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"Narcopolicías", exhuman los cuerpos de dos oficiales

El fiscal federal Enrique Senestrari confirmó que la próxima semana será exhumado el cadáver de Damaris Roldán para determinar si su "suicidio", en 2013, está vinculado con la investigación sobre presuntos vínculos entre la Policía provincial y una red de narcotraficantes. En tanto, mañana se concretará la exhumación del cuerpo de Juan Alós, también muerto en 2013. En ambos casos la Justicia cordobesa concluyó que se habían suicidado.

Gabriela Roldán, hermana de Damaris, confió en la hipótesis de Senestrari, al indicar que "ella tenía información sobre los narcos que hay en la policía. Todos saben en la administración pública qué ha pasado. Todos en la Policía saben que se venden drogas. A mi hermana la acallaron".

En marzo pasado, la fiscal de Instrucción cordobesa María Antonia de la Rúa había concluido que, en función de la prueba colectada, Roldán se suicidó y la causa fue archivada. No obstante, el expediente fue remitido a Senestrari, que ahora quiere contrastar dicha conclusión en el marco de la causa de los "narcopolicías".

Senestrari quiere saber si lo sucedido con Roldán, que se desempeñaba en el área de Comunicaciones de la Policía, guarda alguna relación con la causa que se tramita en la Justicia Federal, que también investiga la muerte de otro policía, Alós, ocurrida 11 días antes que el deceso de Roldán.

Alós, de 34 años, se desempeñaba en la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia y su cadáver fue encontrado con un disparo de arma de fuego en la cabeza dentro de un automóvil, en la zona del Observatorio Astronómico de Bosque Alegre, cercano a Alta Gracia, a unos 36 kilómetros de la capital cordobesa.

Luego de un conflicto de competencia que se planteó entre la Justicia Federal y la provincial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la investigación por la muerte de Alós pase a la órbita federal, donde está interviniendo el fiscal Senestrari.

En la causa de los "narcopolicías", que investiga Senestrari, hay nueve imputados y detenidos, entre ellos el ex jefe de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa, por los supuestos delitos de "asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad".

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