El juez federal Daniel Rafecas procesó ayer al ex ministro Julio De Vido y al ex secretario de Energía Daniel Cameron por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Básicamente lo que dice el magistrado es que los funcionarios negociaron con la empresa Odebrecht la realización de ampliaciones de los gasoductos de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS) y que esa negociación marcó el rumbo del concurso posterior realizado por Cammesa, la distribuidora estatal-privada que era la titular de los gasoductos. Las defensas de los funcionarios de la Secretaría y de Cammesa alegaron que Odebrecht se adjudicó ese concurso porque fue la única de las tres empresas que se presentaron que tenía real financiamiento para hacer la obra (las otras empresas fueron Camargo Correa y Roggio) y, además, al no haber ningún sobreprecio ni coima no se verifica una negociación favorable a Odebrecht. Rafecas no menciona ni la existencia de sobreprecios ni analiza las coimas que Odebrecht confesó en Estados Unidos porque esa investigación está en otro expediente, el que instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi. En realidad, allí –donde se investigan las obras de Odebrecht y en especial el soterramiento del ferrocarril Sarmiento– estará el verdadero centro de la investigación de las andanzas de la empresa en la Argentina. 

El delito de negociaciones incompatibles se aplica al funcionario que se interese en una operación con la mira puesta en obtener un beneficio. Es un delito menor al de haber recibido coimas o permitir sobreprecios. En el caso del procesamiento dictado por Rafecas se involucra a De Vido y Cameron en lo siguiente:

  • En el caso del ex ministro, en haber reglamentado dos decretos que pusieron en marcha la extensión de los gasoductos. Para el juez, eso posibilitó después que Odebrecht gane el concurso. Según la defensa  –Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro–, era obligación de De Vido reglamentar los decretos, caso contrario hubiera incurrido en incumplimiento de los deberes del funcionario. Y luego De Vido –dicen sus abogados– no participó de ninguna gestión. Rafecas sostiene que tratándose de obras por 2300 millones de dólares, el ministro no podía desconocer las negociaciones.
  • Respecto de Cameron, el juez afirma que negoció con la empresa brasileña antes de que Cammesa lanzara el concurso y que en ese marco la Secretaría de Energía le mandó 13 notas a Cammesa marcando cambios en el concurso y mencionando que se trató con Odebrecht tal o cual aspecto de la obra. Cameron era secretario de Energía y, además, director de Cammesa.

El fondo de la causa es que en 2005 se decidió la ampliación de los gasoductos, obras concretadas a partir de un contrato que finalmente firmaron Cammesa, Odebrecht y Banco Nación Fideicomisos. Esta última entró dado que, por ley, las obras se realizarían en base a fondos que se irían recaudando de los propios usuarios. En 2005, Odebrecht manifestó su voluntad de hacerse cargo de todo. Empezaron entonces una serie de reuniones entre la Secretaría de Energía y Odebrecht en las que se sugirieron cambios y se hicieron propuestas distintas respecto de las obras. Incluso se firmó un memorándum sobre la disposición de la empresa a realizar la obra y a conseguir el financiamiento. 

Finalmente, en abril de 2006 se lanzó el concurso al que se presentaron también Camargo Correa, constructora brasileña, y Benito Roggio. Una condición era proveer el financiamiento, que luego se repagaría con lo cobrado a los usuarios. Roggio afirmó que tendría financiamiento del Banco de Comercio Exterior de México y pidió más tiempo para conseguirlo, pero no presentó ninguna documentación de la entidad mexicana. Más allá de todo, Rafecas se basó en la existencia de las negociaciones previas, consideró que se favoreció a los brasileños y por ello dictó el procesamiento. 

En las reuniones que tuvieron en Washington varios jueces –entre ellos Rafecas– y dos fiscales argentinos con fiscales norteamericanos, éstos señalaron que en Estados Unidos los directivos de Odebrecht confesaron coimas en los gasoductos, en el soterramiento del Sarmiento y en dos plantas potabilizadoras de agua. En el procesamiento de ayer, Rafecas no habla ni de las coimas ni de sobreprecios porque, supuestamente, eso lo investiga Martínez de Giorgi. Por lo tanto, el magistrado no menciona en qué podrían haberse beneficiado el ministro y el secretario y en qué se benefició ilegalmente Odebrecht. Eso lleva a que la madre de todas las batallas esté en la causa sobre las coimas, un expediente en el que no parece haber una vorágine investigativa. Los mal pensados de Comodoro Py afirman que semejante lentitud se debe a que el socio principal de Odebrecht en el país siempre fue Iecsa, la empresa que de Angelo Calcaterra, el primo de Macri.