SOCIEDAD › AMENAZA DE DESALOJO PARA UN MOVIMIENTO CULTURAL QUE OCUPA UN GALPON ABANDONADO EN BARRACAS

La cultura afro, en busca de su lugar

Unas quince familias de artistas y artesanos que integran el Movimiento Afrocultural serían desalojadas el lunes. Un recurso de amparo ordena al gobierno porteño brindarles un lugar alternativo. Hasta ahora sólo tuvieron una propuesta informal.

La cultura africana tiene una casa en el barrio porteño de Barracas. Apenas un galpón, el lugar fue abandonado por una empresa hace más de diez años. Allí, el Movimiento Afrocultural trabaja para mantener viva la cultura de los afrodescendientes, difundir sus valores y transmitir su arte. Un lugar único en su género en Buenos Aires, donde además de capoeira, candombe y otras danzas afro, se fabrican instrumentos de percusión. Todas las actividades son gratuitas. Sin embargo, ahora la antigua empresa propietaria del predio quiere echarlos. A pesar de que existe una medida cautelar que obliga al gobierno de la ciudad a proveer un lugar alternativo, el desalojo es inminente: está previsto para el lunes próximo. Pese a que hubo esta semana una propuesta informal del Ministerio de Cultura, la solución todavía no llegó

“No podemos permitir que el único centro de la cultura afro de esta ciudad desaparezca. Tenemos derecho a existir”, afirma Diego Bonga, líder del Movimiento. Más de quince familias que viven en el predio quedarán en situación de calle. “Este no es un reclamo por subsidios habitacionales; lo que está en juego son derechos culturales”, aclara Luciana, una de las abogadas que colaboran con el grupo.

En el grupo cuentan que cuando se trata de promover el turismo, el gobierno encabezado por Mauricio Macri los llama. El grupo aparece en los folletos porteños como una atracción más. Les sacan fotos. Los consultan sobre las fechas y el calendario de la cultura afro. Y los incluyeron en Hacia una Argentina sin discriminación, una publicación del Inadi. Además, la Legislatura porteña declaró al Movimiento de “interés social y cultural”. Pero ante sus pedidos de ayuda, nadie contesta. “Se sirven de nosotros, lucran con lo que hacemos; nos incluyen en sus folletos, pero ahora nos ignoran. No se hacen cargo”, dice Bonga, rodeado de tambores e integrantes del grupo, en cuyas caras puede verse una sensación de desconsuelo mezclada con una determinación a resistir.

La trama judicial viene de lejos. El predio emplazado en Herrera 313 fue abandonado por la empresa Solci SA, antigua fábrica de motores y ascensores, hace más de diez años. En el 2000 los integrantes del Movimiento recuperaron el lugar, lo refaccionaron y lo llenaron de cultura, pero en el 2005 se les inició un juicio de desalojo. La Justicia dictó en diciembre del 2008 una orden de desalojo para efectivizarse en mayo de este año.

Los abogados del Movimiento apelaron el fallo e iniciaron a su vez otro juicio. Esgrimieron su status de Patrimonio Cultural, explicaron ante los tribunales las actividades de formación que realizan y obtuvieron, de parte del juez en lo Civil Juan Lima, una medida cautelar, según la cual, el gobierno porteño debía proveerles en diez días un inmueble alternativo. El plazo se venció el 23 de abril. “Nos dijeron que no hay inmuebles disponibles en la Capital”, desliza Diego Bonga, levantando las cejas e interrogándose para adentro. Pero los integrantes del grupo le contaron a Página/12 que, con una lista de más de 10 mil inmuebles obtenida en la Legislatura, salieron a recorrer la ciudad, en bicicleta, y encontraron al menos 30 lugares que serían aptos para convertirse en su nueva sede. “Pero lo que busca el gobierno de la ciudad es realizar la mayor cantidad de desalojos posible. Y encima, en este caso, no se está cumpliendo con lo dictaminado por un juez”, agrega Bonga.

Después de muchos reclamos, el martes último, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, se contactó con los integrantes del Movimiento: reconoció que el gobierno de la ciudad tardó mucho en actuar y destacó que la actividad que realizan es “importante”. Por eso, de manera informal y por fuera del marco judicial de la causa, les propuso reubicarlos en los inmuebles adyacentes al Puente Alsina, sobre el Riachuelo, en el barrio de Pompeya.

Mientras tanto, los abogados del Movimiento pidieron un informe a la Defensoría del Pueblo, que realizó estudios sobre los niveles de contaminación en esa zona. “Los vecinos de la Villa 21, que ya conocen el paño, denunciaron que los chicos, allí, crecen con niveles de plomo en sangre”, advirtió Luciana.

Por lo pronto, Lombardi prometió acercarse a Herrera 313 este viernes 1º de mayo. Para ellos, todavía no hay nada seguro: el desalojo sigue firme.

Informe: Martín Suaya.

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“Se sirven de nosotros, nos incluyen en sus folletos turísticos, pero ahora nos ignoran”, dicen.
Imagen: Jorge Larrosa
 

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