El grupo Techint, ese estado paralelo omnipresente en Campana y su zona de influencia, batió un nuevo récord. No es de productividad y sí de astucia para imponerle condiciones a la comunidad en que se levanta. Canjeó tierras fiscales de la provincia de Buenos Aires –incluyendo un estadio que fue declarado patrimonio histórico en 2010, el del club Villa Dálmine– por el Puerto de Frutos local. Este negociado se formalizó el 23 de noviembre pasado cuando el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de ordenanza del intendente PRO Sebastián Abella. Pero, desde mucho antes, el emporio de la familia Rocca ya usufructuaba ese espacio público, del que los isleños y cuatro empresas areneras quedaron desplazados. Lo ocupó primero y después lo cercó. La institución deportiva, que en apariencia es beneficiaria de la medida, tiene una tenencia precaria. Sus hinchas y socios que festejaron con globos violetas –el color que identifica al equipo– en aquella sesión hace tres meses, hoy “están preocupados”, cuenta Raúl Quirino, uno de los vecinos críticos de la operación. 

La permuta oficializada por las autoridades políticas de Campana tiene una historia que va más allá de la ordenanza de Abella. Comenzó en 2011, cuando el municipio era gobernado por la intendenta del Frente para la Victoria Stella Maris Giroldi. La funcionaria propició la operación canje con otro proyecto (30394/11) y lo hizo público en una solicitada. Entendía que era necesario “intercambiar los terrenos de avenida Mitre y Puccini por otros en la zona del Puerto de Frutos”. En esa dirección se encuentra la cancha. El predio donde se levanta nunca le perteneció a Dálmine Siderca o Tenaris –la denominación que adoptó la empresa del grupo Techint en 2001– por lo que se quedó con el estratégico puerto pagándolo con otras tierras fiscales. 

En ese mismo lugar se fundó Villa Dálmine en 1957. Nació como un club de empresa, status que mantuvo hasta 1985, cuando el oligopolio de los Rocca decidió que no continuaría con su sostenimiento. Recién obtuvo su personería jurídica el 23 de diciembre de 1988. Siete años después, cambió de nombre. Pasó a llamarse Atlético Campana. Pero duró así hasta el 2000 cuando recuperó su primera identidad. 

En el verano de 2017 sus socios arreglaron y pintaron una tribuna del estadio. En noviembre, el Concejo Deliberante votó la permuta con el compromiso de que se titularizara la tierra a favor de la entidad deportiva. Nunca desde 1947 –el año en que se aprobó la ley provincial 5194– Siderca había levantado un ladrillo con el objetivo de construir viviendas en ese predio. Estaba obligada por una ley provincial que el Estado nunca le hizo cumplir.

El abogado Lautaro Ríos, de Unión Vecinal Campana, la única fuerza que se opuso al canje en el Concejo, denunciaba hace dos años en el diario local La Auténtica Defensa a quiénes se les había ocurrido la operación: “La bajada de línea proviene directamente del gobierno nacional que, como todos sabemos, se conforma con diferentes CEO de empresas multinacionales, entre ellas, del grupo Techint”. 

Quirino es un jubilado que denunció el caso en la Justicia Federal de la ciudad el 22 de febrero de 2017. También le mandó una larga carta al defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, explicándole lo que considera irregularidades en el trueque del puerto por la cancha. Hizo responsables a la gobernadora María Eugenia Vidal, a quien define como “fundadora del Grupo Sophia, financiado por el Grupo Techint”, y a varias autoridades municipales. En diálogo con PáginaI12, dijo que “Tenaris se quedó con el Puerto de Frutos en los bolsillos y el club Villa Dálmine con las manos vacías”. Afirma que el título de propiedad de la institución sobre las tierras donde se construyó el estadio “no existe”.

Quirino es referente del Frente Barrial Campana, pero no el único que da pelea. Los isleños nucleados en la Asociación Civil del Delta del Paraná vienen denunciado sin éxito cuánto los afecta el operativo canje. Se lo decían por carta al intendente Abella en septiembre de 2016: “El Mercado de Frutos está siendo utilizado de manera ilegítima por una empresa privada que nada tiene que ver con el Delta, la cual entendemos que debe restituir de manera inmediata la posesión de los terrenos para el uso establecido”, que consta en una vieja donación del gobierno bonaerense bajo el número de ordenanza 2587.

Cuando se aprobó la operación, en noviembre pasado, el presidente del Concejo Deliberante, el oficialista Sergio Roses, declaró: “Es un día histórico porque con este proyecto ganan todos, no sólo se fortalece la identidad de Campana sino que además se van a generar más puestos de trabajo”. Es el funcionario que en septiembre del año pasado anunció que Techint llegaría a niveles normales de producción en Campana con la reactivación del proyecto Vaca Muerta. El mismo grupo que inauguró una planta en Bay City, Texas, en diciembre pasado con una inversión total de 1800 millones de dólares. Fabricará tubos para la industria petrolera, pero en Estados Unidos.

Quienes defienden el plan canje se basan en un beneficio adicional que obtendría el municipio. La empresa cede en comodato un predio ubicado sobre la Ruta 6 por veinte años. Se instalará ahí el corralón principal de Campana que funciona en otro sitio y cuyo alquiler anual supera los 100 millones de pesos. 

La oposición del PJ y Unidad Ciudadana apoyó el acuerdo con la multinacional, pero en palabras de su jefe de bancada, Luis Chesini, “si la oposición logró este acuerdo 100 por ciento superador, ¿por qué el gobierno no pudo hacerlo en todo este tiempo, y estuvo a punto de regalar grandes beneficios a la empresa en un canje mano a mano?”. Los detractores de Techint cuentan que el conglomerado de los Rocca pagaba un irrisorio canon mensual de 2800 pesos para utilizar el Puerto de Frutos. Además, explican que en 2016 le redujeron a la empresa una deuda de 40 millones de pesos por la tasa de inspección en Seguridad e Higiene. Acusan por igual a Cambiemos, el PJ y Unidad Ciudadana.

Para Quirino, hay “un nuevo intento de entregar territorio soberano a Teneris Siderca ante el estado de indefensión de nuestro pueblo y mientras se hacen negocios tramados por funcionarios y concejales que forman parte de ONG o fundaciones financiadas por el oligopolio Techint”. El referente vecinal recuerda que “la compañía extendió su control de tierras hacia el norte de la ciudad, repartiéndoselas con Axion y otras petroleras el sur de Campana”. 

En el medio quedó la costanera que da al Paraná de las Palmas. Uno de los escasos lugares de libre acceso hacia el río. Los habitantes de las islas vecinas denunciaron en aquella carta todavía vigente de 2016 que “el Puerto de Frutos debe constituirse en un puerto público que permita el desembarco de los productos elaborados en el Delta”. Techint no piensa lo mismo. Fue un intruso poderoso que tomó el lugar de manera ilegal en 2013. Desforestó y rellenó 8 hectáreas de humedales. Desguazó y sepultó partes de barcos en el lugar. Desalojó empresas que operaban de manera legal. Alteró el curso del arroyo de la Cruz y cerró calles. En pocas palabras, “tomó el puerto por asalto”, como declaró Cristian Spotti, un ex empleado de la arenera BFS en junio de 2017 al programa ADN. O disparó una pregunta que se hizo el historiador local Miguel Di Fino ante la consulta de este diario: “¿Dónde está el papel que prueba si la tierra del estadio es de Villa Dálmine?” 

El club de Campana que cumplió 60 años el 20 de noviembre del año pasado no tiene la culpa. Pero los atropellos del poderoso grupo económico quedarán convalidados con el canje del Puerto de Frutos por su cancha de fútbol.

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