Diputados de distintas bancadas opositoras presentaron un proyecto para crear una comisión especial en el ámbito de la Cámara baja para investigar la filtración de las escuchas judiciales, en manos de la Corte Suprema y llevadas a cabo por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). La iniciativa, que en sus fundamentos sostiene que las filtraciones constituyen un “espionaje ilegal” y son un “mensaje mafioso al sistema político, fue presentada ayer por el presidente de la comisión de Libertad de Expresión, Leopoldo Moreau (Unidad Ciudadana), y acompañado por el jefe del bloque FPV-PJ, Agustín Rossi, el massista Felipe Solá, el diputada jujeña del Bloque Justicialista, Carolina Moisés, Silvia Horne, del Movimiento Evita, entre otros.
“La filtración de las escuchas, así como constituye espionaje ilegal sobre la ex Presidenta de la Nación (Cristina Kirchner), del mismo modo se extiende como un mensaje mafioso al sistema político, opositor o no, porque bien vale preguntarse cuántos dirigentes políticos, sociales, empresariales, periodistas o miembros de este Parlamento han sido escuchados a través de este procedimiento apoyado en causas judiciales inventadas o lo que se denomina ‘pre-causas’, que no son otra cosa que las investigaciones secretas llevadas a cabo por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI)”, dice el proyecto en sus fundamentos.
La iniciativa apunta a crear una comisión especial en la Cámara de Diputados que investigue “las filtraciones de captaciones telefónicas obtenidas en causas judiciales y bajo las denominadas ‘pre-causas’ divulgadas en medio de comunicación y redes sociales que pueden haber configurado un accionar de espionaje político. La iniciativa también propone que la comisión sea integrada por 15 diputados, designados por la Cámara a instancia de los bloques legislativos, “representando la proporcionalidad política” y que en ningún caso un mismo partido o bloque podrá proponer mas de 5 diputados, propiciando así la pluralidad de voces y representación de las minorías”.
La propuesta establece que entre sus atribuciones, la Comisión Especial podrá recibir denuncias, material probatorio y solicitar informes a los demás poderes del Estado sobre el objeto de la investigación y cuya remisión no podrán extenderse mas allá de los 60 días corridos de la solicitud. Además de solicitar colaboración y asesoramiento de personas, instituciones y organismos especializados y denunciar ante la Justicia “cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios” sobre los hechos que se investiguen.
La creación de la comisión especial tiene su base en la filtración de las escuchas de conversaciones que la ex presidenta y actual senadora nacional, Cristina Kirchner, mantuvo con su ex secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, por una de estas “pre-causas” que habrían impulsado los servicios de inteligencia sobre el ex funcionario, pero como denunció el propio Parrilli tenía como objetivo “el espionaje” sobre CFK. Un tema que fue motivo de debate en varios ámbitos del Congreso y que hasta el interbloque oficialista de Cambiemos acompañó un pedido de informe a la Corte Suprema, a quien el presidente Macri le traspasó las escuchas judiciales que estaban en manos de la Procuración General.
Aunque en los fundamentos del proyecto Moreau advierte que “no solo está en juego la privacidad de las personas, sino que todas las evidencias que hasta aquí se han acumulado, permiten colegir que por medio de decisiones aparentemente legales estamos en presencia de un ejercicio de espionaje político”.
