EL PAIS › OPINION

La ley de Lynch, en vivo

 Por Mario Wainfeld

Tal vez resulte (irónicamente) muy brutal empezar esta columna diciendo que:

Facundo Macarrón es inocente.

Así que propongamos otro inicio, preludiado por una advertencia metodológica: el autor de esta nota no cubre la investigación sobre el asesinato de Nora Dalmasso, accede a ellas como cualquier otro ciudadano. Eso sí, conoce los principios básicos del sistema legal argentino. Basado en ellos y no en ser avezado en el caso, afirma:

Facundo Macarrón es inocente, salvo que sea declarado culpable por sentencia firme de un tribunal competente.

El principio es la inocencia, la culpabilidad es una excepción supeditada a rigurosos requisitos previos. El régimen penal local no es especialmente avanzado, pero sí congruente con los valores esenciales de las democracias occidentales.

Facundo Macarrón, que es asediado como no deben ser asediados ni siquiera los culpables, tiene 20 años.

¿Son dos obviedades? Deberían serlo, mas no.

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“¿Sos inocente?”, le preguntan varios movileros mientras lo encierran.

Algunos, más lanzados, optan por “¿La mataste, Facundo?”

Habría que repasar los anales del periodismo internacional para precisar cuántas veces se obtuvo una confesión así, de alguien que va a “estar a derecho” en tribunales, con asesoramiento jurídico. No hace falta ser un iniciado para concluir que las chances son irrisorias. La pregunta no es tal, es un modo tortuoso de acusación. Hay otros, claro.

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Facundo es imputable desde el punto de vista penal pero es menor para la ley civil argentina. Protectora, le fijará límites y exigencias para que compre un departamento o salga, así como así, de garante de un amigo.

Decir que esas reglas se están burlando masivamente sería un eufemismo. Más cercano a la verdad sería señalar que esa ley ha sido derogada de hecho en la abrumadora mayoría de las coberturas mediáticas.

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Se hacen perfiles psicológicos de la víctima y de su hijo. Se equipara livianamente el caso con otros, ya sentenciados y parcialmente olvidados. Se hacen análisis grafológicos de parado sobre una supuesta firma del joven. Las conclusiones se disparan con irresponsable énfasis, casi siempre en sentido inculpatorio. Circunstancias usuales en cualquier familia (rencillas, intolerancia, sobreprotección) se retraducen rápidamente como presupuestos cabales de un crimen atroz. A veces se usa el potencial, como para maquillar.

Ya que estamos, se habla de las opciones sexuales personales.

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No es una novedad, ni en la Argentina ni en otros países. La información sobre expedientes judiciales (una necesidad y una virtud del sistema democrático) desplaza del escenario a la función judicial. Los medios a menudo actúan como justicia sustituta. Dictaminan veloces, condenan inapelablemente en “tiempo real”. El despliegue de los tribunales (con su carga de garantías a favor del procesado o sospechado, con sus controles, con las apelaciones) queda desacreditado a priori, de pálpito.

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Las teorías que ha propuesto la fiscalía han sido tres, consecutivamente en el breve lapso de un semestre. Todas se divulgaron generosamente, aun en la etapa de secreto del sumario. La primera rondaba a presuntos amantes de la víctima. La segunda, al pintor Gastón Zárate. La tercera al hijo. Es notorio que son excluyentes y que no hay elementos sólidos para validar ninguna. Todas han sido desmenuzadas y transformadas: de especulaciones sujetas a corroboración empírica a una suerte de verdad revelada.

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En estos días se ha discutido la falta de autocontrol o (aun) de control estatal de los medios audiovisuales. El detonante fue, ya se sabe, el caño. Escenas quizá procaces o pornográficas motivan a exigir la presencia del Comfer. Se invoca la protección de los menores, se hacen cruces por la indefensión del espectador.

Si se mira bien, el caso de Facundo es enormemente más grave. La supuesta agresión al público que habría cometido ShowMatch es difícil de tabular, la ley no dice cuál es el límite preciso entre el mal gusto que agrada a tantas moscas y la pornografía. La prepotencia del censor acecha en ese tipo de decisiones.

Por otro lado, las “víctimas” de las tropelías de la troupe de Marcelo Tinelli, los televidentes, tienen recursos para precaverse. No mirar es el primero. Las redes familiares y educativas también pueden contrapesar el mensaje.

Facundo Macarrón no está mirando por TV. No tiene la alternativa de rehusar el espectáculo. Facundo es el espectáculo. Lo obligan a ser visto, a ser descripto de un modo feroz, irrazonable, discriminatorio.

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En su notable Manual de Derecho Penal, Eugenio Raúl Zaffaroni explica que existe una “fisonomía del delincuente en el imaginario colectivo, que es alimentado por las agencias de comunicación, construyen una cara de delincuente”. Se trata de un a priori, que suele valer más que un juicio en regla.

Los principales portadores de esos estereotipos, claro, son los pobres, para los delitos contra la propiedad o algunos de tipo sexual. Pero la discriminación, propone el actual integrante de la Corte, también puede tener base sexista o etaria.

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¿Cambiaría algo esta nota si se probara que Facundo cometió el homicidio en cuestión? La respuesta inmediata es que no. Un linchamiento (en este caso, mediático) jamás se justifica. La culpabilidad no autoriza a la justicia anticipada, por mano propia, cualunquista.

Una aclaración de manual, acaso sobreabundante. Si ese albur ocurriera, será dentro de dos o tres años con mucha prueba acumulada, habiendo sido oído el joven. Es un escenario virtual que nadie sabe si ocurrirá. Es inmoral e ilícito darlo por sucedido, tomando para el churrete el principio basal de la presunción de inocencia.

La pregunta correcta, que suena ingenua en medio del morbo imperante, es qué pasa si Facundo es inocente, circunstancia que no tiene que probar para nada. Lo es hoy día. Como lo son (deberían serlo) todos quienes pueblan este suelo salvo que sean condenados por un tribunal, no en un trámite sumario transmitido en directo.

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