Los procedimientos preventivos de crisis ofrecen una instancia de negociación entre las empresas que pretenden despedir o suspender trabajadores y los sindicatos. Cuando una compañía inicia el trámite debe acreditar que atraviesa “razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas”. Si el Ministerio de Trabajo valida la información aportada por la firma las partes se reúnen a negociar y tienen un plazo de diez días para alcanzar un acuerdo. 

El objetivo de la instancia es minimizar la afectación del empleo. Las empresas pretenden lograr el visto bueno del gremio y la cartera laboral para despedir trabajadores pagando la mitad de las indemnizaciones. Esa vía suele ser rechazada y se pueden encontrar soluciones intermedias. Los abogados laboralistas afirman que el fracaso de las negociaciones no habilita a los empleadores a realizar desvinculaciones sin pagar la totalidad de las indemnizaciones contempladas por la ley. 

Los procesos preventivos de crisis no siempre validan despidos . Cuando el país comenzó a sentir los coletazos de la crisis internacional en 2009, el mecanismo ofreció un ámbito de negociación tripartita para morigerar el impacto sobre el empleo. Las empresas iniciaban el trámite pero en lugar de despedir trabajadores la cartera laboral les ofrecía acceder al Programa de Recuperación Productiva (Repro) donde el Estado se hacía cargo de una porción del salario de su plantilla.  

“Los procesos preventivos de crisis deben ser utilizados como mecanismos disuasivos de los despidos. Hoy el Ministerio de Trabajo no está comprometido en la preservación de los puestos de trabajo. La nueva administración tiene una actitud pasiva y sólo cumple con la formalidad del mecanismo. Lo que hacen es validar los despidos”, expresó la especialista en derecho laboral y ex secretaria de Trabajo Noemí Rial.

Sin embargo, desde su inclusión en la Ley de Empleo de 1991 los procesos preventivos de crisis no sólo fueron utilizados para negociar condiciones de despido o suspensiones sino también para flexibilizar los convenios colectivos de trabajo. Como mecanismo para evitar despidos en una presunta situación de crisis, empresas como el Correo Argentino –controlado por el Grupo Socma– recurrieron a ese ámbito para cambiar una porción de los salarios por viáticos no remunerativos.