[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Una disputa por el excedente

Por Alejandro Rofman *

El “campo” es un recinto geográfico con una extensa, variada y heterogénea trama social donde los actores que despliegan su actividad son muy diferentes y cumplen roles distintos. Los que toman decisiones son esos actores en función de su definida inserción social. Así, en el “campo” o en el sector agropecuario pueden coexistir un grupo empresarial como Cresud, que posee centenares de miles de hectáreas y alquila otras tantas, y un minifundista del Chaco que siembra algodón en 5 hectáreas (el 70 por ciento del total de los agricultores algodoneros de esa provincia). Estos lo venden al “bolichero” a precio vil para retirar comida, pero no les alcanza para alimentar a toda su familia, por lo que deben vender su fuerza de trabajo en el mercado y/o cultivar productos en su finca para el autoconsumo.

En el “campo” coexisten actores sociales poderosos que controlan la actividad por su posición oligopólica o monopólica. Y ejercen relaciones de dominación sobre otros actores de menor poder negociador. Arriendan campos y contratan fuerza de trabajo. Es un espacio social altamente complejo y heterogéneo.

En el Censo de 2002 se estimó en poco más de 300.000 la cantidad de productores agropecuarios. Entre 1988 y dicho año abandonaron la actividad alrededor de 100.000 pequeños y medianos. En los últimos años, muchos de los que no desaparecieron se dedicaron a cultivar soja en el verano (y luego hacen trigo u otra actividad en el invierno). Son alrededor de 70.000 productores. También están los rentistas de tierras y los pools de siembra. Estos suman unos 2000, que han sido responsables del 80 por ciento de la producción de soja.

¿A qué se dedica el resto de los agricultores y ganaderos? A una gran gama de procesos de producción, ya sean perennes o anuales. Se encuentra la actividad ganadera –ovina, vacuna, porcina– en todo el país, según climas y recursos. Frutas de pepita –manzana y pera– en el Alto Valle de Río Negro y en Cuyo. Frutas de carozo, como durazno y ciruela, en Cuyo y provincia de Buenos Aires, la uva en Cuyo y el norte, el citrus, en la Mesopotamia y en provincia de Buenos Aires. Maíz y girasol (también cultivos de verano) en la Pampa Húmeda y en el oeste y el norte. Caña de azúcar, en el norte. Algodón, en el nordeste. Poroto, en el norte. Yerba mate y té, en Corrientes y Misiones. Tabaco, en varias provincias norteñas. Avicultura y arroz en la Mesopotamia y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba. A todo ello hay que agregarle toda la actividad hortícola, que produce para el mercado de consumo de todo el país hortalizas y legumbres, diseminada por el amplio territorio nacional.

La extensa lista indica que este conflicto por el reparto de la ganancia y la renta empresarial de la soja abarca solamente al 20 por ciento de los productores, siendo la mayor parte de ellos ya no más propietarios de la tierra. En las últimas campañas agrícolas de la Pampa Húmeda y algunas provincias cercanas, el 70 por ciento de la tierra no es explotada por sus dueños, sino que es alquilada. Los que arriendan sus predios, nietos de los arrendatarios que poblaron las praderas fértiles de la Argentina un siglo atrás, cobran un porcentaje de la producción física valorizada por precio en el mercado como arriendo y los disfrutan en los centros urbanos cercanos o alejados. Seguramente muchos de ellos protestaron en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y en ciudades del interior (como Rosario) donde residen, porque si las retenciones aumentan, el precio de mercado baja y se perjudican.

Debe quedar bien en claro que esta es una disputa sobre excedentes económicos reconocidos por todos los implicados en la puja, en relación a la estrella de la actividad agrícola argentina: la soja, que entrega anualmente en torno a 45 millones de toneladas, el 50 por ciento de la producción agraria argentina. Como en el último semestre la soja creció en valor de mercado por unidad de peso (tonelada o quintal) casi el 70 por ciento, lo que está en disputa es una parte mínima de dicho incremento. Ningún sojero corre el peligro de quebrar ni de morirse de hambre, sino que pelea, por sí o por intermediarios, para que no se le rebane el fabuloso incremento de sus beneficios netos.

* Economista del Plan Fénix, especialista en economías regionales.

