SOCIEDAD › PREMIO DERECHOS HUMANOS REY DE ESPAñA A UNA ONG LATINOAMERICANA

Por la igualdad de género

El reconocimiento es para Cladem, una organización que denunció al Estado argentino en los casos de una joven discapacitada, embarazada por una violación, a la que se le negó el derecho al aborto, y el de una chica toba abusada, que quedó impune.

 Por Mariana Carbajal

Por primera vez una organización feminista fue galardonada con el Premio Derechos Humanos Rey de España. Se trata del Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), una amplia red de ONG y personas con larga trayectoria en la Argentina y en otros 15 países de la región en la lucha por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Es la primera vez que el jurado de la prestigiosa institución valoró “la exigibilidad del principio de igualdad de género y, especialmente, la erradicación de la violencia contra la mujer” al seleccionar a la entidad ganadora. La distinción será entregada por la reina Sofía y el rey Juan Carlos en los próximos meses.

La abogada rosarina Susana Chiarotti, responsable del Area de Monitoreo Internacional de Cladem, celebró el reconocimiento en diálogo con Página/12 y destacó que significa una reafirmación “del puente que une los derechos de las mujeres y los derechos humanos”. El premio fue otorgado de forma unánime por la labor cumplida por el Cladem como organización regional que trabaja desde una perspectiva feminista, en la lucha por el principio de igualdad de género en la búsqueda de un mundo más justo y más humano.

Chiarotti fue coordinadora regional de Cladem entre 1996 y 2006, cuando dejó el cargo al ser elegida para integrar el comité de expertas de la OEA que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará. La abogada rosarina recordó que una de las batallas más importantes ganadas por Cladem fue frenar las esterilizaciones forzadas que se llevaron adelante durante la presidencia de Alberto Fujimori en Perú, en la década del ’90 que, se calcula, alcanzaron a unas 120 mil mujeres y 10 mil varones. “Fue a partir del caso de María Mamérita Mestanza Chávez, una mujer embarazada de su séptimo hijo, que fue sometida a un procedimiento quirúrgico de esterilización, que finalmente le ocasionó la muerte. En la posta de salud de su pueblo la amenazaron para que fuera esterilizada. Pudimos probar que tenían metas de esterilización y de vasectomías. Encontramos otros cien casos de muertes o de autorizaciones con firmas falsas. El caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. El gobierno de Fujimori, mientras tanto, tomó muchas represalias contra las integrantes de Cladem. La compañera que llevaba el caso tuvo que irse del país por la persecución que sufrió. Finalmente, se llegó a un acuerdo amistoso con el gobierno y se pararon las esterilizaciones forzadas”, relató Chiarotti.

En 2007, el Cladem, en articulación con otras organizaciones, denunció al Estado argentino por dos casos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene sede en Ginebra: el primero, por la obstrucción del acceso a un aborto no punible a LMR, la adolescente con discapacidad mental de la localidad bonaerense de Guernica, que tuvo que sortear una larga cadena de trabas judiciales en el reclamo de la interrupción de un embarazo producto de un abuso sexual y que, a pesar de haber obtenido un aval de la Corte provincial, no consiguió que le realizaran la práctica médica en un hospital público. El otro caso argentino que el Cladem denunció ante el organismo de la ONU que se encarga de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue la violación de una chica toba por tres criollos en una comunidad aborigen de la provincia de Chaco, que la Justicia provincial dejó impune. Tanto en uno como en el otro, el Estado argentino está tratando de llegar a un acuerdo amistoso y desde hace varios meses están abiertas las negociaciones para convenir la forma de reparar a ambas víctimas, cuyos derechos fueron violados, según reconoció el propio Estado.

El Premio Derechos Humanos Rey de España sorprendió a las cerca de doscientas asociadas (entre organizaciones y activistas) que en América latina y el Caribe están empeñadas en unir sus esfuerzos a través del Cladem para lograr una efectiva defensa de los derechos de las mujeres en la región. El Cladem actúa en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

El galardón es entregado por la Defensoría del Pueblo de España junto con la Universidad de Alcalá de Henares y consta de 30.000 euros. Se trata de la tercera edición de este premio que tiene carácter bianual: en las dos oportunidades anteriores fue concedido a la Fundación Myrna Mack, de Guatemala, en 2006, que trabaja desde la sociedad civil por la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia, y a la Pastoral de Crianza, de Brasil, en 2004, una red de 242 mil personas comprometidas en la lucha contra la desnutrición y la mortalidad infantil.

“Compartimos este premio con todas las activistas del movimiento feminista dentro de la región y fuera de ella, al igual que compartimos con ellas la apuesta e ideal político de contribuir desde una perspectiva feminista a la construcción de democracias más reales con justicia social, libres de discriminación y con ejercicio pleno de los derechos humanos para todas las personas”, señaló Norma Enríquez Riascos, coordinadora regional, a través de un comunicado de prensa.

El Cladem fue fundado en 1987 en San José de Costa Rica por un puñado de feministas latinoamericanas, que se conocieron en la Conferencia Mundial para la Mujer que la ONU celebró en Nairobi, en 1985. Una de sus fundadoras fue la argentina Cristina Zurutuza, que sigue formando parte de la institución y actualmente integra su consejo consultivo.

Uno de los mayores logros alcanzados por el Cladem ha sido “posicionar los derechos de las féminas como derechos humanos”, sostuvo Mónica de las Casas, directora ejecutiva regional de la organización, desde Lima, donde está actualmente la sede. El Cladem en su lucha por conseguir la igualdad de género y la erradicación de la violencia machista procura “la promoción y vigencia de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos económicos, sociales y culturales desde una perspectiva de género”, señaló De las Casas.

El Cladem tiene estatus consultivo ante Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para participar en las reuniones de la Organización de Estados Americanos desde 2005. Una de sus tareas principales, actualmente, es elaborar informes alternativos a los que presenta cada país ante los comités que monitorean el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y los de niñas y niños.

Al frente de la oficina argentina está la abogada tucumana Edurne Cárdenas, de 28 años. “Ya estamos preparando los reportes alternativos”, comentó a este diario. Entre junio y julio el gobierno argentino tiene que rendir cuentas ante el Comité de la Cedaw y en octubre ante el Comité de Derechos Humanos, de Ginebra. Y el Cladem estará también allí para defender los derechos de las argentinas.

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Cladem tiene larga trayectoria en la lucha por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Imagen: Adrian Perez
 
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