La Ley 18.987 de Interrupción Voluntaria de Embarazo se aprobó a fines de 2012. Está lejos de ser la reforma que querían los movimientos feministas. Los proyectos que se habían discutido antes en el Congreso garantizaban mayores derechos a las mujeres que tenían que recurrir a un aborto. En 2004, faltó solo un voto en el Senado para conseguir la despenalización y legalización del aborto, y en 2008, se logró la aprobación de ambas cámaras pero el entonces presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio –coalición que había promovido mayoritariamente la ley– terminó vetándola, apelando a sus creencias religiosas personales. 

El Frente Amplio –en el Gobierno–, en la tercera vez que se logró el debate en el Parlamento, tuvo que aceptar que la ley sea más restrictiva de lo que pretendía el mismo oficialismo, para lograr los votos necesarios para su sanción. 

En las propias filas del FA también hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, en octubre de 2012, desde sectores conservadores lanzaron una campaña de recolección de firmas para llamar a un referéndum, con el objetivo de lograr su derogación, pero no lo lograron. En ese contexto, entró en vigor la ley el 3 de diciembre de ese año, luego de que el Ejecutivo la reglamentara muy rápidamente y el Ministerio de Salud Pública elaborara, también con velocidad, un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud y una guía técnica para la atención de los abortos legales.