El camino hacia el juicio oral en la causa Iron Mountain que se inició con 17 procesamientos hace un mes será muy largo y complicado para los familiares de las víctimas. La compañía multinacional no se quedó de brazos cruzados. La defensa de sus principales ejecutivos imputados pretende impugnar a los querellantes. Argumenta que ya cobraron indemnizaciones por las diez muertes que se produjeron en el incendio del depósito de Barracas. El pago se produjo poco después de la tragedia. Pero como la investigación avanzó con lentitud aunque con nuevos elementos probatorios y otros acusados, los abogados de los servidores públicos, Javier Moral y Miguel Arce Aggeo, rechazaron aquella formulación. Dicen que apunta a evitarles a las autoridades de IM el mal trago de su exposición en una audiencia pública. Ni el presidente de la compañía para América Latina, Peter Meierhold, ni el gerente general de Argentina, Guillermo Eduardo Lockhart, desean pasar por esa instancia, argumentan.
Las causas por el estrago y el lavado de dinero de Iron Mountain fueron unificadas en una sola por una cuestión de conexidad y de economía procesal. Para mañana se citó a una nueva audiencia donde las partes harán sus alegatos. Los jerarcas de la empresa aspiran a voltear sus procesamientos y embargos millonarios que por el fallo del juez de instrucción Pablo Ormaechea alcanzan al director de Seguridad e Higiene para América latina, el chileno Eduardo Alfredo Sueyras Parra; al gerente general de IM Argentina, Lockhart, y al jefe de Seguridad e Higiene local, Héctor Eduardo García.
“La investigación está muy bien”, la elogia Moral, quien patrocina a la mayoría de los familiares de los servidores públicos. El abogado le explicó a PáginaI12 que “la Sala 6ª de la Cámara ya se expidió sobre que nosotros podemos ser querellantes, pero la empresa invoca falta de legitimación bajo el argumento de que ya pagó las indemnizaciones mediante un seguro. Y en cambio sostiene que sí podemos ir contra el Gobierno de la ciudad y sus funcionarios, contra la empresa de seguridad o el empleado de vigilancia, aunque nunca contra ellos”. En su momento, las sumas que recibieron las familias fueron desde los 200 mil a los 800 mil pesos. Montos que, sobre todo en los casos más bajos, son cuestionados por irrisorios.
La apelación de Moral contra el propósito de los ejecutivos de IM que no aceptan como querellantes a los familiares finalmente dio resultado en la Cámara. Pero otras apelaciones del sector empresario contra los procesamientos dispuestos por el juez Ormaechea llevaron a que se trate el tema en una nueva audiencia esta semana. “El que volvió a la carga contra los familiares para sacarlos de la causa fue Meierhold, que está por encima de los funcionarios de Iron Mountain de Argentina. Hizo lo mismo que Lockhart hace un mes. La empresa se basa en un artículo que estaba en el viejo Código Civil, el 1097, que desestima a un querellante si ya cobró indemnización. Pero hay otro artículo del mismo Código, el 842, que señala lo contrario. Una mitad de la biblioteca le hace caso a uno y la otra al restante, aunque el nuevo Código termina con los efectos jurídicos del anterior”, explica el letrado.
La causa 7434/2014 Berkowski, Vanesa Ileana y otros sobre incendio culposo seguido de muerte, tiene por ahora 17 procesados. La carátula del expediente toma el nombre de la funcionaria que ocupaba el cargo más alto en la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC, al igual que Rafael Roldán y Pedro Luis Chapar. A los tres, Ormaechea los consideró “negligentes en el ejercicio de su función”. La mujer hoy está designada en la Secretaría de Deporte de la Nación que depende de la Secretaría de la Presidencia. Se incorporó de manera transitoria como coordinadora operativa el 7 de junio de 2016. El gobierno no parece haber tomado nota de que su nombre se repitiera en otras causas emblemáticas donde hubo muertos como Cromañón y Beara.
Del fallo del juez de instrucción se desprende que los tres “incrementaron el riesgo permitido y tuvieron incidencia en los resultados finales objeto de esta investigación, habida cuenta que la falta de control sobre el predio de Azara 1245 de esta ciudad desde el 15 de marzo de 2010, por no haber formado parte de los objetivos a fiscalizar en la programación operativa anual de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, derivó en la falta de corrección de las fallas del sistema contra incendio”.
“Lo que está en juego ahora es si los familiares tienen legitimidad para ir contra todos los imputados o contra una parte de ellos”, sintetiza Moral sobre el momento en que se encuentra el desarrollo de la causa. Consultado por qué no se avanzó en la búsqueda de los responsables políticos de la tragedia del depósito de Barracas ocurrida el 5 de febrero de 2014, sostiene: “O se empezaba por arriba para ir bajando hacia el vigilador o se comenzaba de abajo para ir escalando. Yo creo que igual la investigación no se acaba acá. El juzgado cortó la cadena de responsabilidades por parte de la empresa en el director número uno de Argentina. Pero para mí –y por eso fue indagado–, está la responsabilidad de Meierhold que se ubica por encima de Lockhart en América Latina. Y lo mismo pasa con el gobierno de la ciudad. Está la línea de Cabrera, Rodríguez Larreta y Macri. Nuestro actual presidente estuvo en la empresa cuando se inauguró, fue quien le dio las exenciones impositivas”.
Una multinacional que en su web corporativa se presenta como “un confiable socio de trabajo para más de 150.000 compañías en más de 35 países” y que cotiza en Wall Street.
