Es curioso. Cuando empezó a circular en los medios que la Bonaerense volvería a usar la tonfa se subrayaba hasta en títulos que ésta sería funcional “como alternativa a las armas de fuego”. Una manera de dejar suponer que la tonfa ayudaría a la reducción de la respuesta policial en base a disparos.
La curiosidad muchas veces mueve a interpretaciones diferentes. Busqué en la resolución 220/18 –para decirlo de alguna manera la madre del borrego– y el resultado a tan dificultosa búsqueda fue descubrir que la palabrita “alternativa” aparecía una (1) sola vez en la resolución firmada por el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, y no en el cuerpo de los fundamentos, ni en el cuerpo del articulado de la resolución que suma 7 artículos incluido el clásico “regístrese...”, sino en la última línea del primer párrafo de la introducción del manual de uso, perdida en la página 10. Y no aparece más.
Llama la atención el cuidado por la presentación al público. A ningún medio se le ocurriría informar que la colocación de un ariete en la parte frontal de un tanque sea una “alternativa” para evitar el uso del cañón o la ametralladora, sino que mas bien se tendría la idea de que es una manera de completar al animal de ataque y reducir los costos (las balas son más caras que la mano dura de obra).
Pero un tanque es un tanque, preparado para matar, y un policía es un alguien supuestamente preparado para prevenir. Y entonces empiezan las incoherencias en el mensaje y el hecho, donde la única coherencia es la retórica de Cambiemos. Los medios no se animan a presentar la tonfa como un arma agresiva, aunque lo sea, porque políticamente no pareciera lo correcto.
Pero si se analiza el texto del fundamento de la resol.220/18 nos podremos dar cuenta que no solo ninguno de los preceptos legales son cumplidos antes de que se firme lo resuelto, sino que el propio gobierno apremia a que no se cumpla. Léase modelo Chocobar, doctrina Bullrich o impulso del presidente Macri, da lo mismo. Y los efectos cunden.
Uno supone que el orden de presentación documental tiene una jerarquía. Hete aquí que el primer considerando del 220 (pavada de número le tocó a la tonfa, si hasta parece un chiste) remite al artículo 6 de la Ley 13.482 de Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Dicho artículo establece que (cita el texto de la resolución) los “miembros de las Policías de la Provincia de Buenos Aires actuarán conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes”.
Interrumpo: ¿no son acaso las normas que Macri y Bullrich (también Ritondo) consideraron superables, que “no nos protegen” y que “protegen a los delincuentes”, y por eso la “nueva (vieja) doctrina” de matar por seguridad y después preguntar si había riesgo?
Sigo: “Su accionar deberá adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad...”. Interrumpo: ¿Razonabilidad? Los casos defendidos por el gobierno nacional (y el Bonaerense) justamente ocurrieron por no aplicar el razonamiento.
Sigo: “...evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas...” Interrumpo: Si el Presidente invita a la Casa Rosada al policía Luis Chocobar, no después de que matara por la espalda a Pablo Kukoc, sino después de que lo procesaran, en una pública respuesta cuyo gesto más coloquial es “vení pibe, vení que papá te banca”, cuando enfrente está la decisión judicial, la idea de lo abusivo, arbitrario y discriminatorio se disuelve en gestos mafiosos.
Sigo: “...así como también al principio de gradualidad, privilegiando las áreas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso de la fuerza y procurando siempre preservar la vida y la libertad de las personas”. Imposible de aplicar ante las recomendaciones oficiales. Los hechos lo demuestran. Insisto en lo señalado en otra oportunidad reciente: Chocobar, ya procesado y poco tiempo después de que Macri le regalara protección, reconoció en una entrevista que “lo volvería a hacer” porque está convencido de que está bien y porque sus jefes lo apoyan. Es un peligro, mató, lo bancan los jefes (eso incluye al gobierno) aunque está procesado.
Es apenas el primer considerando de la 220. Hay más golpes eléctricos antes de llegar a la página 10 donde en un cúmulo de explicaciones se pierde la palabrita alternativa. Salvo la prensa, nadie la quiso destacar. Que los usuarios policiales no se confundan.
Ahora, a Chocobar, que mató en la CABA pero es Bonaerense (para matar ni siquiera hay jurisdicciones), a Chocobar, que está procesado por matar, y a otros 55 mil uniformados, se les va a dar la alternativa de la tonfa.
En un desborde de imaginación, los 55 mil Bonaerenses, incluido Chocobar, recibirán un manual de utilización de la tonfa donde un diagrama del cuerpo humano frontal y trasero muestra los puntos donde no se debe golpear porque resultaría letal. ¿Es morboso pensar que habrá que esperar la primera autopsia?
