La Secretaría de Integración Social y Urbana, ahora envuelta en el escándalo por la búsqueda laboral discriminatoria de los egresados de la UBA, despidió a comienzos de este año a más de 50 trabajadores sociales que participaban del proyecto de urbanización de la Villa 31. Ese conflicto parece estar detrás de la convocatoria excluyente: según denunciaron en su momento los trabajadores sociales cesanteados, los despidos se produjeron porque ellos defendieron los derechos de los vecinos de la Villa 31. “Intentaron desmoralizarnos. Nos dejaron sin tareas, comenzaron amenazas de despidos y finalmente avanzaron con 46 despidos más”, había dicho la delegada Lucía Joliats, describiendo la segunda tanda de cesantías, después de los diez despidos iniciales.