La Corte Suprema de Justicia provincial abrió un recurso de queja para revisar el sobreseimiento de un policía, en una causa de violencia institucional. Se trata del crimen de Michel Campero, de 18 años, perpetrado en 2014, en Granadero Baigorria. En el caso fueron acusados el comisario inspector Omar Guillermo Dal Lago y su hijo Omar Jesús. Al principio se les achacó el delito de homicidio calificado, pero en 2016 la jueza Delia Paleari sobreseyó al hijo y procesó al padre, pero bajo una figura menos gravosa: exceso en la legítima defensa. De todos modos, no está claro cuál de los dos disparó la bala mortal. La Cámara Penal ratificó esa decisión, pese a que los querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) hablaron de una ejecución por la espalda. El equipo interdisciplinario del CAJ presentó un recurso ante la Corte en el que aseguran que los acusados intentaron simular un enfrentamiento. Dijeron que el chico había disparado, durante un hecho de robo, pero se constató que el arma que le encontraron era de juguete. La querella destacó la apertura del recurso en un momento político en el que hay instalados otros mensajes sobre causas de violencia institucional, como el caso Chocobar a nivel nacional. "Es un día de muchas emociones y estamos contentos porque la Corte no suele abrir los casos y esto es importantísimo para nosotros", dijo Marisabel Bauer, la mamá de la víctima. En tanto, la querella presentó acusación para Dal Lago padre por el delito de homicidio, para llevarlo a juicio.

"Las postulaciones del querellante cuentan 'prima facie' con suficiente asidero en las constancias de la causa y ostentan entidad constitucional como para operar la apertura de esta instancia de excepción", expresó el máximo tribunal provincial en su decisión por analizar el caso. "Si bien todavía no están resolviendo sobre la cuestión de fondo, aceptaron nuestro recurso para estudiarlo. Es un paso muy importante", dijo Valentín Hereñú, abogado querellante por el CAJ.

El hecho que se investiga ocurrió el 6 de enero de 2014, cuando Omar Jesús Dal Lago llegó a su casa de Granadero Baigorria con su esposa, en una moto. Dos personas, en otro rodado, los abordaron. Uno de ellos se bajó y a punta de pistola se llevó la moto del policía que estaba vestido de civil por estar de franco. En ese momento, el comisario Dal Lago, que era jefe de la Brigada de Orden Urbano en Rosario, advirtió lo que sucedía y junto a su hijo salieron en un auto a buscar a los sujetos, que huyeron en una moto cada uno.

Dal Lago padre declaró que cuando los encontraron, disparó al aire "para intimidar". En ese momento uno de los hombres logró escapar, pero Campero perdió el control, chocó con un colectivo y quedó tirado en el suelo. El relato policial planteó que el muchacho se incorporó y les apuntó. Esa fue la justificación para los tiros que recibió Campero, por los que perdió la vida. Sin embargo, en el expediente judicial no hay pruebas de un enfrentamiento. Los querellantes aseguran que antes de caer, el joven recibió el disparo mortal que lo atravesó. La bala salió despedida. Según las pericias y evidencias, las únicas balas fueron las policiales.

A menos de un año del hecho, la ex jueza Alejandra Rodenas sobreseyó a los acusados; pero tanto la fiscal Nora Marull como la querella del CAJ apelaron la resolución, y se quejaron de que tanto la reconstrucción del hecho como los testimonios se hicieron con la hipótesis policial, pero no se realizaron pericias que -consideraron- hubiesen sido de importancia para la causa. En ese sentido, hablaron de una ejecución por la espalda.

En tanto, a fines de abril de 2016 el camarista Carlos Carbone revocó el sobreseimiento dictado en diciembre de 2014, y la causa volvió a la etapa de investigación, en el Juzgado de Instrucción 3º. Meses después, la jueza Delia Paleari sobreseyó a uno de los policías imputados y procesó a otro por exceso en la legítima defensa. Para los querellantes es "insuficiente" y apelaron esa decisión. Carbone revisó el fallo en Cámara y lo confirmó. Para la querella, la decisión es arbitraria y lamentó que el camarista hable de "beneficio de la duda" en esta etapa de la investigación, cuando es un elemento para el momento del juicio.

Frente a ello, Hereñú presentó un recurso de inconstitucionalidad el año pasado, que fue analizado por el propio camarista, quien rechazó la instancia de la Corte. Frente a ello, se presentó el recurso en queja -acompañado también desde la Fiscalía-, que ahora abrió el máximo tribunal provincial.

Los querellantes fueron claros: "El Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar estas graves violaciones a derechos fundamentales cometidas por sus agentes"; por lo que sostienen que sobreseer a Dal Lago hijo -en este caso- es "contrario a diversas normas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional".