El arma que la policía dijo que había disparado Facundo Ferreira no tenía siquiera huellas de su ADN
El modelo Chocobar tambalea en Tucumán
El informe de laboratorio determinó que el niño Facundo Ferreira, baleado por la espalda en Tucumán, no había tomado el arma que apareció en la escena. Días antes el informe toxicológico dio positivo al policía.
Los familiares rechazaron desde el primer momento la versión del tiroteo.Los familiares rechazaron desde el primer momento la versión del tiroteo.Los familiares rechazaron desde el primer momento la versión del tiroteo.Los familiares rechazaron desde el primer momento la versión del tiroteo.Los familiares rechazaron desde el primer momento la versión del tiroteo.
Los familiares rechazaron desde el primer momento la versión del tiroteo. 

Unos días después de que se determinara que en la sangre del policía que mató al niño Facundo Ferreira, de doce años, en Tucumán, se hallaron rastros de cocaína y marihuana, otro informe científico dio cuenta de que el arma con la que supuestamente Facundo había tirado contra los policías, resultó sin ninguna huella de ADN que permitiera adosarle semejante acusación al niño. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había afirmado que “disparar por la espalda es apenas un detalle”. Con los informes científicos, la ministra aferrada al modelo Chocobar, se vio obligada a pedir disculpas a la familia de Facundo. La familia respondió que debía disculparse con el niño. Apenas un detalle.

El viernes pasado se completaron los datos que demuestran que los policías tiraron a matar. El arma que los policías aseguraron que portaba Facundo y con la que les disparó o amagó dispararles, no tenía el menor rastro del niño, ya no de huellas digitales, sino de ADN.

El informe, en buena manera, vino a confirmar lo que ya es una constante conocida entre los investigadores de la violencia institucional: las ejecuciones policiales utilizan como fundamentación el derecho a la legítima defensa, con lo que las armas plantadas que acusen a las víctimas del fusilamiento se transforman en una prueba necesaria. Sin presión familiar y con comodidad judicial, el caso puede planear tranquilamente al sobreseimiento de los uniformados. En el caso de Facundo, para colmo, todo el andamiaje policial contó con el aporte de la ministra Bullrich. Pero el modelo Chocobar volvió a patinar.

El arma que se suponía (en realidad, la policía sostenía, la fiscal suponía, y la ministra aseguraba, mientras que la familia rechazaba de plano) usada por Facundo, ahora sin dueño, empezó a desordenar el expediente. 

La fiscal Giannoni pidió que se identificaran huellas o rastros para determinar quién la había utilizado, antes que reconocer que había sido plantada. No le encontraron ni las huellas del jardinero.

Las fuentes de Seguridad tucumana habían sostenido a rajatabla que en el lugar se habían encontrado dos armas. Luego, las versiones oficiales redujeron el hallazgo a una. La que finalmente no arrojó ningún resultado positivo para la versión oficial.

Ya unos días antes en la misma semana, otro estudio de laboratorio había determinado que en el análisis toxicológico de la muestra de sangre del policía que disparó contra el niño habían detectado restos de cocaína y marihuana.

“En las actuaciones se procede a la quita de la función operativa del agente (en la vía pública) y se ordena que comience a realizar el tratamiento que pudieran aconsejar los profesionales”, indicó el secretario de Seguridad de Tucumán, Luis Ibáñez, en relación al tratamiento de los casos en los que las pruebas antidrogas dan positivo. En pocas palabras, investigado por homicidio por balear por la espalda a un niño, el dúo de policías señalado seguía en funciones y la primera orden de la autoridad policial consistió en que realice un tratamiento de recuperación de adicciones.

Parece apenas un detalle que si la carga hubiera sido invertida, y el informe toxicológico hubiera pertenecido a Facundo, Bullrich habría utilizado el resultado para confirmar su justificación del disparo.

Por el momento se mantiene en silencio a cual de los dos uniformados señala dicho informe. Las autoridades dieron los nombres de los investigados, Nicolás González Montes de Oca y Mauro Gabriel Díaz Cáceres, pero no informaron sobre quién pesa la responsabilidad.

En su defensa, el uniformado anónimo dijo (según las autoridades) que había consumido hojas de coca, algo habitual en las provincias del norte, aunque eso no lo dejaría exento de los resultados positivos de marihuana. Según fuentes judiciales, la fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la causa, buscará determinar la cantidad exacta de sustancia que tenía en el cuerpo el agente para corroborar si es cierta o no su versión coquera. Apenas un detalle.

Mañana se supone que los abogados de la familia puedan acceder a la causa, cuando los dos acusados declaren ante la justicia.

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