que decidió al Gobierno” a prohibir los cortes de tránsito en puentes y calles. Ese impedimento se plasmó el miércoles en una represión que terminó con dos muertos en la estación Avellaneda. Para el vocero, mantener la paz social “es un camino sinuoso, difícil” y el Gobierno “lo lleva adelante desde hace seis meses y va a seguir” en esa línea.
El ministro de Interior, Jorge Matzkin, también habló sobre la marcha de hoy: “En general va a haber mayor actividad vinculada a preservar bienes, a persuadir, a facilitar que aquellos que quieran ejercer sus peticiones lo puedan hacer en libertad, porque es un derecho constitucional; la misma libertad que le asiste a todos aquellos que quieran transitar libremente y no ser perjudicados por cortes”, destacó.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, fue otro de los funcionarios que asoció a los piqueteros con actos agresivos al considerar que el Gobierno “tiene que tener la suficiente inteligencia para tratar de prevenir todos y cada uno de esos puntos establecidos en ese cronograma de hostilidades”. Según Fernández, el miércoles pasado “hubo un grupo de violentos que se enancó en esa propia violencia, y sin darse cuenta llevó a una pésima situación a un grupo importante de gente que manifestaba como lo ha hecho siempre”. El funcionario agregó: “no debemos analizar la muerte de los pibes, que no tiene ninguna explicación... sería mezquino e irrespetuoso ponerse a dar explicaciones técnicas. No tiene explicación y punto”.
Un grupo de diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que preside el socialista Alfredo Bravo, se reunió ayer por la tarde con el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, y le solicitó garantías para la movilización. Margarita Jarque, del Frente Grande, María del Carmen Falbo, del PJ y Atilio Tazzioli, del ARI, entre otros, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se produzcan “arbitrariedades” por parte de las fuerzas de seguridad y por la presencia de policías de civil. Alvarez sostuvo que impartió órdenes precisas para que se abstengan de participar del operativo todos lo agentes que no sean previamente convocados y debidamente identificados, es decir, uniformados y con sus respectivas placas y agregó que sólo será utilizado armamento disuasivo.