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En la Corte Suprema existe un proyecto de reglamento para publicitar las declaraciones juradas de sus miembros. La idea, impulsada por el actual presidente del cuerpo, Enrique Petracchi, tuvo apoyo de varios de sus compañeros, pero todavía están limando los alcances de la medida, es decir, qué detalles patrimoniales darán a conocer y cuáles se reservarán. Por otro carril, el Consejo de la Magistratura debe resolver si dispondrá el mismo sistema para todos los jueces inferiores. En ese cuerpo aparecieron muchas resistencias, pero tal vez el nudo se desate en los próximos días. De esta manera, pese a las buenas intenciones, sigue prevaleciendo aquella resolución de los tiempos de Nazareno con que el máximo tribunal autoexcluyó a los jueces de la aplicación de la Ley de Etica Pública, que desde 1999 obliga a los funcionarios a dar a publicidad su patrimonio y renovar su declaración de bienes todos los años. A principios de agosto, un grupo de ONG insistió en pedir que se transparente el capital de los magistrados y se derogue la norma que les da el privilegio de mantener el secreto. Las organizaciones que reclaman son el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el CELS y Poder Ciudadano, entre otras.