El segundo año de mandato de Mauricio Macri empezó con señales de profundización del rumbo económico que condujo al país a una crisis. El Indec publicó esta semana que el crecimiento del PIB en 2015 fue mayor al estimado previamente. En lugar de 2,4 por ciento, la revisión del organismo que conduce Jorge Todesca arrojó un aumento para el año pasado del 2,6 por ciento. Es un resultado que echa por tierra el débil relato oficialista de que Cambiemos le evitó al país un “colapso como el de Venezuela”, dado que la economía no estaba al borde de un abismo sino en movimiento, con baja desocupación, alta cobertura previsional y desendeudada. Así lo reflejan los indicadores del nuevo Indec, de la dirección de estadística porteña y de las consultoras privadas. Que hubiera tensiones o desafíos a resolver no cambia el punto de partida. De aquel  2,6 por ciento de expansión en 2015 se cayó a un -2,4 por ciento en nueve meses de 2016, de enero a septiembre. El tercer trimestre fue el peor, mientras que el cuarto, a punto de terminar, entregó resultados aún más bajos en materia de consumo privado y actividad industrial. El intento de tergiversar la realidad describiendo escenarios que no existían y negando las consecuencias de decisiones propias es una de las señales que el Gobierno ratifica en el inicio de su segundo año de gestión. No produce ninguna autocrítica sino que a medida que se hace más largo el túnel oscuro que supo graficar Gabriela Michetti agiganta el peso de la supuesta herencia. En cualquier momento Macri va a decir que el país estaba en 2015 peor que en 2003, cuando le tocó asumir a Néstor Kirchner con el 50 por ciento de pobreza y el 25 por ciento de desocupación.

   Las principales líneas de acción que desplegó Cambiemos este año fueron la devaluación, la quita de retenciones, los aumentos de tarifas, los despidos en el sector público, el corrimiento del Ministerio de Trabajo frente al alza de la desocupación y la pérdida de poder de compra del salario, la desregulación financiera y cambiaria, la apertura a productos importados, el desmantelamiento de los controles a los formadores de precios a través de la Secretaría de Comercio, la rebaja de impuestos a los bienes personales y a los autos de lujo, el debilitamiento de los vínculos con el Mercosur y la reincorporación del FMI al escenario nacional. Esa es la política económica, en términos generales, y para 2017 el Gobierno promete que no la cambiará. Por el contrario, tanto desde el discurso como desde la acción está anticipando que irá más a fondo en esa huella. La salida de Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas es un ejemplo, ya que a la ex General Motors se la consideraba en la Casa Rosada demasiado gradualista para los tiempos que corren. El conflicto por 500 vacantes para investigadores en el Conicet es otro ejemplo de cómo asigna prioridades el Gobierno, más allá de la resolución de la disputa. La suspensión de los descuentos en farmacias a los jubilados por los atrasos del PAMI y el anuncio de la finalización de Fútbol para Todos van en la misma dirección de enfatizar los gestos de disciplina fiscal, cercenando derechos a las mayorías populares. Los funcionarios, a su vez, garantizan que el año que viene se cumplirán a rajatabla las metas de déficit del sector público. El Gobierno no cambia, no asume los costos de sus políticas y avisa que irá por más. Es difícil esperar que por ese camino los resultados sean mejores que los actuales. 

   El Poder Ejecutivo no advierte que negarle recursos a la investigación científica condiciona el desarrollo del país. En lugar de ello, deja que los trolls tilden a profesionales de renombre de ñoquis y vagos, reeditando la estrategia comunicacional del año pasado para justificar miles de despidos de trabajadores estatales. Si el Gobierno tuvo que ceder fue por la presión de la comunidad científica, no por convicción. El equipo económico tampoco visualiza que el aluvión de importaciones está hundiendo a la producción, el empleo y el salario. Y para colmo, con Brasil en la misma senda de fracaso con el recetario neoliberal. El FMI recomienda aumentar en cinco años la edad jubilatoria de las mujeres y bajar de dos a uno los aumentos de jubilaciones por año. La Federación Agraria, ex Mesa de Enlace, se queja de que a las economías regionales las están pasando por arriba con el colapso del consumo y los incrementos de los insumos para la producción. Son cuestiones obvias, casi elementales. Están a la vista de todos. Pero en tiempos de realidad virtual, Marcos Peña es jefe de Gabinete y Jaime Durán Barba el asesor principal. Lo que más hizo el oficialismo este año fue timbreos artificiales y publicar fotos del presidente con famosos de la farándula y el deporte. Hasta ahora eso no alcanzó para generar confianza ni atraer inversiones productivas. Según el Indec, la inversión aceleró su caída en el tercer trimestre, hasta un agudo -8,3 por ciento. Pero más que intentar cambiar esa realidad con un giro de la política económica, las energías del Gobierno se concentran en atribuir los males al pasado.

  El empecinamiento recuerda al gobierno de Fernando de la Rúa, que se fue en helicóptero sin dar el brazo a torcer en la aplicación de un modelo neoliberal. Aquella administración también creía que para crecer había que demostrarle al poder financiero que el país estaba dispuesto a hacer todo el ajuste que le pidieran, llegando al punto de descontar el 13 por ciento a jubilados y empleados estatales. Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo, y Federico Sturzenegger, dentro del equipo de Domingo Cavallo, son referentes de aquel  momento que ocupan cargos relevantes en la experiencia actual.

  La respuesta que sigue entregando la economía frente al accionar del Gobierno es la continuidad de la recesión y la pérdida de puestos de trabajo. La Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (Faett) dio a conocer los datos de una investigación entre sus afiliadas que determinó que en el tercer trimestre hubo una caída del personal ocupado a través de ese canal de 4500 personas. “La importancia del indicador radica en que la evolución de la contratación de trabajadores temporarios se anticipa a la evolución de la economía, ya que la tasa de actividad de las empresas de trabajo temporario se reactiva varios meses antes en las fases de recuperación económica”, explicó Faett. Como indican los resultados, todavía no asoman avances en materia de empleo. El Indec, a su vez, informó que el trabajo industrial retrocedió 2,6 por ciento en el tercer trimestre, mientras que en la construcción, la pérdida de puestos hasta noviembre era de 50 mil en la comparación interanual.

  La distribución regresiva del ingreso que practica Cambiemos es uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico. Lo demuestra el hecho de que este año el Estado nacional emitió títulos de deuda por más de 40 mil millones de dólares y eso no impidió que la economía entrara en un círculo vicioso de recesión y aumento del desempleo. Como tantas veces en la Argentina, las políticas que concentran el ingreso después no derraman mejoras para el resto de la sociedad, sino que extienden la pobreza y las desigualdades sociales. Es una realidad que Cambiemos repite y que se propone profundizar en 2017.