---

Soberanía alimentaria

Por la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de la Provincia de Buenos Aires

Como suele ocurrir muchas veces en las situaciones de crisis, las cosas no aparecen claras. Es necesario separar la paja del trigo. Esta situación que están generando las grandes entidades del campo es la paja que se mezcla con justas demandas de pequeños y medianos productores. Pero que no nos vendan gato por liebre. ¿Qué es lo que se está poniendo en juego con este paro salvaje encabezado por estas entidades? ¿Alguien recuerda una medida semejante en la década de los ’90, cuando se producía la mayor concentración de la tierra y los recursos naturales? ¿Cuando éramos expulsados de la tierra más de 250 mil familias de productores y cientos de miles de trabajadores rurales? ¿Cuando nuestros pueblos rurales entraron en vías de desaparición, obligándonos a migrar a los conurbanos de pobreza con todas las perversas consecuencias que tuvo para muchos de nosotros? ¿Qué han hecho estas cuatro entidades frente a las persecuciones, cárceles, muerte, incendios de casas y animales para robarles las tierras a los pueblos originarios y campesinos en nuestro interior profundo, por parte de grupos armados pagados por los empresarios rurales? Nada, no hicieron nada. Fueron beneficiarios.

En esa época se terminó de definir el actual modelo agroexportador neoliberal que produce súper riqueza para pocos y pobreza para muchos. Argentina se constituyó en el tercer productor de soja transgénica en el mundo, socavando la soberanía alimentaria del país construido por muchas generaciones de argentinos. La defensa de ese modelo agropecuario es lo que está en juego en este paro político y salvaje de la Sociedad Rural y sus socios. Eduardo Buzzi y la FAA deberán explicarnos por qué condujo a sus federados, muchos de ellos pequeños y medianos productores como nosotros, a la cola de estos grupos concentradores de la riquezas y el poder que muchas veces fueron sus verdugos.

Que no nos confundan. La eliminación o disminución de las retenciones, bandera visible de la extorsión, beneficia centralmente a los grandes empresarios rurales, a los pools, a las corporaciones, a los grandes pulpos exportadores y especuladores. Benefician a los que no tienen cómo ocultar las ganancias sin precedentes que están obteniendo, y nos perjudica a todo el resto de la sociedad porque, por ejemplo, deberíamos pagar alimentos de primera necesidad mucho más caros.

Para construir un país con justicia e igualdad es necesario también construir otro modelo de desarrollo rural. La cuestión de la tierra y el agua son bienes sociales. Por eso deben ocupar un lugar primordial en nuestras organizaciones sociales, en la agenda pública y en las políticas del Gobierno. El problema de la tierra no es sólo una cuestión de los campesinos e indígenas, de pequeños y medianos productores. Afecta a toda la sociedad: define el modelo de país y al proyecto de sociedad.

Los productores familiares, que fuimos considerados inviables en la década del 90, tenemos muchas necesidades urgentes y muchas propuestas. En nuestras manos está una parte importante de la producción de alimentos frescos, que alimentan a nuestras familias y diariamente llega a las mesas familiares de muchos argentinos. Es necesario apoyar y desarrollar una agricultura con agricultores, para recuperar la soberanía alimentaria, o seguiremos siendo dependientes y rehenes de este poder concentrado.

La alimentación es un derecho humano básico, por lo tanto la sociedad y el Estado tenemos el derecho de definir las políticas agrícolas y alimentarias para garantizar el bienestar de la población. Cuando hablamos de alimentos no se trata de ver cómo llenan los bolsillos grandes los empresarios de la Sociedad Rural y sus socios: las corporaciones trasnacionales de la agroempresa. Se trata de definir qué alimentos se producen, dónde se producen, cómo se producen, quiénes los producen.

La agricultura familiar es generadora de puestos genuinos de trabajo, productora de arraigo de nuestras familias, barrera para las migraciones de nuestros hijos. Necesitamos que la sociedad comprenda quiénes somos y que no se confunda. Estamos hablando desde los que vivimos, trabajamos, producimos, sufrimos, cuidamos y amamos la tierra. Producimos sobre todo alimentos, poblamos y cuidamos el campo, somos los conservadores y los sostenedores de nuestra cultura. Somos miles de familias agricultoras que no tenemos nada que ver con los que hoy conducen este paro empresario y que pretenden impedirnos que lleguemos con nuestros productos a su mesa.